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Europa

Miles de manifestantes salen a las calles en Francia contra el “delito de solidaridad”

Miles de manifestantes salen a las calles en Francia contra el “delito de solidaridad”

“Si la solidaridad es un delito, pedimos que nos condenen por este delito", señalaban las pancartas las pancartas de los manifestantes en París, Marsella, Estrasburgo y otras 80 ciudades francesas
Kaos. Inmigración | 9-4-2009 | 1600 lecturas | 20 comentarios
www.kaosenlared.net/noticia/miles-manifestantes-salen-calles-francia-contra-delito-solidaridad

Miles de personas se manifestaron en 80 ciudades del país para protestar por una normativa que amenaza con 5 años de cárcel y una multa de 30.000 euros a quienes ayuden a los inmigrantes en situación de ilegalidad, una disposición que ha sido ya bautizada con el nombre de "delito de solidaridad".

Las protestas responden al llamado de cerca de 40 organizaciones de ayuda a los y las inmigrantes que se encuentran en Francia.

“Si la solidaridad es un delito, pedimos que nos condenen por este delito", señalaban las pancartas las pancartas de los manifestantes en París, Marsella, Estrasburgo y otras 80 ciudades francesas, en cuyas calles las o­nG organizadoras de la protesta congregaron a miles de personas para denunciar la norma.

De acuerdo con la convocatoria, cinco mil 500 personas deben presentarse como prisioneras para denunciar una enmienda del Gobierno que prevé detener en 2010 igual número de ellas si son solidarias con los indocumentados.

Esta medida se inserta en una ley de más de 60 años que refiere el artículo L 622-1 del código de entrada y estancia de extranjeros en Francia.

A partir del mismo se castiga con cinco años de cárcel y 30 mil euros de multa a quien por ayuda directa o indirecta facilite la entrada, circulación o la residencia ilegal a un “sin papeles”.

El Ministro de Inmigración, Eric Besson, dijo ayer que los objetivos de condena sólo se refieren a las “personas que participan activamente en tráfico de clandestinos”.

Los particulares o voluntarios que se limitaron “a acoger, acompañar o albergar a estos grupos no serán perseguidos", expresó. Sin embargo, las asociaciones dudan que la enmienda no se extienda a los que ayuden o sean solidarios.

El objeto de la polémica es un artículo del código que regula la entrada y residencia de los extranjeros en Francia, concretamente el L622-1, que contempla penas de prisión y multas para "cualquier persona que, con ayuda directa o indirecta, haya facilitado o intentado facilitar la entrada, circulación o estancia irregular de un extranjero en Francia".

 

Rusia reconoce que Obama ha abierto una oportunidad única para el desarme

RODRIGO FERNÁNDEZ - Moscú - 08/03/2009

 

Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, señaló ayer que el desarrollo unilateral de sistemas estratégicos de defensa antimisil es un obstáculo para el progreso en la esfera del desarme nuclear. Lavrov lanzó esta advertencia durante la intervención que hizo en la Conferencia de Desarme de Naciones Unidas, que se reunió el sábado en Ginebra. Aunque el ministro ruso se refería a los planes estadounidenses de desplegar elementos del escudo nuclear en Europa del Este -que la nueva Administración mantiene, al menos de momento-, más tarde, en una rueda de prensa, Lavrov manifestó que el Gobierno de Barack Obama abre perspectivas reales para avanzar en materia de desarme e instó a "no dejar pasar" esta oportunidad única.

    Estas declaraciones fueron hechas al día siguiente de que Lavrov y su homóloga norteamericana, Hillary Clinton, se reunieran en esa ciudad suiza. El diplomático ruso se declaró convencido de que Washington y Moscú pueden "reiniciar" sus relaciones bilaterales. "El relevo de Gobierno en Estados Unidos ha cambiado la situación, porque ahora el desarme multilateral es considerado una prioridad, cosa que no lo era en la Administración anterior", declaró Lavrov. Esta nueva posición adoptada por Washington crea un clima favorable para tomar medidas que permitan disminuir las tensiones y establecer "nuevas limitaciones" a la proliferación de armas de destrucción masiva, opinó.

