America del Sur

Uribe, en siete años, dieciocho mil desapariciones forzosas, 7163 en los dos últimos años

cinoticias.com


Se fueron de sus casas porque les habían ofrecido trabajo en el Meta y otras regiones. Desde entonces nadie ha vuelto a saber de ellos, pero sus madres han recibido llamadas amenazantes.. Les dicen que si no denuncian en la Fiscalía seguirán vivas.

Los 22 jóvenes de Engativá hacen parte de una extensa lista de desaparecidos, entre ellos los más recientes de Soacha, y sus madres rezan para que estén vivos. Pero según las estadísticas, de cada 1.000 desaparecidos solo 10 sobreviven. Además, pocos de los que tienen familiares desaparecidos logran establecer a dónde fueron a parar sus restos.

Según las estadísticas, de cada 1.000 desaparecidos solo 10 sobreviven.

Rubiela Beltrán vio por última vez a su esposo Gilberto Arias, de 45 años, el 27 de mayo de 2007. Salió de su casa de El Tunal, en el sur de Bogotá, rumbo a Soacha, donde iba a hacer un negocio de finca raíz. “Después de varios días de búsqueda una persona me dijo que lo había visto con unos hombres que lo mataron y lo tiraron a una laguna cerca de Soacha -relata Rubiela-. Me fui a buscarlo y encontré la ropita con sangre, pero el cuerpo no aparece”.

Otras familias llevan hasta 20 años de espera. Por ejemplo, la de Jorge Soto Gallo, desaparecido el 15 de julio de 1985, y la de Jaime Enrique Quintero, cuyo rastro se perdió el 1º de marzo de 1995, cuando tras presentarse en las instalaciones de la IV Brigada de Medellín para definir su situación militar, fue trasladado y desde entonces no se supo más de él.

Las desapariciones han aumentado en forma dramática entre el 1º de enero de 2007 y el 21 de octubre de 2008

Así lo refleja un informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la cual hacen parte el programa de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia, la Fiscalía, la Defensoría, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio de Defensa, la Asociación de Familiares Detenidos De-saparecidos (Asfaddes), Fondelibertad y la Comisión Colombiana de Juristas. En el período mencionado se registraron 7.763 desapariciones, de las cuales 3.090 ocurrieron este año. La Comisión estableció que del total, 1.686 fueron forzadas. Del resto nada se sabe.

Según el informe, en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres de Medicina Legal hay reportadas hasta la fecha 12.284 desapariciones, 95 de las cuales ocurrieron en octubre de este año. “No estamos hablando en todos los casos de desapariciones forzadas pero son cifras alarmantes”, sostiene Gloria Gómez, coordinadora de Asfaddes.

5.507 de las desapariciones reportadas ocurrieron en Bogotá, muy por encima de otras

Agrega que en el país se registraban antes entre dos y cuatro desapariciones cada día pero hoy la cifra puede ascender a ocho casos diarios. Lo más alarmante es que ciudades y de Cundinamarca, donde hay reportados 381 casos. “Se requiere una investigación a fondo para establecer por qué tantas desapariciones en estos dos últimos años”, advierte Gómez, quien señala que a pesar del miedo y la intimidación a las familias ha sido posible detectar el aumento.

Camilo González Posso, director de Indepaz, dice que de acuerdo con investigaciones hechas por su equipo, cinco factores inciden en el incremento de las desapariciones. El primero, positivo, tiene que ver con la creación de la Comisión, que adelanta una búsqueda activa y tiene un registro de desaparecidos que antes no existía. Los otros factores son negativos: las ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos, el reclutamiento forzado, la trata de personas y un desplazamiento invisible hacia las fronteras. “Visto en conjunto, significa que hay un deterioro de la seguridad y de una u otra manera un incremento de conflicto”, explica González

Por su parte, Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, considera que las desapariciones han reemplazado a crímenes como las masacres y los homicidios selectivos y es urgente investigar cuáles de las reportadas son forzadas. “No esclarecer los móviles y causas de esas desapariciones es otro tipo de impunidad”, dice Cepeda.

Los más vulnerables

Cualquiera puede ser víctima de desaparición pero hay sectores más vulnerables: los miembros de grupos políticos, los líderes sindicales, comunitarios o indígenas, los integrantes o ex integrantes de grupos armados, y algunos comerciantes. Y según la Comisión de Búsqueda, la población más vulnerable son los hombres entre 20 y 30 años. “Antes, la desaparición forzada tenía mucha relación con la militancia política, de izquierda o de derecha, y con ser familiar de algún insurgente -afirma Yolima Quintero, representante de víctimas en Medellín-. Hoy desaparecen a cualquiera… jóvenes, mujeres, adultos”.

Según la Comisión de Búsqueda, la población más vulnerable son los hombres entre 20 y 30 años.

Un investigador del CTI de la Fiscalía consultado, afirma que cada día desparecen enpromedio entre 20 y 25 personas y que hallarlas “es difícil si no existe un perfilclaro de por qué desaparecen, si no se sabe si se trata de un hecho criminal o de una ausencia común, es decir, si la persona decidió irse por su voluntad para no pagar una deuda, terminar una relación sentimental, huir de la casa”. Antioquia, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Santander y Valle son los departamentos que registran un mayor número de desapariciones, además de Bogotá.

Muchos casos no son denunciados porque las familias no saben cómo hacerlo o porque presumen que la persona quiso irse. Según Medicina Legal, hay 20.000 cadáveres clasificados como N..N. que no han sido reclamados porque sus familiares no se atreven a identificarlos o los siguen buscando porque los presumen vivos. “Hay un miedo a la muerte y la esperanza no se pierde -dice un médico forense de la institución-.. La familia se niega a encontrarlo muerto”.

