En los primeros días de guerra, el gobierno de Cristina promulgó la Ley 26.437 para “desarrollar y fortalecer la cooperación económica, industrial, tecnológica y comercial entre Argentina e Israel”. Después de 22 días de bombardeos sistemáticos sobre la población de Gaza, tanto el Secretario de las Naciones Unidas como los líderes de Europa y los principales países árabes dicen estar dolidos y consternados ante lo “desgarrador” de la masacre. En sus declaraciones a la prensa, reclaman la formación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de guerra y el genocidio. Pero son ellos mismos quienes lo dejan pendiente y sin fecha después de haber sido incapaces de evitar la agresión.
Conviene recordar que frente al generalizado repudio nacional y la movilización internacional de los primeros días, el gobierno nacional ensayó ser “equidistante” de agresores y agredidos. Encajaba en el discurso y complicidad internacionales del Consejo de Seguridad de la onU y de los principales mediadores. Salió en defensa del “derecho” internacional y no en defensa de las víctimas, en momentos en que Israel violaba el derecho humanitario y todos los acuerdos internacionales previos en materia de guerras, siendo denunciada por el ensayo de nuevas tecnologías en base a tungsteno y el uso de bombas prohibidas por todas las convenciones: uranio empobrecido, fósforo blanco, de fragmentación.
Pero es poco conocido que, en los primeros días de guerra, la acción del gobierno de Cristina Kirchner pasó de las palabras al compromiso material con el Estado de Israel. El gobierno promulgó la Ley 26.437 (13/01/09) para “desarrollar y fortalecer la cooperación económica, industrial, tecnológica y comercial entre Argentina e Israel” con el objetivo explícito de dar apoyo financiero a los proyectos de “cooperación en la investigación y el desarrollo industrial y tecnológico en el sector privado”, definiendo así a “las actividades que tiendan a desarrollar productos nuevos, procesos o servicios para comercializarse en el mercado global”.
Todo ello a condición de mantener –según reza el texto - el secreto y la confidencialidad incluso sobre los resultados obtenidos en los Programas financiados.
Bajo estas condiciones de ‘secreto de Estado’ ajenas a la actividad científica y no habiendo una tradición de colaboración científica entre ambos países, será un hecho que la Ley termine financiando proyectos basados en las industrias de la guerra y la “seguridad”, en áreas donde Israel es una reconocida potencia tecnológica mundial.
La ley cumple con recientes promesas del gobierno de Cristina y declaraciones de su Ministro de Ciencia y Tecnología de considerar las políticas de Israel en general como "ejemplo que tomamos muy en cuenta a la hora de decidir nuestras políticas de estado" (declaración a la Agencia Judía de Noticias, 25/11/08). Sus funcionarios elogiaron “el modelo que tienen (en Israel) de gestión privada de los conocimientos producidos en la universidad, sobre todo para nosotros que buscamos articular ambos sectores para mejorar y cambiar el modelo productivo de nuestro país.”
Asociado al complejo militar y de seguridad de Israel, el gobierno nacional pretende superar así la crítica por la “ausencia de proyectos estratégicos” o por ser ajenos a la actividad científica y de equipos (Clarín 18-09-08).
El Poder Ejecutivo y el Legislativo, que reducen el presupuesto para la educación pública y para los proyectos de investigación científica en nuestro país, se pasaron de una hipócrita y diplomática “tercera posición” frente a la guerra, a otra de financiar proyectos privados para asociarse a las iniciativas del complejo industrial militar y/o de servicios del Estado de Israel, sin poner límites para aquellos proyectos que son materia de seguridad y/o agresión en curso. Las únicas condiciones son las de “proteger la confidencialidad” -con garantías equivalentes de Secreto de Estado- y que los proyectos sean “para comercializarse en el mercado global”.
El acuerdo de cooperación “científica” nació en el marco del historial de mutuo encubrimiento que durante años sostuvieron la relación entre los Estados de Israel y Argentina. Cuando Kirchner puso el caso AMIA al servicio de la guerra en Medio Oriente acusando a Irán, Livni firmó el acuerdo felicitando a la justicia y al gobierno argentino por sus “avances” en la supuesta investigación del atentado (Clarín 17/11/06).
El Estado nacional es un socio estratégico en la política criminal de Israel y ahora financia la complicidad de su socio internacional.
El gobierno nacional que reconoció que el Estado es el principal encubridor de los terroristas que realizaron el atentado a la AMIA, pretende financiar y no ser sólo un socio político de criminales como Livni, Olmert y Barak. Fueron socios para encubrir a los asesinos de la AMIA y ahora lo son en el genocidio palestino… después de sostener que los atentados en nuestro país fueron producto del involucramiento de la Argentina en el conflicto de Medio Oriente.
La Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) suma su reclamo al de tantos miles en todo el país:
* Por el cese de la agresión del Estado de Israel contra el pueblo palestino;
* Por el retiro definitivo de las tropas israelíes de Gaza y la apertura de sus fronteras;
* Por el juicio y castigo internacionales a los responsables de los crímenes de guerra;
* Por la derogación de la Ley 26.437 y la ruptura de vínculos diplomáticos, económicos y financieros con los agresores.
“GENOCIDIO, NO”
A.P.E.M.I.A.: AGRUPACIÓN POR EL ESCLARECIMIENTO DE LA MASACRE IMPUNE DE LA AMIA
http://www.argenpress.info/2009/01/argentina-kirchner-financia-desarrollo.html 