    En su discurso en Ginebra, Lavrov afirmó que es prioritaria la elaboración de un nuevo tratado, en la línea del de Reducción de Armas Estratégicas (SALT-1) que expira el 5 de diciembre de este año. Según Moscú, el nuevo pacto debe limitar tanto los portadores como las cabezas nucleares. Además, el ministro hizo un llamamiento a impedir la militarización de espacio y no instalar armas allí. Lavrov también instó a la Administración de Obama a ratificar el tratado que prohíbe las pruebas nucleares subterráneas.

    El jefe de la diplomacia rusa insistió en que los planes estadounidenses de desplegar un escudo antimisiles y colocar algunos de sus elementos cerca de Rusia amenazan con "erosionar la estabilidad estratégica y desequilibrar el régimen de contrapesos que garantizan la paridad global". De ahí que Moscú proponga "una alternativa constructiva a esos planes unilaterales en esta importantísima esfera, a saber, unir los esfuerzos de todos los países para hacer frente a las potenciales amenazas de misiles".

    En este terreno, el Kremlin ha prometido que continuará presionando a Irán para impedir que se convierta en una potencia nuclear, aunque no está dispuesto a abandonar la colaboración con Teherán en la esfera de la energía atómica. Este año debe comenzar a funcionar la central de Busher, construida por los rusos.

    Alemania: Prohibición del uso del velo viola los derechos

    Restricciones estatales a la vestimenta religiosa de profesoras afectan a las mujeres musulmanas
    Febrero 26, 2009

    La gente debe ser juzgada en base a su conducta, no en las opiniones que se les imputan en virtud del símbolo religioso que usan. Si hay preocupaciones concretas acerca de las personas, estas deben ser abordadas mediante procesos disciplinarios ordinarios, caso por caso.

    Haleh Chahrokh, investigadora en la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch.

    (Berlín) – Las prohibiciones del Estado alemán al uso de vestimenta y símbolos religiosos de profesores y otros servidores civiles discriminan en contra de las mujeres musulmanas que usan velo en la cabeza, dijo Human Rights Watch en un reporte publicado hoy.

    El reporte de 67 páginas, titulado "Discrimination in the Name of Neutrality: Headscarf Bans for Teachers and Civil Servants in Germany," (Discriminación en nombre de la neutralidad: Prohibición del uso del velo a profesores y funcionarios civiles en Alemania), está basado en una extensa investigación realizada en un periodo de ocho meses. Analiza las implicaciones de derechos humanos de las prohibiciones y sus efectos en las vidas de las profesoras musulmanas, incluyendo aquellas que han estado empleadas por muchos años. La investigación indica que las prohibiciones han causado que algunas mujeres renuncien a sus carreras o dejen Alemania, en donde han vivido todas sus vidas.

    "Estas leyes en Alemania se dirigen claramente al uso del velo, forzando a las mujeres que lo usan a elegir entre sus empleos y sus creencias religiosas”, dijo Haleh Chahrokh, investigadora en la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch. "Estas leyes discriminan en base a género y religión y violan los derechos humanos de estas mujeres”.

    La mitad de los 16 estados de Alemania (Länder) - Baden-Württemberg, Bavaria, Berlín, Bremen, Hesse, Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, y Saarland – tienen leyes que prohíben a profesoras de escuelas públicas (y a otros servidores civiles en varios estados) el uso del velo en el trabajo. Las leyes fueron introducidas en los últimos cinco años, a raíz de una sentencia en 2003 del Tribunal Constitucional de que las restricciones a la vestimenta religiosa solo son admisibles si están establecidas explícitamente en la ley. Los otros ocho estados alemanes no tienen tales restricciones.

    Algunas de las leyes permiten algunas excepciones para las tradiciones culturales cristianas y “occidentales". Ninguna de las leyes atacan explícitamente el uso del velo, pero los debates parlamentarios y los documentos explicativos oficiales antes de su introducción dejan en claro que están dirigidas al uso del velo. Cada caso judicial acerca de las restricciones (el dictamen más reciente fue el 26 de enero de 2009, sobre un caso en Baden-Württemberg) ha correspondido al tema del uso del velo.
    "La afirmación de que estas restricciones no son discriminatorias, no es creíble”, dijo Chahrokh, "En la práctica, la única gente afectada por estas restricciones son las mujeres musulmanas que usan velo”.

    Human Rights Watch ha criticado repetidamente a gobiernos tales como Afganistán, Arabia Saudita, e Irán cuando han forzado a las mujeres a usar vestimenta religiosa. Sin embargo, leyes como las impuestas en estados alemanes, que excluyen de puestos públicos a mujeres que usan velo, contradicen los mismos estándares internacionales, socavando la autonomía de las mujeres, su derecho a la privacidad, a la libre expresión y a la libertad religiosa de una manera similar.

