La Iglesia levantará cinco edificios y el Ayuntamiento dos equipamientos en la zona de San Francisco el Grande.- IU acusa a Gallardón de "sepultar bajo el hormigón un paisaje histórico de la ciudad"

Luz verde al vaticano de Madrid

ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid - 18/02/2009

 

Un Vaticano en Las Vistillas-

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid ha dado esta mañana luz verde, con el respaldo del PP y los votos en contra de PSOE e IU, al Plan Parcial de Reforma Interior de la Cornisa del río Manzanares, que permitirá al Arzobispado levantar cinco edificios en un parque que ha sido durante siglos la fachada histórica de Madrid. La institución presidida por Antonio María Rouco Varela ganará cinco edificios y el consistorio, dos equipamientos municipales. Los que pierden son los madrileños, según denuncia la oposición, que tendrán que renunciar a la vista que inmortalizó Goya.

El plan parcial se aprobó inicialmente, a propuesta del PP, en Junta de Gobierno el 31 de julio de 2008 y ahora tendrá que ser ratificado el viernes 27 de febrero por el pleno del Ayuntamiento y pondrá fin a más de 20 años de negociaciones entre el consistorio y el Arzobispado de Madrid y otros tantos de oposición de vecinos, PSOE e IU que consideran que el Ejecutivo municipal (PP) está dando el visto bueno al "destrozo" de la cornisa de San Francisco.

En esta línea, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, ha acusado a la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, de "sumisión y complicidad" con el Arzobispado para "sepultar bajo el hormigón un paisaje histórico de la ciudad", con edificios "de más de 100 metros de fachada". Pérez ha subrayado que el único "beneficiado" de este "atropello" será el Arzobispado "que verá aumentado su patrimonio, mientras los madrileños se quedarán de un plumazo sin una de sus más preciadas zonas verdes y sin uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad".

El "santo expolio", según los vecinos

Pérez ha recordado que las modificaciones aprobadas permitirán cuadriplicar la edificabilidad permitida, "un buen negocio terrenal"; y ha denunciado que la necesidad de equipamientos en un distrito como Centro, que no tiene ni un polideportivo, "no puede ser coartada para esta tropelía urbanística". El plan otorga al Arzobispado de Madrid 25.000 metros cuadrados de edificabilidad para levantar una biblioteca diocesana, una casa de la Iglesia con un aparcamiento de 200 plazas, una residencia para sacerdotes, oficinas, un centro de mayores y un hogar para indigentes en el parque de la cornisa. El Ayuntamiento, a quien en origen perteneció la totalidad del suelo, recibirá a cambio una escuela infantil de 1.001 metros cuadrados y un polideportivo de 5.213 metros cuadrados sobre los mismos terrenos.

Los madrileños, por su parte, se quedan, según el portavoz de IU, sin 15.000 metros cuadrados de zonas verdes en un talud de un enorme valor histórico y paisajístico recogido por ilustres pintores y literatos. Para Pérez, bajo el plan el Arzobispado "esconde" la intención de transformar la Cornisa en un Vaticano madrileño plagado de edificios eclesiásticos. Por su parte, la coordinadora general de Urbanismo, Beatriz Lobón, ha recordado que el Plan Parcial de la zona se aprobó en 2007 y fue entonces cuando las modificaciones "pasaron por todos los filtros necesarios". Además, ha subrayado que "no se puede decir que (la operación) sólo beneficie al Arzobispado, porque se consiguen varias zonas verdes demandadas por los vecinos y equipamientos en un distrito que no tiene muchas dotaciones".

Por su parte, la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha reclamado al equipo de Gobierno municipal que se construyan cuanto antes los equipamientos previstos en lo que denominan el "santo expolio" de la Cornisa de San Francisco El Grande, los jardines de las Vistillas y los del Seminario. Vecinos, arquitectos y paisajistas han venido clamando desde que tienen conocimiento de estos proyectos de que su ejecución supondrá la pérdida de parte de la cerca histórica de Felipe IV, del siglo XVII, de los jardines de los Duques de Osuna y de escaleras históricas.

