■ Olvidados, los delitos de lesa humanidad y los miles de secuestros de campesinos
■ Las extradiciones obstaculizan la justicia, señala el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado
■ Hay 5 mil desaparecidos y 4 millones de desplazados, afirma Iván Cepeda, vocero de la organización
Sanjuana Martínez (Especial para La Jornada)
Miami, 24 de octubre. La extradición de los principales jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en mayo pasado a Estados Unidos ha dado frutos de manera expedita y clara: este mes fueron sentenciados en una corte federal de esta ciudad estadunidense Ramiro Cuco Vanoy y Francisco Javier Zuluaga, Gordolindo, a 24 y 21 años de cárcel, respectivamente, por conspiración para importar y distribuir cocaína desde Colombia, Bahamas y México, entre el 17 de diciembre de 1997 y el 30 de septiembre de 1999.
Ambos paramilitares habían sido extraditados bajo la condición de no ser condenados a cadena perpetua por delitos de narcotráfico ni ser investigados por crímenes de lesa humanidad. A Vanoy, comandante del Bloque Mineros, el Sistema de Información de Justicia y Paz le atribuye 3 mil 522 víctimas, mientras Gordolindo, jefe de los bloques Pacífico y Bolívar de las AUC, tiene 669 víctimas.
En el tribunal a cargo del juez Michael Moore surgió un silencio absoluto cuando ambos paramilitares entraron custodiados y esposados de pies y manos, luciendo uniformes carcelario beige y rostros extremadamente pálidos. No había familiares de las víctimas que reclaman justicia en Colombia, solamente estaban allegados a ambos procesados cubiertos de ostentosos trajes y joyas, con quienes intercambiaron sonrisas.
“Quiero expresar a la corte, al gobierno de Estados Unidos y a mi familia mi arrepentimiento y remordimiento por mi conducta delictiva”, dijo Vanoy cuando el magistrado le cedió la palabra, mientras que Zuluaga señaló: “Acepto con humildad la sentencia que usted disponga”.
La actitud sumisa de ambos condenados contrasta con sus historias criminales. Ninguno de los dos ofreció perdón a las víctimas de crímenes de Estado, por el contrario, ambos mostraron su satisfacción por su futura permanencia en las cárceles de Estados Unidos y por el acuerdo entre ambos gobiernos que les da impunidad.
“Estas extradiciones obstaculizan la justicia con relación a los crímenes de lesa humanidad y sólo tienen un carácter muy claro sobre narcotráfico”, dijo a La Jornada Iván Cepeda, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice). “Las sentencias dejan impunes las miles de desapariciones forzadas, los millones de desplazamientos, la usurpación de tierras a miles de campesinos; y nada tienen que ver con un proceso de verdad sobre quienes son aliados y jefes políticos y económicos de los paramilitares”.
En Colombia hay más de 140 mil víctimas de la violencia del Estado, 5 mil desaparecidos y 4 millones de desplazados, “por tanto cualquier lectura para presentar estas extradiciones y las primeras sentencias como avance en materia de verdad y justicia no la compartimos, por el contrario, vemos que con estas extradiciones y sentencias se ha cortado abruptamente un proceso de justicia que mal que bien se lleva a cabo en Colombia y para el cual son indispensables las confesiones de estos señores”.
La extradición en mayo pasado de 14 jefes paramilitares –incluidos algunos de los más sanguinarios, como Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo, Rodrigo Tovar Pupo Jorge 40, Manuel Torregrosa o Juan Carlos Sierra, El Tuso– coincidió precisamente con un proceso judicial en torno a los crímenes de lesa humanidad, que quedó interrumpido en cada uno de los casos sentenciados y en aquellos que todavía esperan condena en tribunales estadunidenses.
–Todo parece indicar que existe un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para ofrecer impunidad a estos señores.
–Efectivamente aquí hay acuerdos cuyo contenido aún no conocemos y que están funcionando, y, por el contrario, no se están produciendo los anuncios de ambos gobiernos de que se iba a presentar una cooperación judicial para que pudiese desarrollarse el proceso de justicia y paz en Colombia. Estos señores fueron extraditados hace cinco meses y en ese lapso no ha habido ningún acuerdo de cooperación judicial. Vamos a ver qué tipo de negociaciones va a haber en el futuro entre paramilitares y la justicia estadunidense.