    La investigación para el informe incluyó entrevistas con mujeres musulmanas en Alemania afectadas por esta prohibición y documenta el profundo efecto de las prohibiciones en las vidas de las mujeres. Las leyes en los ocho estados prohíben explícitamente a las mujeres que usan velo el trabajar como profesoras. A las profesoras que usan el velo se les ha ordenado quitárselo, y cuando se han negado, han sido sujetas a acción disciplinaria.

    Si una profesora se niega a quitarse el velo, y posteriormente pierde en los procedimientos judiciales, corre el riesgo de perder su estado de funcionaria civil y de ser eliminada de su puesto docente. Profesoras preparadas de creencias musulmanas no pueden encontrar empleo como profesoras de escuelas públicas después de haber completado exitosamente su educación a menos que se quiten el velo.

    Los oficiales estatales justifican las restricciones en base a que las profesoras tienen el deber de asegurar que las escuelas se mantengan neutrales en cuestiones de religión e ideología. Pero no hay evidencia de que la conducta de las profesoras haya violado tal deber. En lugar de eso, las prohibiciones están basadas en la noción de que el simple hecho de usar el velo pone en riesgo la neutralidad.

    “La gente debe ser juzgada en base a su conducta, no en las opiniones que se les imputan en virtud del símbolo religioso que usan", dijo Chahrokh."Si hay preocupaciones concretas acerca de las personas, estas deben ser abordadas mediante procesos disciplinarios ordinarios, caso por caso".

    Algunas de las maestras afectadas dijeron a Human Rights Watch que habían propuesto usar alternativas al velo, tales como gorros grandes, o portar los velos en estilos atípicos, pero estas ofertas fueron rechazadas. Como resultado de las prohibiciones, algunas de las mujeres se salieron de sus estados o de Alemania misma, mientras otras se han sentido obligadas a quitarse el velo para mantener sus trabajos, después de años de estudio e investigación para desarrollar sus habilidades. La mujeres se quejaron de sentirse excluidas y marginadas, aún cuando muchas de ellas han vivido en Alemania durante todas sus vidas.

    Los defensores de las restricciones al uso del velo con frecuencia alegan que las prohibiciones protegen a las mujeres de la opresión, y les dan seguridad. Las mujeres entrevistadas por Human Rights Watch dijeron que ellas habían elegido libremente usar el velo. Aún en el caso de las mujeres que son presionadas a usar el velo, pero logran convertirse en profesoras, el bloqueo del acceso a su profesión no las protegerá de la opresión. Algunas mujeres afectadas señalaron que, lejos de darles poder, las prohibiciones ha conducido al deterioro de su posición social. En palabras de una mujer: “Mientras estuvimos limpiando escuelas, nadie tuvo un problema con el velo.”

    Human Rights Watch hace un llamado a gobiernos estatales a revisar y a revocar la legislación sobre la vestimenta y símbolos religiosos y a asegurar que su legislación y procedimientos cumplan con las obligaciones internacionales de derechos humanos de Alemania. Los estados alemanes deben garantizar en particular que las regulaciones no discriminen en base a género o religión, y que la libertad de religión y expresión estén protegidas por completo.

    El presidente checo compara la UE con un sistema totalitario

    Polémico discurso del euroescéptico Klaus ante el Parlamento comunitario

    ANDREU MISSÉ - Bruselas - 20/02/200

    El presidente checo, Václav Klaus, no defraudó ayer a quienes auspiciaban que su intervención en el pleno del Parlamento Europeo provocaría una fuerte bronca. Klaus, un orador especialmente bien dotado para la provocación y la ironía sobre casi todo, fue directo contra la Eurocámara al señalar que el "déficit democrático", que se produce por la enorme distancia entre los ciudadanos y los representantes europeos, se "agravaría con la Constitución Europea rechazada o con el Tratado de Lisboa". Su intervención fue acompañada de frecuentes abucheos desde los escaños de la izquierda y jaleada por los euroescépticos, la mayoría británicos.

    Una treintena de diputados optaron por abandonar el hemiciclo

    El espectáculo irritó especialmente a muchos eurodiputados por darse la circunstancia de que República Checa ostenta la presidencia de turno de la UE, y su presidente no quiso despejar ayer las dudas sobre si firmaría el Tratado de Lisboa si finalmente lo aprueba su Senado.