Equipos de inteligencia colombianos serán operados por la Policía Nacional

Tras la denuncias por escuchas ilegales por parte del servicio de inteligencia de Colombia, el presidente Álvaro Uribe anunció que la Dirección Administrativa de Seguridad (DAS) no podrá interceptar llamadas.


Los equipos de esa dependencia sólo podrán ser utilizados bajo orden judicial y operados por la Policía Nacional.

Así lo anunció en rueda de prensa el primer mandatario colombiano, Álvaro Uribe, principal acusado por los casos de espionaje en la DAS.

Ese organismo funciona bajo las órdenes del Presidente y está siendo investigado por venta de información recopilada a través de mecanismos ilegales.

Sin embargo, es el propio Gobierno que lleva adelante las investigaciones a través del recientemente designado director de la DAS, Felipe Muñoz.

El presidente colombiano sostuvo también que los problemas en el servicio de inteligencia del Estado responden a cuestiones de "competencia y corrupción".(PÚLSAR)

Evo Morales denuncia “gran infiltración” de la CIA en Bolivia

Evo Morales denuncia “gran infiltración” de la CIA en Bolivia

El presidente boliviano presentó las pruebas documentales que dan cuenta de la intromisión por parte de la agencia estadounidense de inteligencia en la empresa estatal de petróleos del país andino.


Evo Morales reiteró que la compañía Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue intervenida con la intención de hacer fracasar la nacionalización de los hidrocarburos.

El mandatario brindó un detallado informe en el que señaló al ex-policía boliviano, Rodrigo Carrasco, que se desempeñó como Gerente de Comercialización de la estatal petrolera, como uno de los infiltrados.

Según informó la red boliviana Patria Nueva, el presidente Evo Morales explicó que Carrasco fue entrenado por la CIA para infiltrarse en la petrolera boliviana.

Detalló que incluso recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas y agregó que "el pueblo boliviano sabe qué era esa Escuela de las Américas".

El primer mandatario boliviano también informó que él mismo le pidió al ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, que desvincule a Carrasco, pero esa solicitud no fue atendida.(PÚLSAR/Patria Nueva)

rt
25/02/2009

ONU: Enviar más tropas a la R.D. del Congo

Es necesaria la intervención urgente del Consejo de Seguridad ante el incremento de ataques del ERS contra la población civil

Febrero 16, 2009

"Es sorprendente que las tropas de pacificación autorizadas por el Consejo de Seguridad todavía no hayan llegado para ayudar a los congoleños que viven con el temor diario de un ataque. Las buenas intenciones del Consejo de Seguridad no sirven de nada si no se traducen en medidas concretas para salvar vidas."

Anneke Van Woudenberg, senior researcher at Human Rights Watch.

(Nueva York) – El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe intervenir urgentemente para enviar más tropas de pacificación al norte de la República Democrática del Congo, donde el Ejército de Resistencia del Señor (ERS) continua sus ataques brutales contra la población civil, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El Consejo de Seguridad tiene previsto debatir la situación en el Congo el 17 de febrero de 2009.

En el informe de 67 páginas, “The Christmas Massacres: LRA Attacks on Civilians in Northern Congo” (Las Masacres de Navidad: Los ataques del ERS contra la población civil en el norte del Congo), se exponen las matanzas brutales de más de 865 civiles y el secuestro de al menos 160 niños entre el 24 de diciembre de 2008 y el 17 de enero de 2009, en el distrito de Haute Uele del Congo. En algunos de los ataques más devastadores, los combatientes del ERS esperaron hasta que los residentes se reunieron para celebrar la Navidad y acabaron con la vida de sus víctimas a machetazos y hachazos, o aplastándoles el cráneo con bastones y palos pesados.

“Es sorprendente que las tropas de pacificación autorizadas por el Consejo de Seguridad todavía no hayan llegado para ayudar a los congoleños que viven con el temor diario de un ataque”, señaló Anneke Van Woudenberg, investigadora principal de Human Rights Watch. “Las buenas intenciones del Consejo de Seguridad no sirven de nada si no se traducen en medidas concretas para salvar vidas”, agregó.