La Comisión de Juristas Colombianos envió cartas al juez Michael Moore y al fiscal Michael B. Mukasey para que rechazaran los acuerdos de culpabilidad de ambos paramilitares con la fiscalía estadunidense, celebrados en julio pasado, pero sus peticiones no fueron tomadas en cuenta.
Al final de la audiencia judicial que condenó a ambos paramilitares el 10 de octubre, el fiscal colombiano Luis González dijo que los dos ultraderechistas manifestaron su deseo de colaborar con el proceso de justicia y paz desde Estados Unidos. “Se haría vía teleconferencia y se les va a seguir juzgando allá simultáneamente, mientras cumplen condenas aquí”, dijo.
Sin embargo, Leif Fernández, abogado de Vanoy, afirmó lo contrario: “Hasta antes de la sentencia Vanoy continuaba expresando su deseo de colaborar con la ley de justicia y paz, pero después de la sentencia está reconsiderando si continúa, ya que tiene 60 años y los 26 años de cárcel equivalen a cadena perpetua por su edad, y no tendría sentido seguir colaborando con el proceso colombiano”.
La llamada desmovilización de los paramilitares comenzó en 2006 con la ley de justicia y paz. El acuerdo implicó que quienes confesaran sus asesinatos pudieran recibir condenas de cinco a ocho años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Vanoy se desmovilizó el 20 de enero de 2006 con 2 mil 790 hombres, mientras que Zuluaga es considerado por las autoridades colombianas un narcotraficante que simplemente pagó a las AUC para implicarse con los paramilitares y así beneficiarse de los acuerdos de justicia y paz.
Vanoy creó el Bloque Mineros en 1980 para supuestamente combatir a las guerrillas, pero después su grupo se transformó en un escuadrón de la muerte y estuvo ligado al cártel de Medellín dirigido por Pablo Escobar. Comenzaron en mayo de 2007 las audiencias de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz para informar a familiares de las víctimas, pero las sesiones fueron suspendidas con su extradición a Estados Unidos.
En abril pasado el jefe paramilitar admitió haber cometido más de 150 crímenes y en las audiencias dijo a una madre que el cuerpo de su hijo había sido arrojado a un río, mientras otra mujer que encontró sólo una pierna de su hijo le reclamaba el cuerpo.
En el caso de Gordolindo, el Movice lo considera autor intelectual de una de las históricas agresiones contra indígenas, conocida como la “masacre del Naya”.
“Queremos la verdad sobre los crímenes. Queremos saber quién está detrás de ellos y quien los ordenó”, dijo Cepeda. “Con estas sentencia se escapa la posibilidad que haya verdad y justicia”.
–¿Qué posibilidad queda a las víctimas para conocer el paradero de sus seres queridos o para obtener justicia por los asesinatos y el robo de tierras?
–Estas extradiciones de facto obstruyen totalmente esa posibilidad. Lo que hacemos es apelar a los abogados en Estados Unidos para que nos representen, a fin de buscar la verdad en condiciones tan difíciles en esos tribunales”.
–¿Con esto dan por fracasado el proceso de justicia y paz?
–El presidente (Álvaro Uribe) está haciendo esfuerzos para acabar con esos procesos en la llamada parapolítica y ha atacado de manera personal a los magistrados de la corte (colombiana). Esto atenta gravemente para poder acabar con la muralla mafiosa que tienen los paramilitares de las instituciones políticas de Colombia.
–¿Hasta donde llegan los nexos de los paramilitares con el gobierno de Uribe?
–Al más alto nivel. No es secreto que en la coalición de gobierno se han presentado muchos casos de personas muy ligadas al presidente que son investigadas y condenadas. Por tanto, apelamos a mecanismos internacionales para neutralizar los esfuerzos de ambos gobiernos para obstaculizar la justicia y la verdad a las víctimas.
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