El informe no señala responsables porque apenas está comenzando la tarea de investigar y poner en práctica el Plan Nacional de Búsqueda, cuyo objetivo es dar con el paradero de los desaparecidos, identificarlos, establecer las circunstancias y el contexto en que se dieron los hechos, determinar posibles autores, móviles y patrones criminales, lo mismo que la eventual participación de servidores públicos. Mientras tanto, más de 12.000 familias viven con la secreta esperanza de que algún día sus desaparecidos aparezcan. Aunque sea solo sus restos, para hacer el duelo y de alguna manera poner fin a su sufrimiento.

DELITO DE LESA HUMANIDAD

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y por tanto no prescribe. Constituye una violación de derechos humanos establecida en la Ley 589 de 2000 y tipificada en el Código Penal.

Es también una violación a pactos y tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana obre Desaparición Forzada, ratificadas por Colombia.


http://cinoticias.com/2009/02/13/uribe-en-siete-anos-dieciocho-mil-desapariciones-forzosas-7163-en-los-dos-ultimos-anos/

“Si no se resuelve el caso de la Unión Patriótica no será posible un acuerdo con las FARC”

Entrevista a Paco Simón, cordirector de un documental sobre el asesinato de 4.000 personas cercanas al partido Unión Patriótica

“Si no se resuelve el caso de la Unión Patriótica no será posible un acuerdo con las FARC”

Lucas Marco

Diagonal

El documental Volver a nacer reconstruye la trágica historia de la Unión Patriótica en Colombia que aglutinó a las principales fuerzas de la izquierda y a guerrilleros de las FARC tras firmar la tregua de 1984. Los buenos resultados electorales desencadenaron el comienzo del genocidio político de la UP: en menos de una década fueron asesinados unos 4.000 simpatizantes, militantes y dirigentes, la mayoría a manos de paramilitares, militares y policías. El objetivo del documental: es difundir la historia de una matanza sin la cual no es posible entender la historia reciente de Colombia.

Codirigido por Paco Simón y Óscar Bernàcer, Volver a nacer “se ha centrado en reconstruir la historia de la UP desde el exilio”. Simón pasó un año en Colombia trabajando con la ONG Reiniciar recogiendo “testimonios de la gente desplazada, recorriendo el país, en la semiclandestinidad muchas veces”. El objetivo es “difundir las consecuencias de este genocidio que, pese a su magnitud, es casi desconocido, y recoger los testimonios de los exiliados de la UP para que se presenten ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Para la realización del documental, producido por la Fundación CEPS y patrocinado por la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, “logramos localizar a 34 exiliados, de los cuales 22 se prestaron a dar testimonio para esta investigación”, explica Simón. “La persecución continúa. En Colombia es más grave pero hasta España pueden llegar las redes del paramilitarismo”, relata el periodista.

DIAGONAL: ¿Cómo surge la Unión Patriótica en Colombia?

PACO SIMÓN: El origen de la UP se sitúa en el acuerdo de tregua que firma Belisario Betancourt con las FARC. Las FARC no pretendían un desarme y volver a la vida civil sin más, sino que pretendían transformar la lucha guerrillera en una lucha política. Ese proyecto es apoyado por todas las fuerzas de la izquierda, especialmente el Partido Comunista, pero también otras, así como liberales y conservadores independientes. En cuanto empiezan a tener éxito electoral en el año 1986 (el candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, obtiene el mayor triunfo que había logrado hasta ese momento la izquierda en Colombia) se desencadena el genocidio. Éste es una articulación entre los poderes oligárquicos colombianos de toda la vida confabulados con las Fuerzas Armadas y su anticomunismo visceral, sobre todo motivado porque se pensaba que la UP era una opción real de poder. Desde entonces hasta la fecha, se calcula que han asesinado o desaparecido a 4.000 personas. Las cifras no son exactas porque precisamente muchas de las pruebas y testimonios están en los cementerios. Durante el Gobierno de Uribe, se habla de 140 asesinatos, 38 desaparecidos y 28 tentativas de homicidio. Lo más gordo del genocidio pasó, pero continúan matando a la gente por su pasado político. Esto ha llevado a mucha gente al exilio.

D.: ¿Qué supuso la UP en la reciente historia de la izquierda colombiana?

P.S.: Lo que dicen los colombianos, y yo estoy de acuerdo, es que la UP fue una esperanza de paz ahogada en sangre. En aquel momento había una ilusión y una alegría que desbordaba las plazas públicas donde se concentraban y acudía la gente que hasta entonces no había confiado en la política, mucha gente que nunca había votado. Fue la primera oportunidad que tuvo la gente de expresar libremente lo que habían pensado y sus reivindicaciones sociales y políticas que hasta entonces habían sido calladas por la fuerza, y de romper el bipartidismo, en tanto que liberales y conservadores ocupaban todos los cargos públicos y la gente de la izquierda estaba al margen o tenía que hacer coaliciones con ellos para poder obtener algún tipo de representación pública. De hecho la UP, en su programa, ya planteaba algunas cosas que llegaron a fructificar, a pesar de los asesinatos, como la elección popular de alcaldes (hasta entonces eran nombrados por los gobernadores a dedo) y la Asamblea Constituyente, una reivindicación de la UP que en el ‘91 finalmente, cuando la UP ya estaba diezmada, se convocó.

D.: ¿Qué consecuencias tuvo la brutal represión contra la UP en relación a la estrategia de las FARC?