Las tropas de la misión de pacificación de la ONU en el Congo, la MONUC, están muy esparcidas en enormes franjas del país. Cuando empezaron los ataques, había sólo 300 efectivos de la ONU en la región de Haute Uele, y se han agregado pocos más desde entonces. Los 3,000 soldados adicionales autorizados por el Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre todavía no han llegado al Congo. Los funcionarios de la ONU señalan que muy pocos países han ofrecido sus tropas para la misión.

Dos de los ataques más terribles contra la población civil tuvieron lugar el día de Navidad. En Faradje, 143 personas fueron brutalmente asesinadas cuando las fuerzas del ERS atacaron la ciudad durante la celebración de un concierto de Navidad. En la región de Doruma, a unos 260 kilómetros, los combatientes del ERS comenzaron una matanza de tres días en 13 aldeas que terminaron con 300 civiles muertos.

Las matanzas del ERS continuaron durante los días y semanas siguientes en múltiples lugares del norte del Congo y el sur de Sudán. El ataque más reciente fue el 7 de febrero contra la ciudad congoleña de Aba, cercana a la frontera con Sudán, en el que el ERS mató a seis personas y secuestró a más de una veintena, entre ellos niños.

Un hombre de 72 años que llegó tarde al almuerzo de Navidad en la aldea de Batande, en la región de Doruma, explicó que estuvo oculto entre los arbustos mientras el ERS mataba al menos a 82 personas, entre ellos 26 hombres golpeados hasta la muerte, a los que aplastaron la cabeza con grandes palos. El hombre contó a los investigadores de Human Rights Watch: “Cuando acabaron huí escondiéndome a mi casa, donde me senté temblando de miedo toda la noche. Esa noche oí al ERS celebrar. Después se echaron a dormir entre los cuerpos de las personas que acababan de matar”.

Según las Naciones Unidas, más de 140,000 personas han huido de sus casas desde finales de diciembre en busca de seguridad en otras partes del Congo o al otro lado de la frontera con Sudán. En algunas regiones, los residentes tienen miedo a reunirse porque creen que el ERS aprovechará el momento para atacarles, como ocurrió con devastadora eficiencia el 25 de diciembre.

Los ataques del ERS se produjeron el 14 de diciembre, después del inicio de una operación militar conjunta liderada por el ejército ugandés, con el respaldo de los ejércitos del Congo y de Sudán Meridional, con el objetivo de destruir a la organización rebelde. El ejército ugandés atacó la base principal del ERS en el Parque Nacional de Garamba en el Congo, cerca de la frontera con Sudán. Tras el ataque, las fuerzas del ERS se dispersaron en varios grupos, cada uno de cuales atacó a los civiles que encontró a su paso.

A pesar de su experiencia anterior con las tácticas del ERS, los congoleños y ugandeses encargados de planear la operación militar no previnieron adecuadamente la protección de la población civil de las represalias del ERS. Los soldados congoleños no llegaron a Doruma y Faradje hasta que las masacres ya se habían producido.

Las tropas de pacificación de la ONU, que tienen el firme mandato de proteger a la población civil, no participaron en la planeación de esta operación ni fueron informadas hasta poco antes de su comienzo. Como consecuencia, no se habían preparado para ayudar a proteger a la población civil.

“La población civil congoleña expuesta al grave peligro de un ataque del ERS no recibe la protección que merece de los ejércitos involucrados en las operaciones conjuntas”, señaló Van Woudenberg. “El Consejo de Seguridad de la ONU debe insistir en que la MONUC participe en la planeación de estas operaciones y aumente el número de efectivos en la región para que pueda adoptar medidas de protección adecuadas”, agregó.

El ejército ugandés afirma que sus objetivos son seguir los movimientos del ERS y su líder, Joseph Kony, quien es buscado y cuenta con una orden de aprensión en su contra por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), y rescatar a los civiles secuestrados por el ERS. Hasta la fecha, sólo se ha rescatado a unos 114 civiles de los más de 600 que se cree se encuentran secuestrados.

