AI: "Israel utilizó armas de fósforo blanco contra la población civil"

Amnistía Internacional (AI) ha reclamado a la ONU un embargo total de armas a Israel y Hamás, después de comprobar que las fuerzas israelíes utilizaron armas de fósforo blanco suministradas por Estados Unidos en su último ataque a Gaza, mientras que los milicianos islamistas emplearon cohetes con piezas extranjeras que pudieron ser armas de contrabando.

• Olmert cesa al negociador israelí en Egipto

Amnistía pide el embargo de armas de Israel y Hamas

VIDEO - VNEWS - 23-02-2009

También Amnistía pide que el embargo del armamento de Hamas y denuncia que utilizaron cohetes con piezas extranjeras de contrabando. El uso de fósforo blanco es legal cuando se utiliza como cortina de humo o para iluminar a las tropas, pero no para el uso en zonas pobladas. - VNEWS

El fósforo blanco es un material cuyo uso no es ilegal si se utiliza como cortina de humo o para iluminar a las tropas, pero está prohibido desde 1980 por las Convenciones de Ginebra en las zonas habitadas por civiles, porque puede causar graves quemaduras a las personas situadas en su radio de alcance.

Israel abrió una investigación para saber si este uso se hizo de manera ilegal durante la operación Plomo Sólido, en la que murieron más de 1.300 palestinos (la mitad civiles) y 13 israelíes. El Ejército se defendió que siempre fue en una operación militar contra un grupo armado. Donatella Rovera, investigadora de Amnistía Internacional para Israel y Territorios Ocupados, visitó Gaza antes y después de la ofensiva israelí. Rovera asegura que este uso de fósforo blanco por parte de Israel se hizo de manera ilegal. La organización ha difundido hoy su informe "Alimentando el conflicto: El suministro de armas extranjeras a Israel y Gaza".

Pregunta: ¿Tenéis constancia del uso ilegal de fósforo blanco por parte del Ejército de Israel?

Respuesta: Absolutamente. El fósforo blanco se puede utilizar en los movimientos de los soldados, pero lo hicieron en el centro de las ciudades. Un experto militar inglés que viajaba con nosotros se quedó muy sorprendido al ver estas pruebas. El había trabajado en Irak y estaba sorprendido. Así que el problema es la manera que fueron utilizadas. Y además por primera vez en Gaza.

P: ¿Dónde y cómo visteis estas pruebas?

R: Encontramos trozos en todos los lugares de Gaza, colegios, cerca de hospitales, en lugares de población civil. Las autoridades negaron el uso de fósforo blanco, pero desde fuera ya durante la ofensiva se podía ver de manera bastante clara. Incluso hubo periodistas que sacaron fotos de los proyectiles. Se sabía pero cuando entramos por el paso de Rafah, en Egipto, antes del alto el fuego ya lo vimos. Después de haberse negado, se dijo que fue una unidad militar pero nosotros lo encontramos en todas las partes. No se comprende por qué utilizaron el fósforo blanco.

P: ¿Qué consecuencias tiene el uso prohibido de armas de fósforo blanco?

R: Tres problemas. Sobre todo que quema a los seres humanos de manera muy peligrosa. Incendia viviendas. Y que el proyectil, una vez se vacía, puede explotar después. Es decir, después de que se ha disparado el fósforo blanco, se dispersa y puede ser muy peligroso. Hay que decir que la mayoría de las víctimas no fueron de fósforo blanco, pero fue la primera vez que se utilizó en Gaza. Es un uso extremo. Y más cuando Gaza es un lugar con una de las densidades de población más grandes del mundo.

P: AI pide a Naciones Unidos el embargo total de armas a Israel por utilizar armas provenientes especialmente de EE UU.

R: La mayoría de las armas utilizadas por Israel vienen de EE UU. Durante nuestra investigación de distintas armas así pudimos comprobarlo. Había sobre el terreno varios tipos de armas y todos vienen de EE UU. Encontramos los números de serie en algunos pedazos de bomba. Por ejemplo, en el lugar del ataque que mataron a tres médicos de una ambulancia había un pedazo de la bomba donde estaba escrito EE UU. En el número de serie era de Orlando, Florida. El 95% de todas las armas que recibe Israel es de EE UU. Lo que compra de Europa es poca cosa. Pero el mayor problema es que mucho de lo que tiene de EE UU no lo compra todo sino que mucho de ello es ayuda proporcionada por Washington. No sólo eran fabricados en EE UU sino que son un stock de armas de EE UU en Israel que pueden utilizarlos.