P.S.: Esto influyó decisivamente en las FARC. Todavía se plantean cómo van a confiar en un gobierno que, cuando prometieron que se iban a reintegrar en la vida civil haciendo política, acabaron con todos ellos. Poco después del asesinato de Jaime Pardo Leal (11 de octubre de 1987), las FARC se replegaron al monte y anunciaron públicamente que ya no participaban. La UP se quedó sólo con la gente civil y siguieron exterminándolos. Mientras no se resuelva el caso de la UP y no se acabe con la impunidad que rodea al caso no habrá una posibilidad real de llegar a un acuerdo con las FARC porque tienen miedo de que vuelva a pasar lo mismo.

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Los crímenes contra la UP, ante la OEA

"En 1992 se presenta la demanda, se estudia durante cinco años y en 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide que se admite a trámite. Eso significa que se le va a pedir explicaciones al gobierno colombiano y se le va a pedir que repare y proteja a los supervivientes del genocidio. La Comisión no dice que se trate de un genocidio político porque la Convención Internacional sobre genocidio no admite las causas políticas, pero sí que dice que guarda todas las semejanzas con lo que comúnmente se denomina genocidio. En 1997 se admite a trámite y se pide, siguiendo el procedimiento del sistema interamericano de derechos humanos, que los supervivientes y sus representantes se junten con el Estado para tratar de llegar a una solución amistosa. En ese proceso se está hasta el año 2006, cuando los familiares deciden romper el proceso de solución amistosa con el gobierno por una serie de motivos, por todos los muertos que sigue habiendo y por un spot publicitario presentado por el equipo presidencial de Uribe en la campaña electoral en el que un tipo dice "Yo fui de la Unión Patriótica y nos fuimos torciendo y empezamos a matar gente. Gracias señor presidente por habernos salvado". Eso provocó la reacción de los familiares y supervivientes y decidieron romper. Ahora el caso pasará a la Corte Interamericana, que sí que dicta sentencias".

PROYECCIONES DEL DOCUMENTAL EN ENERO:

MADRID: JUEVES 29, 19h TRAFICANTES DE SUEÑOS, Embajadores 35, METRO LAVAPIES. Con la participación de militantes exilados de la Unión Patriótica.

VALENCIA: VIERNES 30 , 20:30h GRACENTRO (Plz de la santa cruz 9). Con la presencia del co-director Paco Simón.

http://www.diagonalperiodico.net/spip.php?article7212

Allanamiento y Montaje en Lo Prado contra Familia Mapuche: Invocaran Ley Anti Terrorista

colabordores anonimos hommodolars

Domingo 15 de febrero de 2009, por colaborador anonimo

El origen del montaje: El enojo de los representantes del capital por la no invocacion de la ley antiterrorista

Hace solo unos días el Ministerio del Interior despidió a Lucía González, una de sus abogadas quien el viernes no asistió a la audiencia contra Mauricio Huaiquilao quien seria formalizado por incendio terrorista contra el fundo “santa rosa” propiedad robada por el latifundista Eduardo Luchsinger a la comunidad mapuche en complacencia con el Estado Chileno. La abogada argumento que su ausencia se debía a que desde el gobierno había ordenes de no invocar dicha ley que recordemos era una de las condiciones para que la chepa bajara su huelga de hambre que duro más de 100 días. Esta ausencia de la abogada llevo a que la UDI, el partido del capital en conjunto con RN y los defensores del libre mercado que nos ha llevado a la miseria, con el esquizofrénico y paranoico Senador Espina a la cabeza cuya solución a la pobreza que genera el capitalismo el matar a los pobres, pusieran el grito en el cielo y a través de sus órganos de comunicación difundieran la mano blanda del gobierno a fin de asustar a la “opinión pública” con un discurso que era algo así como que estábamos arrojados a la voluntad de los malvados terroristas. Claro, los verdaderos terroristas, es decir, que infunden el terror (¿que mas terrorifico que sus discursis apologistas de la violencia estatal, su poder para mantener vivo un sistema podrido a costa de meternos el terror de la cesantia, de aguantarnos la explotacion por miedo a no tener para vivir?) son ellos, pero eso es tema para otro día.

Gobierno acusa recibo y produce las condiciones necesarias para ceder sutilmente a la presion