Del 7 al 11 de febrero, John Holmes, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, visitó el norte y el este del Congo para evaluar la situación. Informará al Consejo de Seguridad de la ONU en la sesión del 17 de febrero.

Human Rights Watch instó al Consejo de Seguridad a que:

• Dé prioridad al reclutamiento y la movilización inmediatas de los 3,000 efectivos adicionales para la MONUC acordados en las resoluciones 1843 y 1856, y proporcione recursos adicionales, lo que incluye aumentar la capacidad logística para que las tropas de pacificación puedan proteger a la población civil expuesta al riesgo de ataques del ERS;
• Respalde la estrategia de captura de los comandantes del ERS buscados por la CPI y otras personas implicadas en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, minimizando siempre el riesgo para la población civil, y solicite a los Estados miembros que aporten los recursos financieros y operativos necesarios para ello.

Perú: Inminente sentencia en el caso Fujimori

El juicio contra el ex presidente peruano por violaciones de derechos humanos concluirá próximamente

Febrero 23, 2009

El antiguo ex presidente del Perú Alberto Fujimori.

© 2006 Reuters

Related Materials: 

Presunción Fundada

Chile: Corte Suprema Extradita a Fujimori

El juicio de Fujimori, un ex jefe de estado, ha sido un acontecimiento sumamente positivo en materia de justicia internacional y rendición de cuentas por crímenes de derechos humanos. Esperamos que el tribunal que juzga a Fujimori, integrado por jueces de la Corte Suprema, emita una sentencia justa que tenga en cuenta los estándares internacionales sobre responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos".

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch

El juicio del ex presidente peruano Alberto Fujimori por violaciones de derechos humanos se ha desarrollado de manera imparcial y exhaustiva, señaló hoy Human Rights Watch. Human Rights Watch difundió un documento de ocho páginas de "preguntas y respuestas" sobre el caso y los estándares internacionales aplicables.

"El juicio de Fujimori, un ex jefe de estado, ha sido un acontecimiento sumamente positivo en materia de justicia internacional y rendición de cuentas por crímenes de derechos humanos", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Esperamos que el tribunal que juzga a Fujimori, integrado por jueces de la Corte Suprema, emita una sentencia justa que tenga en cuenta los estándares internacionales sobre responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos".

El documento de "preguntas y respuestas" difundido por Human Rights Watch analiza la jurisprudencia internacional sobre responsabilidad penal, así como algunas cuestiones relacionadas con las pruebas presentadas por los fiscales para intentar establecer la responsabilidad de Fujimori por los asesinatos cometidos durante las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, en 1991 y 1992, respectivamente. Los asesinatos fueron perpetrados por una unidad especial compuesta por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército conocida como el destacamento Colina.

Existen numerosas pruebas, entre ellas declaraciones de miembros del destacamento Colina y otros integrantes del Ejército, que respaldan las denuncias de los fiscales sobre que Fujimori conocía y autorizaba los operativos del destacamento, y que, mediante una Ley de Amnistía, ayudó a evitar que sus miembros fueran efectivamente sancionados. Los fiscales también presentaron cuantiosas pruebas que demuestran que Fujimori participó activamente en el diseño, el desarrollo y la implementación de la estrategia de lucha contra el terrorismo en Perú, y que los operativos del destacamento Colina formaban parte de dicha estrategia.

Luego de que Fujimori eludiera a la justicia durante varios años en Japón y posteriormente en Chile, Chile extraditó a Fujimori al Perú en 2007. Desde entonces, ha sido condenado por cargos vinculados con un allanamiento ilegal. El juicio que sedesarrolla actualmente, por violaciones de derechos humanos, concluirá próximamente, yse espera que el tribunal se pronuncie en marzo. Fujimori aún enfrenta otra serie de cargos vinculados con múltiples hechos de corrupción.

Colombia: Las FARC asesinan a 17 integrantes de grupo indígena

El gobierno debe proteger y brindar asistencia a los civiles en Nariño

Febrero 10, 2009

Otros documentos: 

Más información sobre el trabajo de Human Rights Watch sobre Colombia

Estos crueles asesinatos violan los principios más básicos de la integridad y dignidad humana.

José Miguel Vivanco, Director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch

(Washington, DC) - El reciente asesinato de alrededor de 17 integrantes de la comunidad indígena Awá por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el departamento de Nariño es una clara prueba de su absoluto desprecio por la vida de los civiles y de su negativa a respetar los principios más básicos del derecho humanitario, señaló hoy Human Rights Watch.

Los informes recibidos por Human Rights Watch de fuentes confiables indican que, en los últimos días, las FARC han asesinado en Nariño a aproximadamente 17 integrantes de la etnia Awá, entre los cuales se cuentan al menos dos menores. Las denuncias indican que varias de las víctimas fueron torturadas. Los asesinatos se produjeron poco tiempo después de otros ataques que el gobierno ha atribuido a las FARC, como la detonación de una bomba en el centro de Bogotá que causó la muerte de dos civiles y varios ataques en Cali y Arauca.

"Estos crueles asesinatos violan los principios más básicos de la integridad y dignidad humana", manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "No existe excusa ni justificación válida para estos aberrantes actos".

Human Rights Watch instó al gobierno nacional y a las autoridades locales y departamentales a adoptar medidas inmediatas para ayudar a la población desplazada y a las víctimas, proteger a la población civil de Nariño y garantizar que todos los abusos cometidos en la región por grupos armados o fuerzas militares sean investigados en forma exhaustiva y sancionados.

Human Rights Watch ha visitado en varias oportunidades el departamento fronterizo de Nariño, al sur del país, donde existe una fuerte presencia de numerosos grupos armados y fuerzas militares colombianas, y donde se registra una de las más graves situaciones humanitarias y de derechos humanos de Colombia. Los territorios Awá, especialmente en los municipios de Barbacoas, Magui Payán y Roberto Payán, se han visto particularmente afectados.

La Defensoría del Pueblo, mediante su Sistema de Alertas Tempranas, había emitido anteriormente un "informe de riesgo" en el cual advirtió a las autoridades que los civiles de la región se encontraban en peligro. El 8 de enero de 2009, la Defensoría del Pueblo reiteró la advertencia, e informó que estas comunidades se encontraban en riesgo debido a que las fuerzas armadas, las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como nuevos grupos armados vinculados con los paramilitares, se estaban disputando el control de la región.

El último informe de la Defensoría advertía sobre el grave riesgo de que las FARC tomaran represalias contra los civiles de la región, a quienes acusaban de colaborar con las fuerzas militares o el ELN. Por su parte, los nuevos grupos armados que surgieron luego de la supuesta desmovilización de los paramilitares, aparentemente habrían participado en amenazas, extorsión, asesinatos selectivos de civiles a quienes acusan de estar aliados con las guerrillas, desapariciones forzadas, desplazamientos y violaciones de mujeres y niños.

Según información recibida por Human Rights Watch, la región se enfrenta actualmente a una grave crisis humanitaria. Las FARC presuntamente habrían "confinado" a algunas poblaciones, cortando todo vínculo con el mundo exterior e impidiendo el ingreso o la salida de cualquier persona. También han instalado minas antipersonales en la región. De acuerdo con fuentes de Human Rights Watch, una gran cantidad de civiles habrían sido desplazados y aún no habrían recibido asistencia significativa del gobierno.

Los hechos de violencia en Nariño han afectado en particular a civiles de los sectores más vulnerables de la sociedad, como los grupos afrocolombianos e indígenas.

Human Rights Watch instó al gobierno a que, además de tomar medidas urgentes para ayudar y proteger a los civiles, mejore su respuesta a las advertencias del Sistema de Alertas Tempranas.

"Si bien el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo suele emitir informes de riesgo muy bien elaborados que advierten sobre graves amenazas contra civiles, hemos comprobado que en muchos casos las autoridades que tienen la responsabilidad de responder no actúan a tiempo", señaló Vivanco.