P: ¿También AI asegura que Hamás hizo uso de armas extranjeras?

R: Es más difícil porque no son tránsitos oficiales. La mayoría están producidos en Gaza, pero durante los últimos dos o tres años y, especialmente durante los últimos tres meses, se han producido de afuera y vienen por los túneles. ¿De dónde vienen? Es difícil saberlo. Se cree que son fabricados en China, o que los hayan comprado en Irán.

P: ¿Cuál es vuestro objetivo con este informe?

R: Queremos presionar y queremos poner en la opinión pública toda esta información. Hay leyes que prohíben la venta de armas si se pueden violar derechos humanos. En EE UU y UE se prohíbe esta venta de armas. Sólo pedimos que respeten sus propias leyes, y de no ser así se pide que haya un embargo de la ONU.

P: ¿Qué responsabilidad tienen los países que venden armas?

R: Claro que cualquier país que vende armas a cualquiera tiene la responsabilidad de que estas armas no sean utilizadas para cometer crímenes de guerra. Estas armas han sido utilizadas de manera ilegal porque no eran legítimas, que los son en combate y contra otros grupos armados. El problema es cuando se utiliza esto para matar niños y mujeres. La mitad son civiles.

P: ¿Tenéis constancia de la venta de armas de España a Israel en esta última ofensiva?

R: España también está involucrada en esta venta. Es en cantidad muy pequeña. Francia, Rumania y Reino Unido son las principales proveedoras en Europa.

Olmert cesa al negociador israelí en Egipto

El presidente saliente de Israel, Ehud Olmert, ha suspendido de sus funciones a Amos Gilad, enviado israelí que negocia en Egipto un posible alto el fuego con Hamás en la franja de Gaza, por sus críticas al Gobierno, según informaron hoy medios locales.

Gilad había sido durante mucho tiempo el hombre fuerte de Olmert en Egipto y el artífice de la tregua alcanzada el pasado 18 de junio con la facción palestina que gobierna en Gaza y que terminó con la invasión israelí contra el enclave costero el 27 de diciembre.

Según Israel Radio y el diario Haaretz, Olmert está ofendido al leer unas declaraciones atribuidas a Gilad diciendo que el Gobierno había tenido un acercamiento poco consistente para conseguir una nueva tregua y que eso era "insultante" para los mediadores egipcios.

Además de suspender a Gilad, de acuerdo con estas informaciones, Olmert ha pedido a la Comisión de Servicios Civiles de Israel que estudie si las manifestaciones publicadas alcanzan el grado de insubordinación.

Suiza lamenta las "amenazas" de EE UU al banco UBS

EFE - Ginebra - 23/02/2009

La advertencia de Estados Unidos de iniciar acciones penales contra el banco suizo UBS si no entregaba el nombre de 250 clientes a los que ayudó a defraudar al fisco, sirvió para que la entidad helvética colaborara. Pero no ha sentado muy bien en el Ejecutivo del país alpino, pese a que autorizó a UBS, que tendrá que pagar una multa de 780 milones de dólares, a revelar el secreto bancario.

"El Gobierno suizo lamenta que el Departamento estadounidense de Justicia haya amenazado a UBS con tomar medidas unilaterales, pese a su colaboración", declaró ayer Roland Meier un portavoz del Ministerio de Economía a la agencia suiza ATS. Además, Suiza ha decidido suspender su presencia en la audición del Senado estadounidense sobre el caso.

Colombia: La fiscalía investiga a los servicios secretos por trabajar para delincuentes

Un nuevo escándalo ha golpeado de lleno a los servicios secretos colombianos. La fiscalía investiga una presunta red diseñada por un grupo de agentes para espiar a políticos, jueces y periodistas con el objetivo de vender la información a narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros. El caso ya ha provocado la dimisión de un alto cargo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, la agencia de espionaje), cuya sede fue registrada durante el fin de semana, y supone otro revés para la lucha contra la corrupción en el país.