Curiosamente después de dicha situación se vuelve a efectuar otro allanamiento a una familia mapuche en Santiago, específicamente en la comuna de lo Prado. Alrededor de las 21:25 carabineros inicia un operativo en el lugar para proceder a detener a Miguel Tapia Wenulef, por su supuesta vinculación con el atentado incendiario en contra del fundo San Leandro, en Lautaro, el 12 de enero pasado. La orden era verbal y correspondía solo a detener, pero extrañamente la policía de civil entro directamente a allanar el inmueble. Fueron tres horas en las que la policía encabezada por Teniente Coronel Sergio Escobar, de la Dirección Nacional de Inteligencia de Carabineros se encontraron revisando las piezas en las cuales aparecieron mágicamente una gran cantidad de armamento: una subametralladora nueve milímetros con dos cargadores, un par de granadas de guerra, municiones, materiales explosivos, pólvoras, mechas y plantas de marihuana. Decimos magicamente pues el relato de María Catrileo, una familiar que estaba presente es bastante esclarecedor: "Solicitamos que se nos mostrara la orden de allanamiento y detención de nuestro familiar y que nos explicaran por qué estaban procediendo de esa forma, no siendo escuchado y recibiendo como respuesta insultos y amenazas. Los hombres fueron reducidos en forma violenta sin resistencia por parte de ellos, los niños fueron violentados sicológicamente en forma agresiva y prepotente, las mujeres fueron insultadas, amenazadas y aisladas de los hombres. En el momento del allanamiento a nuestra morada se encontraban cinco niños entre los cuales se encontraba un recién nacido de 20 días, además de otros de 5, 8, 12 y 14 años de edad. También se encontraban seis mujeres, dos de ellas con problema de salud. Los hombres eran cinco, encontrándose entre ellos MIGUEL el que fue reducido violentamente, tirándole del pelo para luego azotarlo violentamente contra el suelo; Mientras le apuntaban a la cabeza con un arma de grueso calibre, situación que sufrieron también los demás hombres que se encontraban en el domicilio. Posterior a esto y sin recibir ninguna respuesta a lo que sucedía, procedieron allanar cada una de las habitaciones de nuestra casa. Manteniéndonos fuera de ella a todo nuestro núcleo familiar. Entre los uniformados se encontraban además agentes de civil. De los cuales parte de ellos ingresaron con mochilas, dos maletines negros y otro plomo. En la habitación de MIGUEL (una pieza de 3X3 Mts) había aproximadamente unos 15 efectivos, los cuales no encontraron nada. En el momento que se retiraban de la pieza se queda en el interior la oficial que dirigía esta operación, exclamando: “¡Aquí está lo que buscamos! el capitán va a estar contento” y vuelven a ingresar los efectivos que en ese momento ya se estaban retirando y anuncian la aparición repentina del armamento buscado. Debemos denunciar que además nos robaron dinero, herramientas de trabajo, dos CPU, jabas de bebidas y tiras de tubo de pvc (que se iban a utilizar para trabajo de alcantarillado), pidiéndole al Oficial a cargo que nos explicara el porqué estaban requisando estos materiales, el cual nos respondió que era una orden directa de la Jueza de Garantía de Lautaro. Siendo las 3:25 hrs de la madrugada deciden retirarse, luego de haber obligado bajo amenaza e insulto (tratando de “indias” a las mujeres y de “huachos” a los niños) a firmar un papel que reconocía la posesión de los materiales incautados, entre los cuales se encontraba una sub-ametralladora, explosivos y material balístico, todo de supuesta pertenencia de MIGUEL. "

Más de tres horas para ejecutar una orden de detencion que habria emanado del Ministerio Publico que investigaba a Miguel por porte ilegal de armas de guerra, asociación ilícita y otros cargos que podrían configurarse en el curso de la investigación, siendo trasladado la tarde del día viernes a Lautaro donde se le imputa otros delitos

Los medios y sus dueños satisfechos: Por fin consenso en el bloque dominante que lucha mapuche=terrorismo

Según “La Nación” : “en el registro del domicilio del imputado se encontraron municiones, una subametralladora nueve milímetros, granadas de guerra, detonadores, pólvora y 18 plantas de cannabis sativa” El armamento fue presentado con bombos y platillos a una prensa que le caía la baba al ver armas en poder del enemigo, encontrando por fin una buena razón para escribir lo que sus jefes le piden: “ley antiterrorista ahora!”

No tuvieron ni que redactar aquello para que el día de hoy el gobierno anunciara que "Vamos a aplicar la ley vigente que corresponda aplicar en una situación como ésta, en la que se ha encontrado armamento pesado. Si es la Ley Antiterrorista, se aplicará la Ley Antiterrorista, sin vacilación de ninguna naturaleza" . ¿La razón? Por una parte el supuesto allazgo de las armas "cambia el foco de atención de lo que hemos venido haciendo hasta ahora", en estricta sumision a los mensajes de la derecha a traves de sus organos propagandisticos (prensa) que promovian la aplicacion de esta ley y que tenia entre la espada y la pared al gobierno. Necesitaban la excusa. La policia la coloco justo ahi. De esta forma el gobierno y la justicia bajo el manto de un discurso de proteccion a la poblacion ante el hallazgo de armas que serian utilizadas para generar terror, deja a entrever que con "poblacion" se refiere a las forestales y latifndistas pues dudamos que la población le de terror que se queme infraestructura o teman por sus vidas si no han usurpado nada a nadie. Los únicos que pueden sentir temor son los que saben que están usurpando territorio para usufructuar de él a costa de exterminar cualquier intento de reconstruir la nación mapuche.

Al mismo tiempo el ministro subrogante decía no entender la solicitud de asilo político que la menor mapuche Relmutray Cadin, hija de la lonko Juana Calfunao, hizo a Suiza ya que “existe Estado de Derecho, se respetan las libertades públicas, no existen presos políticos ni tampoco se violan los derechos humanos”. (JA!) Asunto risible ante la evidente guerra que el Estado está realizando contra aquellos que saben que para mantener viva su cultura necesitan de su territorio en manos de capitales que los explotaran hasta dejarlos inutilizables.

La situación es clara: se viene una crisis y año electoral. El gobierno ha optado por movimientos que no se veían desde la dictadura (recordemos que los últimos montajes eran con bombas molotov….y decimos montajes porque la misma justicia burguesa no encontraba suficientes los argumentos para declarar que esas “pruebas” pertenencia efectivamente a los imputados) en tanto estamos ante la presencia de armamento.

Sobre el montaje y su necesidad para el poder. Sobre porque afirmar esto no debe confundirse con victimizarnos

Sabemos que la teoría del montaje es intentada ser desgastada al verla como justificación y poco menos declaración que “somos inocentes”. Es necesario aclarar aquello. Cuando los luchadores sabotean la normalidad del capital jamás diremos que son “inocentes”. No. Somos culpables para ellos de querer destruir todo lo que nos oprime. Pero cuando su policía es incapaz de dentro de su propios parametros encontrar razones para encarcelar, denunciamos como recurre en la desespercion a realiza situaciones tan pateticas como allanar sin orden durante tres horas para colocr un armamento poderoso. Una vez más vemos como nuestro enemigo es vulnerable y debe recurrir a crear artificialimente situaciones para poder mantener con vida su podrido capitalismo. Esto es distinto a cuando hermanos caen en accion. Ahi no nos victimizamos ni hablamos de montaje. Pero cuando no es asi, vemos que el enemigo no es capaz de hacer su tarea…es que podemos pasar a la ofensiva y no amedrentarnos ni atemorizarnos con sus operaciones de “de inteligencia”. Pero esto debe tenernos mas abiertos los ojos: cuando nos quieran caer,lo haran con o sin razon. Mayor razon para no confiar en su institucionalidad ni dejar que las luchas sean absorvidas por la misma.