Alemania: Prohibición del uso del velo viola los derechos

Restricciones estatales a la vestimenta religiosa de profesoras afectan a las mujeres musulmanas

Febrero 26, 2009

La gente debe ser juzgada en base a su conducta, no en las opiniones que se les imputan en virtud del símbolo religioso que usan. Si hay preocupaciones concretas acerca de las personas, estas deben ser abordadas mediante procesos disciplinarios ordinarios, caso por caso.

Haleh Chahrokh, investigadora en la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch.

(Berlín) – Las prohibiciones del Estado alemán al uso de vestimenta y símbolos religiosos de profesores y otros servidores civiles discriminan en contra de las mujeres musulmanas que usan velo en la cabeza, dijo Human Rights Watch en un reporte publicado hoy.

El reporte de 67 páginas, titulado "Discrimination in the Name of Neutrality: Headscarf Bans for Teachers and Civil Servants in Germany," (Discriminación en nombre de la neutralidad: Prohibición del uso del velo a profesores y funcionarios civiles en Alemania), está basado en una extensa investigación realizada en un periodo de ocho meses. Analiza las implicaciones de derechos humanos de las prohibiciones y sus efectos en las vidas de las profesoras musulmanas, incluyendo aquellas que han estado empleadas por muchos años. La investigación indica que las prohibiciones han causado que algunas mujeres renuncien a sus carreras o dejen Alemania, en donde han vivido todas sus vidas.

"Estas leyes en Alemania se dirigen claramente al uso del velo, forzando a las mujeres que lo usan a elegir entre sus empleos y sus creencias religiosas”, dijo Haleh Chahrokh, investigadora en la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch. "Estas leyes discriminan en base a género y religión y violan los derechos humanos de estas mujeres”.

La mitad de los 16 estados de Alemania (Länder) - Baden-Württemberg, Bavaria, Berlín, Bremen, Hesse, Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, y Saarland – tienen leyes que prohíben a profesoras de escuelas públicas (y a otros servidores civiles en varios estados) el uso del velo en el trabajo. Las leyes fueron introducidas en los últimos cinco años, a raíz de una sentencia en 2003 del Tribunal Constitucional de que las restricciones a la vestimenta religiosa solo son admisibles si están establecidas explícitamente en la ley. Los otros ocho estados alemanes no tienen tales restricciones.

Algunas de las leyes permiten algunas excepciones para las tradiciones culturales cristianas y “occidentales". Ninguna de las leyes atacan explícitamente el uso del velo, pero los debates parlamentarios y los documentos explicativos oficiales antes de su introducción dejan en claro que están dirigidas al uso del velo. Cada caso judicial acerca de las restricciones (el dictamen más reciente fue el 26 de enero de 2009, sobre un caso en Baden-Württemberg) ha correspondido al tema del uso del velo.
"La afirmación de que estas restricciones no son discriminatorias, no es creíble”, dijo Chahrokh, "En la práctica, la única gente afectada por estas restricciones son las mujeres musulmanas que usan velo”.

Human Rights Watch ha criticado repetidamente a gobiernos tales como Afganistán, Arabia Saudita, e Irán cuando han forzado a las mujeres a usar vestimenta religiosa. Sin embargo, leyes como las impuestas en estados alemanes, que excluyen de puestos públicos a mujeres que usan velo, contradicen los mismos estándares internacionales, socavando la autonomía de las mujeres, su derecho a la privacidad, a la libre expresión y a la libertad religiosa de una manera similar.

La investigación para el informe incluyó entrevistas con mujeres musulmanas en Alemania afectadas por esta prohibición y documenta el profundo efecto de las prohibiciones en las vidas de las mujeres. Las leyes en los ocho estados prohíben explícitamente a las mujeres que usan velo el trabajar como profesoras. A las profesoras que usan el velo se les ha ordenado quitárselo, y cuando se han negado, han sido sujetas a acción disciplinaria.