    Su advertencia de que "la solución no está en reforzar el papel del Parlamento Europeo" colmó la paciencia de una treintena de diputados, entre los que figuraban el presidente de la Comisión Constitucional, el socialista Jo Leinen, el español Carlos Carnero, también socialista, y Guido Sacconi, ex presidente de la Comisión sobre Cambio Climático, que optaron por abandonar el hemiciclo.

    Klaus agravió especialmente también a muchos miembros de la Cámara cuando comparó la UE con el sistema político de la antigua Unión Soviética. "Nosotros", dijo, "hemos conocido la amarga experiencia de que la ausencia de oposición significa la pérdida de libertad". "Aquí", añadió, "no hay oposición, sólo se promueve una alternativa y los que se atreven a pensar de una manera diferente son etiquetados de enemigos".

    El propio presidente de la Eurocámara, Hans-Gert Pöttering, respondió a los comentarios de Klaus, a quien recordó: "En un Parlamento del pasado probablemente usted no habría podido dar este discurso".

    Los copresidentes de los Verdes, Daniel Cohn-Bendit y Monica Frassoni, calificaron de "carnavalesco" el discurso de Klaus. Pero el antiguo líder del Mayo del 68 precisó que, "a través de esta intervención, ha expresado una visión manipulada y falsa de la realidad europea". "Ha dado prueba", añadió, "de la incomprensión total sobre lo que es la UE".

    Klaus no desaprovechó la oportunidad para reafirmar su fe ultraliberal al manifestar que la UE se basa en "la opresión del mercado y el refuerzo continuado de la gestión central de la economía". Carnero, autor de la ponencia que oficializó el himno de la UE, que ayer tuvo que escuchar Klaus, manifestó tras salir del hemiciclo que consideraba "indigno que el presidente de un Estado miembro dedique su tiempo de palabra a insultar a la democracia europea, descalificar a la Unión, arremeter contra la Eurocámara y defender el neoliberalismo a ultranza".

    En la posterior conferencia de prensa, celebrada en la sede de su Gobierno y no en la del Parlamento, como corresponde a estos actos, Klaus manifestó que "no estaba preparado todavía para responder" si firmaría la ratificación del Tratado de Lisboa. Se amparó en que "el texto está todavía en el Parlamento" checo.

    La Eurocámara pide a España que reconozca a Kosovo

    El Periódico


    Por una estrecha mayoría de 281 votos a favor, 229 en contra y 56 abstenciones, el Parlamento Europeo instó ayer a reconocer oficialmente la independencia de Kosovo a España y los otros cuatro países de la Unión Europea (UE) que todavía no lo han hecho.
    La independencia de Kosovo, proclamada unilateralmente hace casi un año, ha sido reconocida por 54 países, incluida la gran mayoría de los 27 estados de la UE. Solo España, Eslovaquia, Rumanía, Grecia y Chipre se han negado hasta ahora a reconocer como Estado independiente a la antigua provincia serbia.
    La petición fue introducida mediante una enmienda en una resolución de apoyo a la misión de tutela judicial y policial que la UE realiza en Kosovo. La Eurocámara expresó su preocupación por la corrupción generalizada que reina en el país y el poder del crimen organizado.

    No es cierto que España esté obligada a esta reforma universitaria por un pacto europeo

    Andrés Recalde Castells* / elpaís.com

    Una de las más últimas y sorprendentes noticias sobre el proceso de Bolonia es la de la solicitud de los rectores de las universidades al ministerio correspondiente para que emprenda una campaña de información para dar a conocer las bondades de la propuesta, pues parece preocuparles la extensión de posiciones críticas. No podemos negar que hay aquí una de esas situaciones que los economistas llaman de asimetría informativa. Al lado de insiders que conocen los intríngulis del asunto, hay otros, entre los que probablemente nos encontramos muchos, que no somos tan duchos. Y, sin embargo, lo que nos motiva a escribir es que los que demandan más información no parecen estar interesados en corregir algunas ideas difundidas, aun a sabiendas de su inexactitud.

    La primera falsedad que habitualmente se da por cierta es que la reforma pretende adaptar nuestro sistema a "acuerdos internacionales" sobre el Espacio Europeo de la Educación Superior. Mentira. Nadie encontrará directiva, reglamento o cualquier otro tipo de norma firmada por los estados o las instituciones europeas a cuyo cumplimiento se viera constreñido nuestro país. Lo que hubo en Bolonia son reuniones de "expertos en educación" de varios países europeos con la intención de uniformizar la educación superior. Pero los que nos dedicamos al Derecho (e incluso los que no) sabemos que no es lo mismo una norma jurídica elaborada con arreglo a un procedimiento, que el texto que resulta de una reunión de especializados en parir propuestas, en este caso educativas.

    En el primer caso, la legitimidad democrática es presupuesto para imponer una decisión política y consecuencia de los procedimientos que rigen el Estado de derecho. La opinión de los sujetos privados, por muy expertos que sean, sólo debe ser un criterio que los políticos deben valorar cuando toman sus decisiones. Entender que aquellas reuniones obligaban al Estado español, como es opinión generalizada, no es sino un paso más en esa tendencia hacia la desregulación y el desmantelamiento de los instrumentos normativos, que tan malas experiencias han dejado en otros ámbitos (vid. sus efectos en la crisis económica).

    Aunque los llamados "acuerdos de Bolonia" no obligaran, pudieron haber constituido una directriz que obtuviera consenso y que la mayoría de los Estados europeos siguiera al reformar los estudios universitarios. En tal caso, concedemos que convendría pensárselo antes de quedar al margen. Pero tampoco esta afirmación es correcta, aunque aquí nuestro juicio se limitará al ámbito que conocemos (los estudios de la titulación de Dere-cho). Cualquier jurista sabe que en el Derecho continental europeo (y, especialmente, en el caso español) las referencias internacionales más relevantes son Alemania e Italia. Desde hace siglos las principales aportaciones en la elaboración de principios y teorías, reformas legislativas o doctrinas jurisprudenciales provienen o se inspiran en la rigurosa elaboración de los juristas de esos países. Pues bien, ambos han desechado cualquier pretensión de adecuarse al modelo boloñés.

    Pero si alguien, en aras de la modernidad, apostase por estudios más alejados de nuestra cultura jurídica e inclinados hacia una "formación profesionalizada" como la anglosajona, debe advertirse que tampoco el Reino Unido se ha alineado con el proceso de Bolonia. Sospechamos que en otros países y titulaciones este muestreo obtendrá pruebas similares. La pregunta cae por su peso: ¿con quién se pretende que nos armonicemos?

    Se dice que el proceso de Bolonia creará un "espacio europeo" por el que podrán circular los profesionales, con independencia del país en el que hubieran cursado sus estudios. Es seriamente discutible la corrección de esta opción para el Derecho. Pero es, además, falsa. La "libre circulación" y la "movilidad" exigen que los estudiantes obtengan conocimientos homogéneos. En algunos sectores del saber la homogeneidad puede ser limitada. En otros, la necesidad del "tronco" común es mayor. Médicos, arquitectos o ingenieros han conseguido que su formación en España sea básicamente uniforme, porque lo requerían la salud de las personas, la seguridad de las casas o la de los puentes. Aunque pueda sorprender a los profesionales del Derecho de nuestro país (desgraciadamente poco activos al respecto), para los titulados en Derecho esto no se consideró necesario. Cada universidad establecerá sus propios planes de estudio que simplemente deberán pasar el filtro de una evaluación administrativa. Si ni tan siquiera hay uniformidad en España, ¿quién creerá que otros países europeos van a admitir los títulos de las universidades españolas?

    Otro argumento extendido es el que viene a decir que los críticos con el proceso somos unos inmovilistas reacios a adaptarnos a los nuevos tiempos y métodos. Este argumento no es mentira; es, simplemente, un insulto dirigido a docentes que intentamos dedicarnos con rigor a nuestra profesión. Pero, dado que está muy generalizado, advertimos que proviene de ámbitos (autoridades universitarias y políticas, y expertos en innovación educativa) que llevan años enfrascados en una y otra reforma de la educación española, cosechando manifiestos fracasos de los que alguna vez deberían responder. Los cambios metodológicos pueden ser buenos si van acompasados con los que previamente han seguido los estudiantes y siempre que el resultado hubiera tenido éxito; pero si los cambios no se han producido en la misma dirección o han fracasado, su incorporación forzada a la Universidad comporta más riesgos que ventajas.