Noticia en desarrollo. Puede haber errores en los nombres y cosas así. Avisarnos en dicho caso.

Fuente: Balas Contra Piedras-Prensa Opal

Venezuela: ¿Con qué partido compite el PSUV? Encuestas dicen que con "Ninguno"

La última encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD), no encargada por el Gobierno, sino por varios grupos económicos y algunos actores de la oposición, además de atribuir un 66,5% de aprobación al presidente Chávez y una intención de voto en favor de la enmienda de un 54,6%, arroja datos contundentes sobre el panorama político del país.

Prensa Web YVKE (Patricia Rivas), ABN

Domingo, 8 de Feb de 2009. 5:03 pm

El apoyo a los distintos partidos que registra esta encuesta es de un 41,6% a favor del PSUV. A casi 9 puntos porcentuales, el segundo lugar no es, curiosamente, para ninguno de los partidos de la oposición venezolana, sino para "Ninguno", que registra un apoyo del 32,8%.

La representatividad de los partidos de la derecha venezolana ha quedado reducida al 5,4% de apoyo que registra Un Nuevo Tiempo, el 4,6% de Acción Democrática o el 4,2% de Primero Justicia. Sumando el apoyo que registran los diez partidos opositores nacionales, no alcanzan a sumar ni la mitad del 41,6% de respaldo con que cuenta el principal (que no el único) partido político de la revolución bolivariana.

La paradoja que se está registrando durante la presente campaña electoral de cara al referéndum aprobatorio de la enmienda constitucional en la República Bolivariana de Venezuela, es que los resultados de las encuestadoras, incluyendo las que tradicionalmente han incluido un sesgo favorable a la oposición, como Datanálisis o IVAD, están siendo silenciados por los medios de comunicación privados, al coincidir todas en que la opción del Sí cuenta ya con el respaldo mayoritario del electorado, con una tendencia al crecimiento sobre la que hay unanimidad.

“La opción del Sí está ganando dicen el Instituto Venezolano de Análisis de Datos (Ivad) y Datanálisis, encuestadoras que que son y siempre han trabajado para la oposición”, expresó el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información (Minci), Jesse Chacón.

El jefe del despacho de comunicación recordó este domingo en el espacio "Dialogo con", transmitido por Televen, que las referidas empresas fueron utilizadas por la oposición para escoger sus candidatos de cara a las elecciones regionales realizadas en el país el 23 de noviembre de 2008.

En el caso del Ivad, Chacón señaló que la opción del Sí supera por apróximadamente 9 puntos a la opción del No (54, 6% a 45,5%), según un estudio realizado por esta organización entre 13 y el 20 de enero del año en curso.

El director de Datanálisis, Vicente de León, reconoció, según lo expresado por Chacón, el crecimiento de 14 puntos experimentado por la opción del Sí y la reducción de 4 puntos del No, hecho ocurrido entre diciembre de 2008 y enero de 2009.

Jesse Chacón se refirió a los números que maneja la encuestadora Grupo de Investigación Social XXI (GIS XXI), de Nelson Merentes, al respecto explicó:“Si bien es cierto que Merentes viene de nuestras filas , todo el mundo reconoce la calidad de sus trabajos y en este caso nos da entre 10 y 12 puntos de ventaja”.

Aseguró que a pesar de las cifras, no quieren caer en triunfalismos y dijo:”Hasta ahora lo que estamos midiendo es percepción, nadie gana elecciones con encuestas y la verdad será el 15 de febrero”.

El próximo domingo más de 16 millones de venezolanos están convocados a expresar su voluntad política en torno a la propuesta de enmienda constitucional que permitirá a todos los representantes electos por votación popular postularse de manera sucesiva para esos cargos y cuya reelección dependerá exclusivamente de la voluntad del pueblo venezolano.

Ecuador: La dignidad de Rafael Correa frente a Estados Unidos

Decio Machado

Rebelión

 Desde la mañana del sábado 7 de febrero, corren las 48 horas otorgadas por el presidente Rafael Correa a su canciller, Fander Falconí Benítez, para que proceda a la expulsión de territorio ecuatoriano del agregado de la embajada norteamericana, Armando Astorga (quien ha ejercido hasta la fecha el cargo de agregado estadounidense para asuntos migratorios, de seguridad y aduana) , tras tener notificación de una carta enviada por este a la Comandancia General de la Policía Local.

La carta, cuya fecha es del 8 de enero, fue dirigida al General Jaime Hurtado, Comandante de la Policía del Ecuador, e indicaba la finalización del entendimiento del apoyo logístico y operativo brindado al Centro de Operaciones Anti Contrabando –COAC-, de la Dirección Nacional de Inteligencia (DGI) de la policía nacional a partir de su recepción. Uno de los proyectos por los cuales se ha mantenido y desarrollado la lógica de dependencia histórica del Ecuador con respecto a la política norteamericana contra el tráfico ilegal de personas y estupefacientes.

La terminación de dicho acuerdo entre los EE.UU. y Ecuador, se dio consecuencia de que el gobierno ecuatoriano rehusó a que fuese la embajada de los Estados Unidos la que calificase al personal de la unidad policial encargada, así como que fuesen quienes designasen a su Comandante. El gobierno ecuatoriano, a través de su Ministerio de Gobierno y del propio presidente de la República, ya había anunciado a la embajada norteamericana que esta situación significaba una clara renuncia a la soberanía nacional y que desde la llegada del gobierno de la “revolución ciudadana” –desde dos años- este tipo de lógicas habían cambiado.