Jueces, políticos y periodistas, en el punto de mira de los agentes

Uribe asegura que es una "víctima" y niega que ordenara las escuchas

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, se apresuró ayer a negar, en un comunicado, cualquier vinculación con el caso. "Jamás he dado ni una sola orden para que se vigile la vida privada de las personas. Soy un hombre leal, que juega limpio con sus opositores y no les hace trampa", aclaró. El sábado, el senador opositor Gustavo Petro acusaba de forma tajante a Uribe de estar detrás del espionaje. "Es indudable que la orden proviene del presidente", afirmó Petro, que es supuestamente una de las víctimas.

No es la primera vez que la policía secreta colombiana, que depende directamente de la Presidencia, se ve envuelta en asuntos turbios. Uno de sus ex directores, Jorge Noguera, tuvo que dejar su cargo en 2005 por los nexos del DAS con los grupos paramilitares y acabó en prisión. Hace justo cuatro meses, la entonces directora del organismo, María del Pilar Hurtado, dimitió tras reconocer que algunos de sus agentes habían vigilado a políticos de la oposición. En 2007, Uribe destituyó a dos responsables policiales por un caso de escuchas ilegales.

El último escándalo, destapado el sábado pasado por la revista colombiana Semana, saca a la luz, si se confirman las acusaciones, una red corrupta de espías al servicio de grupos criminales. "No me cabe la menor duda de que ésta es una banda mafiosa", dijo Uribe, que manifestó que él y su entorno también fueron espiados y que se siente "víctima de esta infamia".

En el reportaje de la revista se denuncia que, entre el 19 y el 21 de enero, funcionarios del DAS ordenaron la destrucción de decenas de documentos, varios CD, discos duros de ordenadores y varios archivos confidenciales, por tener información sobre llamadas telefónicas interceptadas. Gran parte de esos archivos destruidos eran grabaciones, documentos secretos e informes de todo tipo sobre una gran variedad de personajes que estaban en el punto de mira de los servicios secretos.

Se trata de magistrados, periodistas, políticos de la oposición, fiscales... y hasta personas cercanas del Gobierno, como la secretaria privada de Uribe. Destaca el seguimiento a Iván Velásquez, juez estrella de la parapolítica (investiga la relación de los políticos con los paramilitares). Entre noviembre y febrero pasados, más de 2.000 llamadas del juez fueron rastreadas y también decenas de reuniones, según la información de Semana.

También han sido vigilados el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, que mantuvo discrepancias con Uribe, la senadora Piedad Córdoba y el mencionado Gustavo Petro. Entre los periodistas, destacan Darío Arizmendi, de Caracol Radio, y Félix de Bedout, de W Radio, cuyos correos electrónicos fueron interceptados, según Semana.

El ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, confirmó ayer las informaciones y aseguró que detrás de las supuestas interceptaciones telefónicas están unas mafias que incluso han realizado escuchas a Uribe y sus más cercanos colaboradores.

Tras las denuncias, el director de los servicios secretos, Felipe Muñoz, aceptó el domingo pasado la renuncia del subdirector de Inteligencia del DAS, el capitán Jorge Alberto Lagos. Mientras tanto, el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, ordenó registrar las instalaciones de los servicios secretos en Bogotá para buscar pruebas. El propósito principal de la investigación es saber quién está ordenando las escuchas telefónicas y quién está utilizando la información.

¿Quiénes fueron espiados?

- Jueces. Uno de los espiados presuntamente por los servicios secretos colombianos es el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte. También fueron interceptadas las llamadas de Iván Velásquez (en la fotografía), juez estrella del escándalo de la parapolítica, que investiga los vínculos entre políticos y paramilitares.

- Gustavo Petro. También se investigan escuchas a las líneas del senador Gustavo Petro, del partido opositor de izquierda Polo Democrático Alternativo. "¿Cómo no va a ser misión del DAS [servicios secretos] controlar a Petro, que es un ex guerrillero y es de la oposición?", afirma en la revista Semana un ex agente del espionaje colombiano.

- Piedad Córdoba. Se sospecha que la senadora de la oposición (en la foto) fue vigilada por sus vínculos con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y la guerrilla de las FARC. También aparecen en la lista de espiados varios periodistas, como Darío Arizmendi, de Caracol Radio, y Daniel Coronell, del informativo de televisión Noticias Uno.

- Álvaro Uribe.

El presidente de Colombia negó ayer haber ordenado las escuchas telefónicas y afirmó que él es una de las "víctimas de esta infamia". Según el Ministerio del Interior y Justicia, se han intervenido las comunicaciones de Uribe y sus más cercanos colaboradores para vender la información a grupos criminales.

La dictadura también torturó en Malvinas

Fallo histórico de la justicia argentina, que ha declarado crimen de lesa humanidad los malos tratos a soldados durante la guerra contra Reino Unido

ALEJANDRO REBOSSIO - Buenos Aires - 24/02/2009

Los soldados argentinos torturados por sus superiores en la guerra de las Malvinas (1982) tendrán una oportunidad de obtener justicia, después de que la semana pasada la juez federal de primera instancia de Comodoro Rivadavia (en el sur de Argentina), Eva Parcio de Selemme, considerase que esos delitos son de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles, según se supo ayer. Así se manifestó en una de las decenas de causas planteadas por los combatientes de aquel conflicto bélico iniciado por la última dictadura militar argentina (1976-1983) contra Reino Unido. Es la primera vez que la justicia de este país suramericano abre la puerta al enjuiciamiento de las torturas cometidas en la guerra.

Cuando el régimen argentino estaba ya en decadencia y en horas de baja popularidad, el entonces dictador Leopoldo Galtieri decidió satisfacer una histórica reivindicación de Argentina: la recuperación de las islas Malvinas, que hasta 1833 habían sido parte de su territorio y que desde entonces se encuentran bajo dominio británico. El 2 de abril de 1982 las tropas argentinas tomaron lo que los británicos llaman Falkland (1.800 kilómetros al sur de Buenos Aires y a 12.700 de Londres). Galtieri logró un súbito respaldo popular. Los niños en las escuelas escribían cartas a los soldados y las metían dentro de paquetes de cigarrillos y chocolates con la ilusión de dar calor a los combatientes que habían llegado a aquellas islas del sur en pleno otoño.

Buena parte de las tropas argentinas estaba integrada por jóvenes que cumplían el servicio militar. Tras la capitulación argentina en Malvinas, el 14 de junio de 1982, se supo que muchos soldados de este país pasaron hambre y frío porque los víveres no llegaban, y además carecían de las armas y la preparación para enfrentarse a una de las Armadas más poderosas del mundo. Pero no sólo eso: algunos militares admitieron que habían padecido torturas de sus superiores, aunque sólo 27 años después esas reclamaciones son escuchadas en los tribunales.

Tortura y malos tratos

Más de 70 demandas se presentaron ante la justicia argentina contra militares que obligaron a sus subordinados a sufrir hambre y frío, los estaquearon (los ataron de pies y manos a estacas clavadas en el suelo en forma aspa) o los golpearon como castigo por supuestos malos comportamientos.

El presidente del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, Ernesto Alonso, dice que esas torturas se enmarcan dentro de una dictadura que hizo desaparecer a 30.000 personas, entre ellas 126 soldados. Alonso reivindica la soberanía argentina en Malvinas, pero no la guerra.

El caso que ahora se declara imprescriptible fue denunciado hace menos de un año por el excombatiente Juan Carlos Gómez, que afirma que fue estaqueado durante varias horas por el teniente coronel Daniel Alejandro Delfor Polano y el sargento primero Hugo Álvarez, en un liceo militar de Comodoro Rivadavia, antes de partir a Malvinas hacia una conflagración que ya había estallado.

Delito de lesa humanidad

La juez Parcio declaró el pasado jueves que se trata de un delito de lesa humanidad y en los próximos días resolverá la situación procesal de los dos imputados, según informó ayer el periódico Clarín. Alonso, del CECIM, recuerda que ambos acusados reciben pensiones honoríficas por su participación en Malvinas, al igual que otros militares denunciados por la represión ilegal del régimen.

Polano se negó a declarar ante la juez, mientras que Álvarez desmintió las acusaciones. Hace dos años, la ministra de Defensa de Argentina, Nilda Garré, reconoció que las normas militares vigentes durante la guerra de las Malvinas contemplaban el estaqueo en caso de falta de calabozo: "Es una crueldad y de un sadismo insólito, pero es cierto que estaba en las normas".

El presidente del CECIM de Mar del Plata, Darío Gleriano, es otro de los denunciantes y declaró al portal Punto Noticias que entre los acusados figuran "torturadores que este Gobierno [en alusión al de Néstor Kirchner y al de su esposa, Cristina Fernández] ascendió de coronel a general". Aunque considera que los Gobiernos de los Kirchner fueron los "únicos" que se interesaron por la condena de los violadores de los derechos humanos en la dictadura, observa contradicciones: "Te hacen creer un doble mensaje: por un lado, te hablan de que van a ser enjuiciados y por otro se los distingue y premia con pensiones honoríficas".

No todos los excombatientes sostienen la misma postura: algunos defienden a sus superiores y rechazan las denuncias por torturas. Gleriano aclara: "No queremos castigo sino la verdad y que se sepa lo que sucedió en Malvinas, de quienes fuimos torturados, castigados y estaqueados por el solo hecho de cometer un error, por ir a buscar comida, como en mi caso".

La derrota argentina en Malvinas fue el principio del fin de la dictadura. En el combate murieron 649 militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. El próximo 2 de abril, cuando se cumpla el 27º aniversario de la guerra, Cristina Fernández estará en Londres por la cumbre del G-20, pero se espera que, además de discutir sobre la crisis internacional, la presidenta argentina aproveche para insistir ante el primer ministro británico, Gordon Brown, con la reclamación de soberanía sobre las Falkland.

Para la derecha boliviana, 61% por el Sí y 38% por el No es un “empate”

Una de las primeras normas de convivencia que se aprende en el jardín de niños es que “la mayoría manda”; un principio democrático indiscutible reconocido en casi todas las naciones del mundo es la elección de gobiernos y políticas de Estado por “mayoría absoluta” de votos (50 por ciento más uno). En Bolivia, la oposición minoritaria derrotada tres veces consecutivas en las urnas intentó derrocar con violencia al gobierno mejor votado de la historia reciente, y ahora interpreta que están “empatados” el 60% de ciudadanos que dijo Sí la Constitución de Evo Morales y el 40% que la rechazó.

El MAS propinó sendas palizas a la oposición derechista en las elecciones nacionales de 2005 (53%); en la elección de asambleístas de 2006 (51%) y en el referéndum revocatorio de 2007 (67%). Los opositores respiran aliviados porque su cuarta derrota en el referéndum constitucional del 25 de enero de 2009 no fue tan bochornosa.

Según conteos preliminares de la Corte Nacional Electoral (CNE), la nueva Constitución Política del Estado (CPE) fue rechazada por el 40% de los votantes y habría perdido en cinco de las nueve capitales de departamento del país. Sin embargo, el 60% del electorado a nivel nacional aprobó la Constitución.

Lo lógico sería que las minorías derrotadas acepten la decisión de la mayoría de la población, pero en Bolivia los opositores no siempre respetan la lógica. El presidente del Senado Oscar Ortiz y el dirigente cívico de Santa Cruz Branco Marinkovic opinan que “no hay ganadores ni perdedores” sino un “empate técnico”.

Según la derecha boliviana, el referéndum constitucional demostró que “la mitad del país” le dijo No a la Constitución, lo que obligaría a Evo Morales a “aprender a reconocer las distintas visiones que se tienen en el país”.

A partir de esa lectura, la oposición afirma que ha llegado al momento de “pactar” con el gobierno, es decir “concertar” leyes interpretativas para cada uno de los artículos de la Constitución que necesitan normas aclaratorias.

El senador Tito Hoz de Vila (Podemos) anticipa que en toda esta etapa de “concertación”, su partido hará respetar los derechos de la “minoría, que no es tan minoría”. “Si quieren atropellar, ahí estaremos, el Senado tiene que ser un factor del equilibrio y obligará al gobierno a gobernar para todos para evitar un totalitarismo…”.

La oposición fracasada como clase política fue sepultada por la votación ciudadana y ahora habla de un nuevo pacto para revisar una Constitución que ya fue aprobada; “ese es un insulto a la dignidad del pueblo soberano, a la democracia y a la inteligencia”, protestó el diputado Alejandro Colanzi (UN).

Según Colanzi, la discusión política que se avizora será más de forma que de fondo porque el soberano ya se definió contra la clase política que bloqueo toda posibilidad de diálogo y cambios en más de 20 años de democracia.

Reapareció el ex presidente Jaime Paz para hacer entender a Morales que “40 por ciento de la población no está de acuerdo con su proyecto de Constitución, por ende, tiene que respetar esa voluntad”. El ex mandatario propuso estructurar un gobierno departamental que represente a todos los tarijeños y los “blinde ante cualquier imposición”.

El senador Ricardo Díaz (MAS) afirma que los partidos tradicionales no tienen moral para exigir porcentajes especiales para la aplicación de la nueva CPE porque cuando administraron el modelo neoliberal nunca obtuvieron más de 34% de votos a nivel nacional.

ADN ganó las elecciones de 1985 con 493.735 votos (32.83 %), pero el MNR llegó al gobierno con 456.704 votos (30.37 %). En las elecciones de 1989 el más votado fue el MNR (363.113, 25.64 %); en las elecciones de 1993 ganó el MNR con 585.937 votos (33.8 %) pero gobernó el tercero MIR. ADN ganó las elecciones de 1997 con 484.705 votos (22.26 %) y el MNR venció en 2002 con 624.126 votos (22.46%). En las elecciones generales de 2005, el MAS ganó con la mayor votación de la historia (1.544.374 votos, el 53.74 %).

El Presidente Evo Morales descartó cualquier negociación con la oposición para modificar el contenido de la nueva CPE, mucho menos en materia agraria, y desestimó una reunión con el cívico Marinkovic, involucrado en acciones antidemocráticas y sediciosas entre agosto y septiembre de 2008. El gobierno dejó en claro que el nuevo texto constitucional es innegociable porque fue aprobado por la mayoría de la población.

Colombia y EU manipulan en Miami los juicios a paramilitares, acusa ONG

■ Olvidados, los delitos de lesa humanidad y los miles de secuestros de campesinos

■ Las extradiciones obstaculizan la justicia, señala el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado

■ Hay 5 mil desaparecidos y 4 millones de desplazados, afirma Iván Cepeda, vocero de la organización

Sanjuana Martínez (Especial para La Jornada)

Miami, 24 de octubre. La extradición de los principales jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en mayo pasado a Estados Unidos ha dado frutos de manera expedita y clara: este mes fueron sentenciados en una corte federal de esta ciudad estadunidense Ramiro Cuco Vanoy y Francisco Javier Zuluaga, Gordolindo, a 24 y 21 años de cárcel, respectivamente, por conspiración para importar y distribuir cocaína desde Colombia, Bahamas y México, entre el 17 de diciembre de 1997 y el 30 de septiembre de 1999.

Ambos paramilitares habían sido extraditados bajo la condición de no ser condenados a cadena perpetua por delitos de narcotráfico ni ser investigados por crímenes de lesa humanidad. A Vanoy, comandante del Bloque Mineros, el Sistema de Información de Justicia y Paz le atribuye 3 mil 522 víctimas, mientras Gordolindo, jefe de los bloques Pacífico y Bolívar de las AUC, tiene 669 víctimas.

En el tribunal a cargo del juez Michael Moore surgió un silencio absoluto cuando ambos paramilitares entraron custodiados y esposados de pies y manos, luciendo uniformes carcelario beige y rostros extremadamente pálidos. No había familiares de las víctimas que reclaman justicia en Colombia, solamente estaban allegados a ambos procesados cubiertos de ostentosos trajes y joyas, con quienes intercambiaron sonrisas.

“Quiero expresar a la corte, al gobierno de Estados Unidos y a mi familia mi arrepentimiento y remordimiento por mi conducta delictiva”, dijo Vanoy cuando el magistrado le cedió la palabra, mientras que Zuluaga señaló: “Acepto con humildad la sentencia que usted disponga”.