Si una profesora se niega a quitarse el velo, y posteriormente pierde en los procedimientos judiciales, corre el riesgo de perder su estado de funcionaria civil y de ser eliminada de su puesto docente. Profesoras preparadas de creencias musulmanas no pueden encontrar empleo como profesoras de escuelas públicas después de haber completado exitosamente su educación a menos que se quiten el velo.

Los oficiales estatales justifican las restricciones en base a que las profesoras tienen el deber de asegurar que las escuelas se mantengan neutrales en cuestiones de religión e ideología. Pero no hay evidencia de que la conducta de las profesoras haya violado tal deber. En lugar de eso, las prohibiciones están basadas en la noción de que el simple hecho de usar el velo pone en riesgo la neutralidad.

“La gente debe ser juzgada en base a su conducta, no en las opiniones que se les imputan en virtud del símbolo religioso que usan", dijo Chahrokh."Si hay preocupaciones concretas acerca de las personas, estas deben ser abordadas mediante procesos disciplinarios ordinarios, caso por caso".

Algunas de las maestras afectadas dijeron a Human Rights Watch que habían propuesto usar alternativas al velo, tales como gorros grandes, o portar los velos en estilos atípicos, pero estas ofertas fueron rechazadas. Como resultado de las prohibiciones, algunas de las mujeres se salieron de sus estados o de Alemania misma, mientras otras se han sentido obligadas a quitarse el velo para mantener sus trabajos, después de años de estudio e investigación para desarrollar sus habilidades. La mujeres se quejaron de sentirse excluidas y marginadas, aún cuando muchas de ellas han vivido en Alemania durante todas sus vidas.

Los defensores de las restricciones al uso del velo con frecuencia alegan que las prohibiciones protegen a las mujeres de la opresión, y les dan seguridad. Las mujeres entrevistadas por Human Rights Watch dijeron que ellas habían elegido libremente usar el velo. Aún en el caso de las mujeres que son presionadas a usar el velo, pero logran convertirse en profesoras, el bloqueo del acceso a su profesión no las protegerá de la opresión. Algunas mujeres afectadas señalaron que, lejos de darles poder, las prohibiciones ha conducido al deterioro de su posición social. En palabras de una mujer: “Mientras estuvimos limpiando escuelas, nadie tuvo un problema con el velo.”

Human Rights Watch hace un llamado a gobiernos estatales a revisar y a revocar la legislación sobre la vestimenta y símbolos religiosos y a asegurar que su legislación y procedimientos cumplan con las obligaciones internacionales de derechos humanos de Alemania. Los estados alemanes deben garantizar en particular que las regulaciones no discriminen en base a género o religión, y que la libertad de religión y expresión estén protegidas por completo.

El Director General presenta la respuesta de la UNESCO a la crisis de Gaza

• Copyright UNESCO/Niamh Burke
• Koichiro Matsuura, Director General de la UNESCO

El Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura, ha confirmado que seis proyectos de la UNESCO –cinco centrados en la educación y uno en la protección de los periodistas y la libertad de expresión– se han incluido entre los propuestos a raíz del Llamamiento de emergencia de las Naciones Unidas para Gaza, efectuado el 2 de febrero en Ginebra por John Holmes, Subsecretario General de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y Coordinador de la Ayuda de Emergencia.

Esos proyectos de la UNESCO, que totalizan una inversión de unos tres millones de dólares, fueron seleccionados a raíz de una misión de evaluación realizada en Gaza los días 1 y 2 de febrero en de 2009. La misión fue encabezada por la Jefe de la Oficina de la UNESCO para los Territorios Palestinos, Louise Haxthausen, y formaban parte de ella varios especialistas de los programas de educación y cultura de la Organización.

Los miembros de la misión de la UNESCO en Gaza entregaron a profesionales de los medios de información palestinos 16 equipos compuestos por chalecos y cascos de protección, así como por distintivos de prensa, destinados a facilitar su seguridad.

Al final de la semana pasada, el Director General informó a los representantes de los Estados Miembros de la UNESCO que los cinco proyectos de educación “tenían por objeto contribuir al restablecimiento de los servicios educativos de calidad en todos los niveles de enseñanza, y más concretamente en la secundaria y superior, a las que no se suele prestar suficiente atención en la ayuda humanitaria”.

Según los informes recibidos, siete escuelas del norte de Gaza fueron totalmente destruidas durante los combates y más de 150 escuelas primarias sufrieron daños. Todos los centros docentes del territorio permanecieron cerrados desde el 27 de diciembre hasta el 24 de enero, con lo cual más de medio millón de educandos –desde los alumnos de preescolar hasta los universitarios– se vieron privados de clase.

Se ha informado también de que la totalidad de las 14 universidades públicas y privadas de Gaza se vieron afectadas por los combates. El edificio principal de la Universidad Islámica ha quedado destruido por completo. Las bibliotecas y laboratorios de otras universidades también han sido víctimas de destrucciones, y varias instituciones docentes han tenido que lamentar la pérdida de profesores y alumnos.

El sexto proyecto de la UNESCO se centra en el reforzamiento de la seguridad y protección de los periodistas, así como en el fortalecimiento de la libertad de expresión en la franja de Gaza. Su objetivo es incrementar el acceso a la información mediante la creación de capacidades, el suministro de equipos de protección y el establecimiento de una red de apoyo a los profesionales de la prensa. Se espera atenuar el deterioro de la libertad de prensa y del acceso a la información en la franja de Gaza, sensibilizando más a los derechos de los medios de información, informando sobre las violaciones de la libertad de prensa, efectuando un seguimiento de éstas, y prestando a los profesionales de los medios informativos un apoyo psicosocial y los servicios de una “hotline”.

“En el contexto actual de esta crisis humanitaria, la preocupación principal de la UNESCO es evaluar, planificar y prestar servicios al unísono y en cooperación estrecha con los demás organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, y también con los protagonistas de la acción humanitaria no gubernamental sobre el terreno”, dijo el Director General, antes de agregar que “también se deben abordar evidentemente las importantes necesidades de la reconstrucción a largo plazo”.

En su presentación, Koichiro Matsuura hizo observar que la rápida misión de evaluación en Gaza se había realizado en el marco de la evaluación global conducida por las Naciones Unidas. Explicó que esa misión tenía por objetivo contribuir a los esfuerzos de éstas y proporcionar información concreta sobre el estado del sistema de educación y los sitios culturales de Gaza.

“Sobre la base de esta misión de evaluación, la UNESCO pulirá los proyectos que se han incluido entre los suscitados por el Llamamiento de emergencia de las Naciones Unidas y empezará a prestar asistencia a la Autoridad Palestina en la preparación del Plan de recuperación y reconstrucción de Gaza”, agregó el Director General. Este plan, centrado en las necesidades y prioridades de la reconstrucción a largo plazo, se presentará en la conferencia internacional de donantes que se ha convocado para el 2 de marzo de 2009 en El Cairo (Egipto).

Durante la reunión, el Director General comunicó su decisión de incrementar la capacidad de reacción de la UNESCO en la franja de Gaza, estableciendo una antena de los proyectos en el recinto de la oficina del PNUD, en la ciudad de Gaza, mientras dure la ejecución de éstos. También informó a los Estados Miembros de que el Consejo Noruego de Refugiados (NRC) había acordado enviar rápidamente a un especialista en educación a la Oficina de la UNESCO en Ramallah. Por último, Koichiro Matsuura anunció el desbloqueo inmediato de una suma de 165.000 dólares para iniciar las actividades oportunas en las zonas damnificadas.

“Tengo grandes esperanzas de que los Estados Miembros y los donantes respondan positivamente a esta petición urgente de ayuda financiera, para que así podamos ayudar a los habitantes de Gaza en estos momentos de gran aflicción. Pese a las limitaciones de índole política y operacional, este apoyo será fundamental para satisfacer, en nuestros ámbitos de competencia, las necesidades de emergencia y de recuperación inicial”, concluyó el Director General.