En el programa radiotelevisivo de la mañana del sábado, utilizada por el presidente Correa para su rendición de cuentas semanales a la ciudadanía de su país, este rechazó la decisión del diplomático norteamericano al indicar que es potestad de los mandos policiales del Ecuador, calificar a su personal y evidentemente a su Comandante, indicando que ya le había dado orden al general Hurtado de que terminara con la práctica anterior. Correa calificó la carta como “insolente” e indicó que dichas prácticas se habían terminado en su gobierno.

De esta manera el mandatario ecuatoriano alineaba su postura con la nueva Constitución aprobada por el país el pasado 28 de septiembre, en la cual se deja constancia de que en el Ecuador, "la soberanía radica en el pueblo, cuya volundad es el fundamento de autoridad, y se ejerce a través de los órganos de poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución".

La carta enviada por Astorga, solicita que como consecuencia de la decisión tomada por el gobierno del Ecuador de dar por terminado el acuerdo anteriormente existente, también quedan suspendidos 340.000 dólares anuales de apoyo logístico y operativo otorgado por el gobierno norteamericano al COAC. De igual manera, en la misiva norteamericana, se indica que todos los activos, vehículos, muebles de escritorio, cámaras fotográficas y motocicletas entregadas a la COAC, sean devueltas de manera inmediata.

En este sentido, Rafael Correa indicó: “Señor Astorga, quédese con su sucio dinero, no lo necesitamos, aquí hay soberanía y dignidad, quédese con sus 340.000 dólares, majadero insolente”. Con respecto a la infraestructura demandada por Astorga, el presidente ecuatoriano ordenó al Comandante de la Policía que devuelva a las autoridades norteamericanas hasta el último centavo entregado por los gringos de manera inmediata. “Devuélvale hasta el último centavo que este señor haya dado, devuélvale hasta el último borrador, mañana mismo, que se queden con sus cosas, Ecuador no necesita la caridad de nadie”, sentenció el presidente Correa.

De forma similar, el Jefe de Estado rechazó los condicionamientos del funcionario de la embajada de los Estados Unidos a que la decisión del Gobierno Nacional sea revisada, con el fin de contribuir con 160.000 dólares anuales. En este sentido, el lunes será entregada una comunicación a la embajada donde se indicará que el Ecuador no requiere de los 340.000 dólares ni de los 160.000 dólares anuales que EE.UU. iba a otorgar para apoyo logístico y operativo a la unidad nacional contra la trata de personas.

El presidente Correa indicó que en la carta que el Ecuador enviará a las autoridades norteamericanas, propondrá “una donación a Estados Unidos de 160.000 dólares anuales para proyectos que tengan como fin evitar la tortura en los Estados Unidos”, denunciando de esta manera que “se está torturando en cárceles como la de Guantánamo”.

“Estos señores no saben con quién están tratando”, señaló Correa, indicando que recientemente la embajadora de los EE.UU., Heather Hodges, le había solicitado que tras la salida de los norteamericanos de la base de Manta –hecho que se desarrollará en este año en cumplimiento del artículo 5 de la Constitución en la cual se indica que "No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares" en territorio ecuatoriano-, se permitiera el aterrizaje de aviones de control antidrogas en el suelo ecuatoriano con el fin de poder hacer repostaje.

En referencia a esto, el primer mandatario ecuatoriano indicó que aceptaba la petición de la embajadora con la condición de: “Que nosotros tendremos que calificar a los pilotos de esos aviones para que no nos metan ningún delincuente en nuestro país”, y prosiguió, “nosotros calificaremos a los pilotos, si no, aquí no aterriza ningún avión norteamericano”.

Al finalizar, el presidente Correa, sostuvo que Estados Unidos debe “perder las esperanzas” de que su gobierno revise su posición respecto a ese acuerdo con Washington, porque “mientras esté el gobierno de la revolución ciudadana, las circunstancias no cambiarán, (…), estamos no en una colonia norteamericana, sino en una país digno y soberano”.

Fuentes de la embajada norteamericana en el Ecuador indican que el funcionario expulsado por Correa no se encuentra en el país desde finales del mes de enero.

http://jbcs.blogspot.com/2009/02/para-rafael-correa-la-dignidad-y-la.html

Kirchner financia el desarrollo industrial-militar de Israel

APEMIA

Argenpress

25-01-2009

En los primeros días de guerra, el gobierno de Cristina promulgó la Ley 26.437 para “desarrollar y fortalecer la cooperación económica, industrial, tecnológica y comercial entre Argentina e Israel”.

Después de 22 días de bombardeos sistemáticos sobre la población de Gaza, tanto el Secretario de las Naciones Unidas como los líderes de Europa y los principales países árabes dicen estar dolidos y consternados ante lo “desgarrador” de la masacre. En sus declaraciones a la prensa, reclaman la formación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de guerra y el genocidio. Pero son ellos mismos quienes lo dejan pendiente y sin fecha después de haber sido incapaces de evitar la agresión.

Conviene recordar que frente al generalizado repudio nacional y la movilización internacional de los primeros días, el gobierno nacional ensayó ser “equidistante” de agresores y agredidos. Encajaba en el discurso y complicidad internacionales del Consejo de Seguridad de la o­nU y de los principales mediadores. Salió en defensa del “derecho” internacional y no en defensa de las víctimas, en momentos en que Israel violaba el derecho humanitario y todos los acuerdos internacionales previos en materia de guerras, siendo denunciada por el ensayo de nuevas tecnologías en base a tungsteno y el uso de bombas prohibidas por todas las convenciones: uranio empobrecido, fósforo blanco, de fragmentación.