La actitud sumisa de ambos condenados contrasta con sus historias criminales. Ninguno de los dos ofreció perdón a las víctimas de crímenes de Estado, por el contrario, ambos mostraron su satisfacción por su futura permanencia en las cárceles de Estados Unidos y por el acuerdo entre ambos gobiernos que les da impunidad.

“Estas extradiciones obstaculizan la justicia con relación a los crímenes de lesa humanidad y sólo tienen un carácter muy claro sobre narcotráfico”, dijo a La Jornada Iván Cepeda, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice). “Las sentencias dejan impunes las miles de desapariciones forzadas, los millones de desplazamientos, la usurpación de tierras a miles de campesinos; y nada tienen que ver con un proceso de verdad sobre quienes son aliados y jefes políticos y económicos de los paramilitares”.

En Colombia hay más de 140 mil víctimas de la violencia del Estado, 5 mil desaparecidos y 4 millones de desplazados, “por tanto cualquier lectura para presentar estas extradiciones y las primeras sentencias como avance en materia de verdad y justicia no la compartimos, por el contrario, vemos que con estas extradiciones y sentencias se ha cortado abruptamente un proceso de justicia que mal que bien se lleva a cabo en Colombia y para el cual son indispensables las confesiones de estos señores”.

La extradición en mayo pasado de 14 jefes paramilitares –incluidos algunos de los más sanguinarios, como Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo, Rodrigo Tovar Pupo Jorge 40, Manuel Torregrosa o Juan Carlos Sierra, El Tuso– coincidió precisamente con un proceso judicial en torno a los crímenes de lesa humanidad, que quedó interrumpido en cada uno de los casos sentenciados y en aquellos que todavía esperan condena en tribunales estadunidenses.

–Todo parece indicar que existe un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para ofrecer impunidad a estos señores.

–Efectivamente aquí hay acuerdos cuyo contenido aún no conocemos y que están funcionando, y, por el contrario, no se están produciendo los anuncios de ambos gobiernos de que se iba a presentar una cooperación judicial para que pudiese desarrollarse el proceso de justicia y paz en Colombia. Estos señores fueron extraditados hace cinco meses y en ese lapso no ha habido ningún acuerdo de cooperación judicial. Vamos a ver qué tipo de negociaciones va a haber en el futuro entre paramilitares y la justicia estadunidense.

La Comisión de Juristas Colombianos envió cartas al juez Michael Moore y al fiscal Michael B. Mukasey para que rechazaran los acuerdos de culpabilidad de ambos paramilitares con la fiscalía estadunidense, celebrados en julio pasado, pero sus peticiones no fueron tomadas en cuenta.

Al final de la audiencia judicial que condenó a ambos paramilitares el 10 de octubre, el fiscal colombiano Luis González dijo que los dos ultraderechistas manifestaron su deseo de colaborar con el proceso de justicia y paz desde Estados Unidos. “Se haría vía teleconferencia y se les va a seguir juzgando allá simultáneamente, mientras cumplen condenas aquí”, dijo.

Sin embargo, Leif Fernández, abogado de Vanoy, afirmó lo contrario: “Hasta antes de la sentencia Vanoy continuaba expresando su deseo de colaborar con la ley de justicia y paz, pero después de la sentencia está reconsiderando si continúa, ya que tiene 60 años y los 26 años de cárcel equivalen a cadena perpetua por su edad, y no tendría sentido seguir colaborando con el proceso colombiano”.

La llamada desmovilización de los paramilitares comenzó en 2006 con la ley de justicia y paz. El acuerdo implicó que quienes confesaran sus asesinatos pudieran recibir condenas de cinco a ocho años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Vanoy se desmovilizó el 20 de enero de 2006 con 2 mil 790 hombres, mientras que Zuluaga es considerado por las autoridades colombianas un narcotraficante que simplemente pagó a las AUC para implicarse con los paramilitares y así beneficiarse de los acuerdos de justicia y paz.

Vanoy creó el Bloque Mineros en 1980 para supuestamente combatir a las guerrillas, pero después su grupo se transformó en un escuadrón de la muerte y estuvo ligado al cártel de Medellín dirigido por Pablo Escobar. Comenzaron en mayo de 2007 las audiencias de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz para informar a familiares de las víctimas, pero las sesiones fueron suspendidas con su extradición a Estados Unidos.

En abril pasado el jefe paramilitar admitió haber cometido más de 150 crímenes y en las audiencias dijo a una madre que el cuerpo de su hijo había sido arrojado a un río, mientras otra mujer que encontró sólo una pierna de su hijo le reclamaba el cuerpo.

En el caso de Gordolindo, el Movice lo considera autor intelectual de una de las históricas agresiones contra indígenas, conocida como la “masacre del Naya”.

“Queremos la verdad sobre los crímenes. Queremos saber quién está detrás de ellos y quien los ordenó”, dijo Cepeda. “Con estas sentencia se escapa la posibilidad que haya verdad y justicia”.

–¿Qué posibilidad queda a las víctimas para conocer el paradero de sus seres queridos o para obtener justicia por los asesinatos y el robo de tierras?

–Estas extradiciones de facto obstruyen totalmente esa posibilidad. Lo que hacemos es apelar a los abogados en Estados Unidos para que nos representen, a fin de buscar la verdad en condiciones tan difíciles en esos tribunales”.

–¿Con esto dan por fracasado el proceso de justicia y paz?

–El presidente (Álvaro Uribe) está haciendo esfuerzos para acabar con esos procesos en la llamada parapolítica y ha atacado de manera personal a los magistrados de la corte (colombiana). Esto atenta gravemente para poder acabar con la muralla mafiosa que tienen los paramilitares de las instituciones políticas de Colombia.

–¿Hasta donde llegan los nexos de los paramilitares con el gobierno de Uribe?

–Al más alto nivel. No es secreto que en la coalición de gobierno se han presentado muchos casos de personas muy ligadas al presidente que son investigadas y condenadas. Por tanto, apelamos a mecanismos internacionales para neutralizar los esfuerzos de ambos gobiernos para obstaculizar la justicia y la verdad a las víctimas.

http://www.jornada.unam.mx/

Ecuador confirma complicidad de la CIA en violación territorial

Según informó el Gobierno ecuatoriano, la Agencia estadounidense Central de Información (CIA) colaboró con las Fuerzas Armadas de Colombia durante el ataque a las FARC en territorio de Ecuador. Las conclusiones de la comisión investigadora sobre la violación territorial de Colombia a Ecuador, arrojaron datos sobre la participación de Estados Unidos en el operativo.

El ministro de Defensa ecuatoriano, Javier Ponce, aseguró que la CIA tenía infiltrados en las Fuerzas Armadas de su país.

Según explicó, de esa manera, la Inteligencia de Estados Unidos colaboró enviando información a Colombia.

El funcionario de Ecuador también informó que se comprobó el arribo de un avión de inteligencia estadounidense que realizó vuelos no previstos en la región.

El ataque a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en territorio ecuatoriano, se concretó el primero de marzo de este año.

Un día después los gobiernos de Rafael Correa y Álvaro Uribe, interrumpieron sus relaciones diplomáticas, que se mantienen suspendidas desde entonces.(PÚLSAR)

www.agenciapulsar.org

Correa afirma que el diplomático expulsado de Ecuador era el jefe de la CIA en el país

Max Sullivan, el primer secretario de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, que fue expulsado del país esta semana, es, según afirmó ayer el presidente del país andino, Rafael Correa, el jefe de la CIA en su país. "Hablemos claro; se trata del líder de la CIA en Ecuador", aseguró el presidente ayer. La Embajada estadounidense declinó hacer ayer ningún tipo de comentario al respecto.

 

Se trata de la segunda expulsión de un diplomático estadounidense que ejecuta el presidente Rafael Correa, después de que a comienzos de mes ordenara la salida del país de Armando Astorga, un agregado de la Embajada de EE UU en Ecuador, bajo la acusación de haber intentado condicionar la ayuda económica destinada a un proyecto asistencial.

Siguiendo los pasos de los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, y Evo Morales, de Bolivia, Rafael Correa no se lo ha pensado dos veces para echar a los diplomáticos, erosionando aún más las relaciones con Washington. Según el canciller ecuatoriano, Fander Falconí, "la embajadora está muy preocupada [por la situación]. Existe una preocupación que es mutua y compartida" por Quito.