    Estamos convencidos de que hay cosas que conviene cambiar; pero, ya puestos, el cambio debe ser a mejor, y el aligeramiento de los estudios de grado que supone Bolonia no augura que vaya a ser así.

    Pueden recordarse más inexactitudes, como la de que la escasez de tiempo dedicado a los estudios superiores (tres años y medio) no debe preocupar porque se compensará con estudios de postgrado (masters). Los nuevos estudios se limitarán, así, a ofrecer una formación muy básica que exigirá una especialización, cuya impartición y ordenación no se sabe con qué criterios se habrá de regir, ni dónde se podrá cursar. Probablemente en su valoración influirán precios y otros criterios económicos, más que académicos, como hoy sucede ya con los masters.

    Los que piden una intensa política informativa han hecho poco para corregir el asentamiento en la sociedad de esos errores. Permítasenos, entonces, concluir que lo que demandan no son más datos, sino una buena campaña de propaganda.

    *Andrés Recalde Castells es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Jaume I de Castellón.

    catedrático de Derecho Financiero y Tributario del mismo centro.

    Firma también este artículo Germán Orón Moratal

    Italia quiere que los hospitales delaten a los 'sin papeles'

    "Somos médicos, no espías"

    MIGUEL MORA - Roma - 03/02/2009

    Los médicos, enfermeros y ONG están en pie de guerra contra el Gobierno. No quieren que el Parlamento apruebe una enmienda que obligaría a los profesionales de los hospitales a denunciar a los inmigrantes sin papeles que acudan a las urgencias. "Esta orden va a crear miedo y hostilidad", advirtió ayer Kostas Moschochoritis, director general de Médicos Sin Fronteras de Italia.

    Ante la sede del Parlamento, estos colectivos protestaron ayer contra la enmienda, que analiza desde hoy el Senado y que está incluida en el llamado Paquete de Seguridad. Médicos Sin Fronteras (MSF) cree que la norma "reducirá al mínimo la atención sanitaria a los sin papeles y creará serios problemas de salud pública".

    La enmienda que pretende aprobar la mayoría parlamentaria del Pueblo de la Libertad modificará el apartado 5 del artículo 35 del actual Texto Único sobre Inmigración, aprobado en 1998. Dicho artículo estipulaba que el acceso de los extranjeros sin permiso de residencia a las estructuras sanitarias "no podía" comportar "ningún tipo de indicación a la autoridad por parte de médicos y sanitarios". La idea era garantizar a los inmigrantes el acceso a la sanidad "en paridad de condiciones con el ciudadano italiano".

    La desaparición de esa caución, añadida en comisión parlamentaria al borrador del Decreto Ley que contiene el llamado Paquete de Seguridad preparado por el ministro del Interior, Roberto Maroni, aumentará según los médicos "el riesgo de denuncia o comunicación durante la prestación sanitaria". La primera consecuencia, advierten, es que "el inmigrante sin papeles que necesite atención médica sentirá miedo y desconfianza, y eso obstaculizará su acceso a la sanidad".

    Diversas asociaciones médicas humanitarias y un centenar de entidades sociales se han adherido a un manifiesto de MSF, que gestiona 35 ambulatorios para extranjeros y desde 2003 ha atendido a 18.000 pacientes en Italia. Según esta ONG, la medida contribuirá a la "peligrosa marginación de una parte de la población extranjera", y aumentará "los factores de riesgo para la salud colectiva".

    La Comunidad de San Egidio y otras organizaciones católicas que se ocupan de inmigrantes han mostrado su indignación por la norma, que en teoría cuenta con mayoría suficiente para salir adelante. Marco Impagliazzo, presidente de esa comunidad, cree que "es discriminatoria y probablemente inconstitucional". "El derecho a la sanidad en Italia siempre ha sido universal", recuerda, "pero la nueva filosofía del Gobierno consiste en reprimir derechos y dificultar la integración". De aprobarse, la norma "fomentará las situaciones de explotación y multiplicará la aparición de sistemas paralelos de salud, como ya hemos visto en casos de inmigrantes chinos".

    Maroni, dirigente de la Liga del Norte, trata así de reducir la presencia de sin papeles en Italia. Las organizaciones de inmigrantes calculan que en Italia hay ya cuatro millones de extranjeros, y, de ellos, entre 350.000 y 500.000 están sin papeles. Según las estimaciones de la ONU y la Comisión Europea, Italia necesita al menos 300.000 ingresos anuales de inmigrantes para mantener su nivel de renta y de demografía.

    Llega al Parlamento la ley que castiga con multas el delito de inmigración ilegal

    El presidente de Italia reclama un esfuerzo común contra el racismo

    MIGUEL MORA - Roma - 03/02/2009

    Si en Lincolnshire braman contra los sicilianos, en Italia son los rumanos y extracomunitarios los destinatarios del miedo y la xenofobia. El discurso de la tolerancia cero lanzado hace meses por el ministro del Interior, Roberto Maroni, suena cada día más vacío y fuera de control. Incluso en la derecha empiezan a surgir voces asustadas ante el caos y la violencia de signo racista vivida en los últimos días.

       

      Ministro Maroni: "Con los clandestinos hace falta ser malos, no buenistas"

      Tres muchachos quemaron a un indio que dormía en una estación de Roma

      El ex ministro del Interior y actual presidente del Comité Antimafia, Giuseppe Pisanu, atacó ayer a Maroni desde Il Corriere della Sera asegurando que el fenómeno migratorio, "que orientará los procesos económicos y sociales de la Europa del próximo siglo, no puede afrontarse con la oreja tendida hacia las voces de las tabernas de la Baja Padania. La tolerancia cero es un eslogan afortunado que no quiere decir nada. Ese clima emotivo excita los instintos más bajos".

      Poco después, el presidente de la República, Giorgio Napolitano, lanzó un mensaje a la nación mostrando su "preocupación por la sucesión de episodios xenófobos" registrados. Napolitano exigió a los políticos e instituciones "todo su esfuerzo para combatir el racismo" y les animó a "no considerar esos sucesos como hechos aislados". Maroni, en el ojo del huracán, replicó a ambos con otra de sus frases memorables: "Con los clandestinos hace falta ser malos, no buenistas". Y de paso obvió por completo la amonestación del jefe del Estado: "Oigo todavía polémicas que no sirven y que sólo crean alarmismo. Me entran por un oído y me salen por el otro".

      Tiene sus motivos. Según todas las encuestas, Italia es el país europeo más asustado ante la inmigración. En ese contexto, las protestas de los trabajadores británicos contra los 300 empleados italianos de la empresa siciliana IREM han sido recibidas incluso con comprensión por el Gobierno. Maurizio Sacconi, ministro de Sanidad y Trabajo, recordó ayer que la libre circulación de trabajadores es "un principio fundamental de la Unión Europea que no puede ser discutido". Y añadió: "Comprendo la protesta de los trabajadores británicos pero no la comparto". Buenas palabras, en un ambiente interno de terror, tras los tres casos de violaciones de mujeres (dos de ellas en grupo), atribuidas por algunos medios a "jaurías de inmigrantes", y seguidas por redadas masivas, agresiones a extranjeros e intentos de linchamiento.

      Tras el asesinato a tiros de un ciudadano senegalés a manos de un vecino de profesión policía en Civitavecchia, el país amaneció ayer conmocionado por el ataque de tres jóvenes a un inmigrante indio que dormía en la estación de Nettuno, cerca de Roma. Los muchachos, de entre 16 y 29 años, rociaron con gasolina al hombre, le golpearon y le prendieron fuego. El menor contó a la policía que sólo buscaban acabar la aburrida noche con un poco de emoción: "Daba igual si era rumano o negro", dijo, "solo queríamos ver cuánto duraba". Según Maroni, no se trata de un ataque racista sino de "algo peor". "Querían acabar su juerga quemando a alguien. Eso debe hacernos reflexionar".

      Mañana, en el Senado, los parlamentarios tendrán ocasión de hacerlo. Llega al hemiciclo, tras meses de anuncios y marchas atrás, el Decreto Ley de Seguridad. Aunque luego debe pasar a la Cámara, la ley prevé entre otras medidas castigar el delito de inmigración ilegal con multas de 5.000 a 10.000 euros; prohibir registrar sus matrimonios y nacimientos a los sin papeles; tasa anual de 125 euros por el permiso de residencia; elaboración de un censo nacional de personas sin techo, y obligación de tener una vivienda digna.

      Quizá algunas no prosperen, porque las asociaciones católicas han formado un cartel contra el decreto. Sostienen que "tendrá consecuencias nefastas para la seguridad y la economía porque los mejores inmigrantes se irán".