Pero es poco conocido que, en los primeros días de guerra, la acción del gobierno de Cristina Kirchner pasó de las palabras al compromiso material con el Estado de Israel. El gobierno promulgó la Ley 26.437 (13/01/09) para “desarrollar y fortalecer la cooperación económica, industrial, tecnológica y comercial entre Argentina e Israel” con el objetivo explícito de dar apoyo financiero a los proyectos de “cooperación en la investigación y el desarrollo industrial y tecnológico en el sector privado”, definiendo así a “las actividades que tiendan a desarrollar productos nuevos, procesos o servicios para comercializarse en el mercado global”.

Todo ello a condición de mantener –según reza el texto - el secreto y la confidencialidad incluso sobre los resultados obtenidos en los Programas financiados.

Bajo estas condiciones de ‘secreto de Estado’ ajenas a la actividad científica y no habiendo una tradición de colaboración científica entre ambos países, será un hecho que la Ley termine financiando proyectos basados en las industrias de la guerra y la “seguridad”, en áreas donde Israel es una reconocida potencia tecnológica mundial.

La ley cumple con recientes promesas del gobierno de Cristina y declaraciones de su Ministro de Ciencia y Tecnología de considerar las políticas de Israel en general como "ejemplo que tomamos muy en cuenta a la hora de decidir nuestras políticas de estado" (declaración a la Agencia Judía de Noticias, 25/11/08). Sus funcionarios elogiaron “el modelo que tienen (en Israel) de gestión privada de los conocimientos producidos en la universidad, sobre todo para nosotros que buscamos articular ambos sectores para mejorar y cambiar el modelo productivo de nuestro país.”

Asociado al complejo militar y de seguridad de Israel, el gobierno nacional pretende superar así la crítica por la “ausencia de proyectos estratégicos” o por ser ajenos a la actividad científica y de equipos (Clarín 18-09-08).

El Poder Ejecutivo y el Legislativo, que reducen el presupuesto para la educación pública y para los proyectos de investigación científica en nuestro país, se pasaron de una hipócrita y diplomática “tercera posición” frente a la guerra, a otra de financiar proyectos privados para asociarse a las iniciativas del complejo industrial militar y/o de servicios del Estado de Israel, sin poner límites para aquellos proyectos que son materia de seguridad y/o agresión en curso. Las únicas condiciones son las de “proteger la confidencialidad” -con garantías equivalentes de Secreto de Estado- y que los proyectos sean “para comercializarse en el mercado global”.

El acuerdo de cooperación “científica” nació en el marco del historial de mutuo encubrimiento que durante años sostuvieron la relación entre los Estados de Israel y Argentina. Cuando Kirchner puso el caso AMIA al servicio de la guerra en Medio Oriente acusando a Irán, Livni firmó el acuerdo felicitando a la justicia y al gobierno argentino por sus “avances” en la supuesta investigación del atentado (Clarín 17/11/06).

El Estado nacional es un socio estratégico en la política criminal de Israel y ahora financia la complicidad de su socio internacional.

El gobierno nacional que reconoció que el Estado es el principal encubridor de los terroristas que realizaron el atentado a la AMIA, pretende financiar y no ser sólo un socio político de criminales como Livni, Olmert y Barak. Fueron socios para encubrir a los asesinos de la AMIA y ahora lo son en el genocidio palestino… después de sostener que los atentados en nuestro país fueron producto del involucramiento de la Argentina en el conflicto de Medio Oriente.

La Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) suma su reclamo al de tantos miles en todo el país:

* Por el cese de la agresión del Estado de Israel contra el pueblo palestino;

* Por el retiro definitivo de las tropas israelíes de Gaza y la apertura de sus fronteras;

* Por el juicio y castigo internacionales a los responsables de los crímenes de guerra;

* Por la derogación de la Ley 26.437 y la ruptura de vínculos diplomáticos, económicos y financieros con los agresores.

“GENOCIDIO, NO”

A.P.E.M.I.A.: AGRUPACIÓN POR EL ESCLARECIMIENTO DE LA MASACRE IMPUNE DE LA AMIA

http://www.argenpress.info/2009/01/argentina-kirchner-financia-desarrollo.html

La prensa española contra Bolivia y contra la democracia

Observaciones: Prensa española contra bolivia

La prensa española contra Bolivia y contra la democracia
http://www.kaosenlared.net/noticia/prensa-espanola-contra-bolivia-contra-democracia

Tras leer los editoriales de la prensa española sobre el referéndum en Bolivia, llegamos a la conclusión de que la prensa española es contraria a la democracia.

Javier Adler (Para Kaos en la Red) 2009-01-28 00:04:19

Imaginemos que el referéndum es en España, que más de un 60% de la población la aprueba, pero que en el País Vasco y Cataluña la mayoría es contraria. ¿Diríamos que “España se aleja de la democracia”, que el resultado “divide al país”, que representa “un paso atrás para España”? ¿Aceptaríamos que País Vasco y Cataluña se sintieran “autorizados para continuar su inagotable tarea de socavar el poder central”? Pues tales son los juicios que aparecen en nuestra prensa reaccionaria cuando el caso es Bolivia y la constitución aprobada amenaza los privilegios de la oligarquía empresarial.

Dos temas dominan los editoriales. El primero es la absurda pretensión de que este referéndum divide al país:

“consagra la división entre indígenas y no indígenas” (El Periódico)

“ha dejado un país dividido” (La Vanguardia)

“ Morales debe abandonar su política de confrontación” (El País)

El fundamento de esta idea queda claro en el editorial del ABC:

“ es más probable que las divisiones que han quebrado la cohesión de la sociedad boliviana se vean agravadas cuando Evo Morales intente aplicar un marco legal que rechaza una parte importante de la sociedad, mayoritariamente en las ciudades y en las regiones más industriales.”

Es decir, la división no la causa la Constitución sino el rechazo a la misma por parte de esa “parte importante”, aunque minoritaria, de la sociedad. Pero esa actitud, de no aceptar lo que la mayoría de la población elige, es una actitud antidemocrática, así como la de los medios que apoyan ese rechazo.

El segundo tema es el de presentar la Constitución como una amenaza “indigenista”:

“el movimiento indígena avanza” (La Vanguardia)

“La Bolivia indígena” (El País, título del editorial)

“el caudillo indigenista boliviano Evo Morales ha logrado imponer una Constición” (ABC)

“régimen político basado en criterios socialistas, en lo económico, y racistas, en lo social.” (ABC)

“el programa indigenista de Morales” (El Periódico)

“ otorga privilegios a grupos étnicos en detrimento de otros” (La Razón)

Quien intente encontrar una mínima argumentación para esta tesis racista, la de una supuesta discriminación a favor de los indígenas, buscará en vano. Valga como ejemplo un “reportaje” de la periodista de El País Soledad Gallego-Díaz (24/1/09). En dicho reportaje, titulado “Poder indígena en la Bolivia de Evo”, la única referencia al tema es el siguiente párrafo:

“Nadie discute que la nueva Constitución, o la acción del Gobierno, esté inspirada en un vehemente deseo de integrar a los indígenas en la vida política y económica del país, de la que fueron excluidos brutalmente durante toda la historia boliviana, pese a constituir el 80% de la población, ni su deseo de mejorar el nivel de vida de esos pueblos, siempre desposeídos.”

Entonces, ¿cuál es el problema? ¿superar la “exclusión brutal” de los indígenas es el problema? ¿mejorar su nivel de vida? ¡Ética periodística!

 

La revolución boliviana ya tiene su nueva Constitución

Hugo Moldiz

La Epoca

26-01-2009
El proceso de cambio recibe el apoyo del 62% (preliminar) en un histórico pacto

La revolución boliviana obtuvo una victoria histórica, quizá la más importante de los últimos tres años, al obtener un 62 por ciento de apoyo al proyecto de Constitución, con el que se deja atrás 184 años de republica colonial y se abre paso a la construcción de una sociedad pos capitalista en la que exista igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades para todos, según resultados extraoficiales.

Con la aprobación del texto constitucional, producto de una Asamblea Constituyente secuestrada por las acciones de violencia de la oposición, Bolivia inaugura un nuevo modelo de estado de carácter plurinacional y deja atrás a un estado monocultural en la que las clases sociales se constituyeron sobre la base del color de la piel y el apellido.

Como consecuencia de lo plurinacional, que cruza transversalmente los 411 artículos de la Constitución, se reconoce, con igual jerarquía, las autonomías departamental, provincial, territorial indígena y municipal que ya existe.

El texto constitucional reconoce tres tipos de democracia: la representativa, la directa y la comunitaria, y asimismo establece una articulación entre la justicia ordinaria, de matriz occidental, y la justicia comunitaria.

El triunfo del proyecto revolucionario se registra por un arrolllador respaldo indígena-campesino y popular que pone de manifiesto el carácter clasista del enfrentamiento en Bolivia.

La población se ha empezado a volcar a las calles para festejar un triunfo del que el presidente Evo Morales, su presidente y líder, nunca había puesto en duda y que ahora deberá prepararse para encarar, en pocos meses, una próxima batalla en las elecciones generales.

De acuerdo a datos no oficiales, pero obtenidos a boca de urna, el proyecto de Constitución recibió en términos nacionales un apoyo del 62 por ciento, frente a un 36,4 que lo rechazó. Tanto el gobierno como la oposicion esperaban, sin embargo, que los resultados se modificaran conforme vayan pasando las horas.

Como preludio de una derrota y de acciones de desobediencia, los principales dirigentes de la derecha boliviana han empezado a denunciar un fraude en el referéndum constitucional que Bolivia celebró este domingo en torno a un nuevo texto constitucional que sienta las bases político-institucionales de un nuevo Estado.

Respaldados por su aparato mediático, del que algunos continuaban pasando spot de campaña por el NO en las horas de la mañana, según ha denunciado el presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), José Luís Exeni, los dirigentes del bloque opositor han iniciado una campaña para empañar el triunfo popular. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, afirmó, sin presentar prueba alguna, que "habrá fraude".

En la misma dirección, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, del gobierno liberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, pocos minutos después de emitir su voto dijo que había que estar preparados para el fraude y, violando el código electoral, llamó a votar contra el proyecto de Constitución.
 
Las observaciones de la derecha se han incrementado en las últimas horas con argumentos que van desde cuestionar la presencia de observadores internacionales de organismos como la OEA, Naciones Unidas, MERCOSUR y otros, hasta impugnar un padrón electoral del que la Corte Nacional Electoral y organizaciones internacionales especializadas en el tema han dado por confiable.
 
Estas reacciones de la oposición, que hace pocos días se sumó Jorge Quiroga del ultraderechista Podemos, han sido interpretadas por autoridades de gobierno y algunos analistas políticos como una señal de derrota y al mismo tiempo como un mensaje de futuras batallas que se tendrá que enfrentar para profundizar el proceso de cambio y transformación.
 
Las denuncias de fraude electoral se han convertido en parte de una táctica de deslegitimación que la derecha ha empleado contra los procesos populares y revolucionarios de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador.