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America del Sur

Equipos de inteligencia colombianos serán operados por la Policía Nacional

Tras la denuncias por escuchas ilegales por parte del servicio de inteligencia de Colombia, el presidente Álvaro Uribe anunció que la Dirección Administrativa de Seguridad (DAS) no podrá interceptar llamadas.


Los equipos de esa dependencia sólo podrán ser utilizados bajo orden judicial y operados por la Policía Nacional.

Así lo anunció en rueda de prensa el primer mandatario colombiano, Álvaro Uribe, principal acusado por los casos de espionaje en la DAS.

Ese organismo funciona bajo las órdenes del Presidente y está siendo investigado por venta de información recopilada a través de mecanismos ilegales.

Sin embargo, es el propio Gobierno que lleva adelante las investigaciones a través del recientemente designado director de la DAS, Felipe Muñoz.

El presidente colombiano sostuvo también que los problemas en el servicio de inteligencia del Estado responden a cuestiones de "competencia y corrupción".(PÚLSAR)


Evo Morales denuncia “gran infiltración” de la CIA en Bolivia

Evo Morales denuncia “gran infiltración” de la CIA en Bolivia


El presidente boliviano presentó las pruebas documentales que dan cuenta de la intromisión por parte de la agencia estadounidense de inteligencia en la empresa estatal de petróleos del país andino.


Evo Morales reiteró que la compañía Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue intervenida con la intención de hacer fracasar la nacionalización de los hidrocarburos.

El mandatario brindó un detallado informe en el que señaló al ex-policía boliviano, Rodrigo Carrasco, que se desempeñó como Gerente de Comercialización de la estatal petrolera, como uno de los infiltrados.

Según informó la red boliviana Patria Nueva, el presidente Evo Morales explicó que Carrasco fue entrenado por la CIA para infiltrarse en la petrolera boliviana.

Detalló que incluso recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas y agregó que "el pueblo boliviano sabe qué era esa Escuela de las Américas".

El primer mandatario boliviano también informó que él mismo le pidió al ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, que desvincule a Carrasco, pero esa solicitud no fue atendida.(PÚLSAR/Patria Nueva)


rt
25/02/2009

Perú: Inminente sentencia en el caso Fujimori

El juicio contra el ex presidente peruano por violaciones de derechos humanos concluirá próximamente
Febrero 23, 2009

El juicio de Fujimori, un ex jefe de estado, ha sido un acontecimiento sumamente positivo en materia de justicia internacional y rendición de cuentas por crímenes de derechos humanos. Esperamos que el tribunal que juzga a Fujimori, integrado por jueces de la Corte Suprema, emita una sentencia justa que tenga en cuenta los estándares internacionales sobre responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos".

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch

El juicio del ex presidente peruano Alberto Fujimori por violaciones de derechos humanos se ha desarrollado de manera imparcial y exhaustiva, señaló hoy Human Rights Watch. Human Rights Watch difundió un documento de ocho páginas de "preguntas y respuestas" sobre el caso y los estándares internacionales aplicables.

"El juicio de Fujimori, un ex jefe de estado, ha sido un acontecimiento sumamente positivo en materia de justicia internacional y rendición de cuentas por crímenes de derechos humanos", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Esperamos que el tribunal que juzga a Fujimori, integrado por jueces de la Corte Suprema, emita una sentencia justa que tenga en cuenta los estándares internacionales sobre responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos".

El documento de "preguntas y respuestas" difundido por Human Rights Watch analiza la jurisprudencia internacional sobre responsabilidad penal, así como algunas cuestiones relacionadas con las pruebas presentadas por los fiscales para intentar establecer la responsabilidad de Fujimori por los asesinatos cometidos durante las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, en 1991 y 1992, respectivamente. Los asesinatos fueron perpetrados por una unidad especial compuesta por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército conocida como el destacamento Colina.

Existen numerosas pruebas, entre ellas declaraciones de miembros del destacamento Colina y otros integrantes del Ejército, que respaldan las denuncias de los fiscales sobre que Fujimori conocía y autorizaba los operativos del destacamento, y que, mediante una Ley de Amnistía, ayudó a evitar que sus miembros fueran efectivamente sancionados. Los fiscales también presentaron cuantiosas pruebas que demuestran que Fujimori participó activamente en el diseño, el desarrollo y la implementación de la estrategia de lucha contra el terrorismo en Perú, y que los operativos del destacamento Colina formaban parte de dicha estrategia.

Luego de que Fujimori eludiera a la justicia durante varios años en Japón y posteriormente en Chile, Chile extraditó a Fujimori al Perú en 2007. Desde entonces, ha sido condenado por cargos vinculados con un allanamiento ilegal. El juicio que sedesarrolla actualmente, por violaciones de derechos humanos, concluirá próximamente, yse espera que el tribunal se pronuncie en marzo. Fujimori aún enfrenta otra serie de cargos vinculados con múltiples hechos de corrupción.

Colombia: Las FARC asesinan a 17 integrantes de grupo indígena

El gobierno debe proteger y brindar asistencia a los civiles en Nariño
Febrero 10, 2009

Estos crueles asesinatos violan los principios más básicos de la integridad y dignidad humana.

José Miguel Vivanco, Director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch

(Washington, DC) - El reciente asesinato de alrededor de 17 integrantes de la comunidad indígena Awá por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el departamento de Nariño es una clara prueba de su absoluto desprecio por la vida de los civiles y de su negativa a respetar los principios más básicos del derecho humanitario, señaló hoy Human Rights Watch.

Los informes recibidos por Human Rights Watch de fuentes confiables indican que, en los últimos días, las FARC han asesinado en Nariño a aproximadamente 17 integrantes de la etnia Awá, entre los cuales se cuentan al menos dos menores. Las denuncias indican que varias de las víctimas fueron torturadas. Los asesinatos se produjeron poco tiempo después de otros ataques que el gobierno ha atribuido a las FARC, como la detonación de una bomba en el centro de Bogotá que causó la muerte de dos civiles y varios ataques en Cali y Arauca.

"Estos crueles asesinatos violan los principios más básicos de la integridad y dignidad humana", manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "No existe excusa ni justificación válida para estos aberrantes actos".

Human Rights Watch instó al gobierno nacional y a las autoridades locales y departamentales a adoptar medidas inmediatas para ayudar a la población desplazada y a las víctimas, proteger a la población civil de Nariño y garantizar que todos los abusos cometidos en la región por grupos armados o fuerzas militares sean investigados en forma exhaustiva y sancionados.

Human Rights Watch ha visitado en varias oportunidades el departamento fronterizo de Nariño, al sur del país, donde existe una fuerte presencia de numerosos grupos armados y fuerzas militares colombianas, y donde se registra una de las más graves situaciones humanitarias y de derechos humanos de Colombia. Los territorios Awá, especialmente en los municipios de Barbacoas, Magui Payán y Roberto Payán, se han visto particularmente afectados.

La Defensoría del Pueblo, mediante su Sistema de Alertas Tempranas, había emitido anteriormente un "informe de riesgo" en el cual advirtió a las autoridades que los civiles de la región se encontraban en peligro. El 8 de enero de 2009, la Defensoría del Pueblo reiteró la advertencia, e informó que estas comunidades se encontraban en riesgo debido a que las fuerzas armadas, las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como nuevos grupos armados vinculados con los paramilitares, se estaban disputando el control de la región.

El último informe de la Defensoría advertía sobre el grave riesgo de que las FARC tomaran represalias contra los civiles de la región, a quienes acusaban de colaborar con las fuerzas militares o el ELN. Por su parte, los nuevos grupos armados que surgieron luego de la supuesta desmovilización de los paramilitares, aparentemente habrían participado en amenazas, extorsión, asesinatos selectivos de civiles a quienes acusan de estar aliados con las guerrillas, desapariciones forzadas, desplazamientos y violaciones de mujeres y niños.

Según información recibida por Human Rights Watch, la región se enfrenta actualmente a una grave crisis humanitaria. Las FARC presuntamente habrían "confinado" a algunas poblaciones, cortando todo vínculo con el mundo exterior e impidiendo el ingreso o la salida de cualquier persona. También han instalado minas antipersonales en la región. De acuerdo con fuentes de Human Rights Watch, una gran cantidad de civiles habrían sido desplazados y aún no habrían recibido asistencia significativa del gobierno.

Los hechos de violencia en Nariño han afectado en particular a civiles de los sectores más vulnerables de la sociedad, como los grupos afrocolombianos e indígenas.

Human Rights Watch instó al gobierno a que, además de tomar medidas urgentes para ayudar y proteger a los civiles, mejore su respuesta a las advertencias del Sistema de Alertas Tempranas.

"Si bien el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo suele emitir informes de riesgo muy bien elaborados que advierten sobre graves amenazas contra civiles, hemos comprobado que en muchos casos las autoridades que tienen la responsabilidad de responder no actúan a tiempo", señaló Vivanco.

Asesinan en Colombia a defensores de víctimas de los paramilitares

En todos los casos el elemento común es la denuncia del desalojo de sus tierras

Afp, Dpa y Reuters

Al menos 20 líderes de grupos de defensa de víctimas de paramilitares de extrema derecha en Colombia fueron asesinados en los últimos tres años por hombres no identificados por las autoridades, pero posiblemente involucrados con organizaciones armadas que durante los años 80 y 90 arrebataron bienes a campesinos y cuya posesión pretenden asegurar ahora, mediante nuevos crímenes y acciones al margen de legislación nacional.

La señal de alerta fue lanzada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), el organismo creado por Estado colombiano para garantizar el cumplimiento de una legislación que facilitó la desmovilización de organizaciones armadas ilegales, la Ley de Justicia y Paz.

Los crímenes contra líderes de las organizaciones de víctimas de paramilitares ocurrieron en la región de Urabá, en el noroccidental departamento de Antioquia, una de las más azotadas por el conflicto armado interno en la década de los 90, según un informe de la CNRR, divulgado este domingo por el diario El Tiempo.

En todos los casos, el elemento común es el reclamo de campesinos desplazados a quienes los grupos de paramilitares les arrebataron sus bienes a sangre y fuego, señaló el reporte de la CNRR, presidida por el académico Eduardo Pizarro, quien asumió el cargo para asegurar que la legislación no fuera eludida por los individuos que se entregaron a las autoridades judiciales, conocidos como desmovilizados.

Al menos 30 mil miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desmovilizaron en 2007, al acogerse a la legislación propuesta por el gobierno del presidente Álvaro Uribe.

La llamada Ley de Justicia y Paz obliga a los ex combatientes acusados de crímenes de lesa humanidad a confesar sus delitos y entregar la totalidad de sus bienes ilícitos para reparar a las víctimas, a cambio de penas de prisión de máximo ocho años.

Desmovilizados poseen bienes ilícitos con prestanombres

Según Pizarro, presidente de la CNRR, muchos desmovilizados tienen previsto que al salir de prisión en un plazo máximo de ocho años tendrán la oportunidad de gozar de otros bienes adquiridos ilegalmente, dejados en manos de prestanombres.

Por ello, señaló Pizarro, cada persona que aparece ante las autoridades para reclamar lo que muchos ex paramilitares escondieron, se convierte en una amenaza potencial que los podría enviar a prisión por 40 años, y algunos están haciendo lo que sea para evitar ese riesgo.

En consecuencia, la CNRR teme que la violencia contra las víctimas se dispare, como ocurre en el departamento de Antioquia, en el que se habla de 525 amenazados, 463 de los cuales pidieron protección al gobierno en 2008.

Además de la desmovilización de combatientes paramilitares, líderes de sus organizaciones como Salvatore Mancuso fueron extraditados a Estados Unidos.

Las declaraciones de los desmovilizados dieron lugar también a destapar un escándalo conocido como la narcoparapolítica, en el que se han visto involucrados legisladores y funcionarios públicos del gobierno nacional y departamentales con dirigentes paramilitares.

La narcoparapolítica también salpicó a empresarios como el propietario de un equipo de futbol, Eduardo Dávila Armenta, dueño del Unión Magdalena, a quien el jueves pasado le giró orden de captura la Fiscalía General.

La desmovilización forma parte de una política más amplia del gobierno de Uribe denominada seguridad democrática, que no sólo ha sido cuestionada por sectores de izquierda en Colombia, sino también por políticos como el ex presidente César Gaviria, quien en una entrevista publicada esta semana en El Tiempo, dijo:

El paramilitarismo no se ha acabado, entre otras cosas, porque es una secuela del narcotráfico, y mientras en Colombia haya tanto narcotráfico, habrá paramilitarismo. Ese es un mundo de señores que se adueñaron de la tierra rural y la han defendido a sangre y fuego. La pelean para laboratorios de droga, para producir coca y para acumular riqueza. Eso es el paramilitarismo de hoy. Es una terrible contrarreforma agraria que se ha dado por años sin que el Estado haga nada para evitarlo. El gobierno pareciera más interesado en legitimarlo.

Investigan espionaje a políticos, magistrados y periodistas

Agentes de la Fiscalía General catearon este domingo la sede central del servicio secreto de Bogotá, al comenzar a investgigar una denuncia periodística sobre actividades ilegales de espionaje contra dirigentes de la oposición, magistrados y periodistas.

Por la tarde, el director del organismo, Felipe Muñoz, informó de la destitución del subdirector de Inteligencia del Departamento Autónomo de Seguridad, Jorge Alberto Lagos, quien se desempeñaba en el cargo desde hace tres años.

Morales denuncia infiltración de la CIA en petrolera estatal

"Lamentablemente ha habido presencia de la CIA en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia, y algunos de nuestros compañeros han sido atrapados por esta infiltración externa".
Agencia Boliviana de Información (ABI) | 21-2-2009 | 177 lecturas | 1 comentario
www.kaosenlared.net/noticia/morales-denuncia-infiltracion-cia-petrolera-estatal

Chapare (Bolivia), 20 feb (ABI) - El presidente de Bolivia Evo Morales denunció el viernes una infiltración de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por su sigla en inglés) en la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) , recientemente sacudida por un caso de corrupción pública en los linderos de lo delincuencial.

      "Lamentablemente ha  habido presencia de la CIA en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia, y algunos de nuestros compañeros han sido atrapados por esta infiltración externa", denunció el gobernante ante una concentración de campesinos en el central Chapare boliviano.

      El mandatario, que viene de una gira de Estado por Rusia y Francia, refirió que la CIA pinchó, en circunstancias que prometió desentrañar después, la estatal de petróleos, envuelta por una corruptela que tocó a su ex compañero de lucha política Santos Ramírez, ahora detenido en los calabozos de San Pedro en La Paz.

      Morales dijo que la organización se coló en la empresa en que Morales hubo descansado el peso del proceso de cambios que impulsa su administración y la nacionalización de la industria de los hidrocarburos.

      "Después de que fracasaron en sacarnos del Palacio mediante el voto, mediante un golpe de estado civil, ahora va a venir por el sector de Yacimientos, el sector petróleo (…) pero yo más pensaba que (la infiltración se registraría por medio de los consorcios multinacionales) petroleros para dejarnos contra la pared y contra el pueblo boliviano" y no por la vía de Ramírez y su entorno.

      Ramírez es acusado de contratar, apartado de las normas, a una empresa de irregular para la construcción de una planta de licuables en el departamento de Santa Cruz, por 86 millones de dólares.

      El caso saltó a la luz pública cuando el empresario contratista de YPFB, Jorge O’Connor D’Arlach fue interceptado a fines de enero último en una calle de La Paz por una banda de delincuentes que le arrebató de las manos 450.000 dólares en efectivo y luego le dió muerte a tiros.

      La justicia tiene evidencias que el dinero era una coima (mordida o pago ilegal) para Ramírez, en pago por la concesión.

      En "cualquier momento vamos a denunciar nombres ( de los infiltrados vinculados a la CIA), y ahora cómo desde el exterior, desde Estados Unidos, a los corruptos que estaban dentro de Yacimientos van defendiendo, van protegiendo legalmente, con gente, abogados desconocidos pero expertos en defender a los delincuentes, a los corruptos", agregó.

"Temo por mi vida, en Colombia hay mucha polarización"

ANA MARÍA SAAVEDRA - Madrid - 25/02/2009

El escándalo del espionaje generalizado por parte de funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), uno de los servicios secretos colombianos, tiene como una de sus principales víctimas a Iván Velásquez, considerado el juez estrella en el caso de la parapolítica, que en Colombia ha llevado hasta ahora a 22 parlamentarios detrás de las rejas. La mayoría de los imputados son políticos cercanos al actual Gobierno del presidente Álvaro Uribe.

 

    No es la primera vez que este magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, de 53 años -que puede llegar a ser comparado con el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón-, es objeto de seguimientos y de escuchas de sus llamadas telefónicas.

    El año pasado, Velásquez fue acusado por el propio Uribe de haber hecho un ofrecimiento a un paramilitar (José Orlando Moncada, alias Tasmania) para que testificara en contra del jefe del Estado. La fiscalía colombiana investigó la denuncia y absolvió al magistrado. Al parecer, había sido una trampa fraguada por el propio paramilitar y por su abogado contra el juez. Desde entonces, la Corte Suprema colombiana acusó a agentes del DAS de ir tras la pista de los magistrados que investigan la parapolítica.

    El domingo pasado, se supo que Velásquez es el más seguido de todos los magistrados espiados por los servicios secretos. Hay más de 2.000 horas de llamadas telefónicas grabadas, así como seguimientos de todos sus movimientos, desde las visitas que efectuó a jefes paramilitares internados en cárceles hasta sus propios almuerzos familiares.

    Pregunta. Al enterarse de los seguimientos que le hacían miembros del DAS, ¿se preguntó de dónde provenía la orden?

    Respuesta. Saben adónde me desplazo, con quién me reúno, eso es muy grave. Y creo que tiene que ver directamente con la investigación de la parapolítica, pues soy el coordinador de las investigaciones que se llevan a cabo contra políticos. Eso hace más grave los seguimientos. Son hechos que afectan a la independencia del poder judicial.

    P. Pero usted hace tiempo denunció que el DAS lo seguía, y sólo ahora, cuando una revista ha presentado las pruebas en público, se arma el escándalo.

    R. Cuando el 3 de octubre de 2007 me informaron de que se hacían interceptaciones y seguimientos por parte de miembros del DAS, informé a la Sala Penal y convocaron al fiscal y al procurador para denunciarlo.

    P. Pero ha pasado más de un año, ¿hubo negligencia de la fiscalía?

    R. Lo cierto es que desde el 4 de octubre se puso en conocimiento de la fiscalía. Después estalló el escándalo de Tasmania, que concluyó cuando él se retractó de esa denuncia contra mí, y eso fue lo que investigó la fiscalía; pero la obstrucción a la justicia que denunció la Corte no la investigó.

    P. El DAS depende del presidente, ¿cree que detrás de sus seguimientos está Álvaro Uribe?

    R. No tengo elementos para afirmar eso, pero las expresiones públicas del presidente y de ciertos sectores del Gobierno sobre mis actividades podrían haber alentado a algunos sectores [del DAS] a congraciarse con él. Afirmaciones del presidente como que había un tráfico de testigos son expresiones públicas que afectan a mi seguridad y a la investigación.

    P. ¿Teme por su vida?

    R. Naturalmente, hay mucha polarización en el país.

    P. Desde el año pasado se han destapado supuestos montajes contra usted. ¿Cree que el Gobierno y sectores de la política quieren deslegitimar las investigaciones de la parapolítica?

    R. Indudablemente, todas las situaciones que han ocurrido, como los montajes contra mí, tienen como finalidad desprestigiar la investigación.

    P. ¿Se siente perseguido por el Gobierno?

    R. Me han contado que supuestos agentes del DAS, después de visitas mías a varias ciudades, hacían averiguaciones sobre mis actividades. Ésos son actos de hostigamiento de una agencia gubernamental, como es el DAS. No se entiende mi trabajo como una investigación, sino como si estuviera actuando contra un sector del Gobierno, porque la mayoría de los congresistas investigados pertenecen a la coalición gubernamental.

    P. ¿Cuál es su relación con el presidente?

    R. No tengo ninguna comunicación con él.

    P. ¿Ha pensado en renunciar?

    R. Muchas veces. A nadie le gusta que por la actividad que realiza esté siempre sometido a montajes, como el de varios señores que han declarado que yo los presioné, o que lo sigan. Eso genera mucha intranquilidad. Me siento perplejo, pero seguiré trabajando. Cuando ya no sea capaz, me retiro.

    Colombia: La fiscalía investiga a los servicios secretos por trabajar para delincuentes

    Un nuevo escándalo ha golpeado de lleno a los servicios secretos colombianos. La fiscalía investiga una presunta red diseñada por un grupo de agentes para espiar a políticos, jueces y periodistas con el objetivo de vender la información a narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros. El caso ya ha provocado la dimisión de un alto cargo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, la agencia de espionaje), cuya sede fue registrada durante el fin de semana, y supone otro revés para la lucha contra la corrupción en el país.

    Jueces, políticos y periodistas, en el punto de mira de los agentes

    Uribe asegura que es una "víctima" y niega que ordenara las escuchas

    El presidente colombiano, Álvaro Uribe, se apresuró ayer a negar, en un comunicado, cualquier vinculación con el caso. "Jamás he dado ni una sola orden para que se vigile la vida privada de las personas. Soy un hombre leal, que juega limpio con sus opositores y no les hace trampa", aclaró. El sábado, el senador opositor Gustavo Petro acusaba de forma tajante a Uribe de estar detrás del espionaje. "Es indudable que la orden proviene del presidente", afirmó Petro, que es supuestamente una de las víctimas.

    No es la primera vez que la policía secreta colombiana, que depende directamente de la Presidencia, se ve envuelta en asuntos turbios. Uno de sus ex directores, Jorge Noguera, tuvo que dejar su cargo en 2005 por los nexos del DAS con los grupos paramilitares y acabó en prisión. Hace justo cuatro meses, la entonces directora del organismo, María del Pilar Hurtado, dimitió tras reconocer que algunos de sus agentes habían vigilado a políticos de la oposición. En 2007, Uribe destituyó a dos responsables policiales por un caso de escuchas ilegales.

    El último escándalo, destapado el sábado pasado por la revista colombiana Semana, saca a la luz, si se confirman las acusaciones, una red corrupta de espías al servicio de grupos criminales. "No me cabe la menor duda de que ésta es una banda mafiosa", dijo Uribe, que manifestó que él y su entorno también fueron espiados y que se siente "víctima de esta infamia".

    En el reportaje de la revista se denuncia que, entre el 19 y el 21 de enero, funcionarios del DAS ordenaron la destrucción de decenas de documentos, varios CD, discos duros de ordenadores y varios archivos confidenciales, por tener información sobre llamadas telefónicas interceptadas. Gran parte de esos archivos destruidos eran grabaciones, documentos secretos e informes de todo tipo sobre una gran variedad de personajes que estaban en el punto de mira de los servicios secretos.

    Se trata de magistrados, periodistas, políticos de la oposición, fiscales... y hasta personas cercanas del Gobierno, como la secretaria privada de Uribe. Destaca el seguimiento a Iván Velásquez, juez estrella de la parapolítica (investiga la relación de los políticos con los paramilitares). Entre noviembre y febrero pasados, más de 2.000 llamadas del juez fueron rastreadas y también decenas de reuniones, según la información de Semana.

    También han sido vigilados el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, que mantuvo discrepancias con Uribe, la senadora Piedad Córdoba y el mencionado Gustavo Petro. Entre los periodistas, destacan Darío Arizmendi, de Caracol Radio, y Félix de Bedout, de W Radio, cuyos correos electrónicos fueron interceptados, según Semana.

    El ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, confirmó ayer las informaciones y aseguró que detrás de las supuestas interceptaciones telefónicas están unas mafias que incluso han realizado escuchas a Uribe y sus más cercanos colaboradores.

    Tras las denuncias, el director de los servicios secretos, Felipe Muñoz, aceptó el domingo pasado la renuncia del subdirector de Inteligencia del DAS, el capitán Jorge Alberto Lagos. Mientras tanto, el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, ordenó registrar las instalaciones de los servicios secretos en Bogotá para buscar pruebas. El propósito principal de la investigación es saber quién está ordenando las escuchas telefónicas y quién está utilizando la información.

    ¿Quiénes fueron espiados?

    - Jueces. Uno de los espiados presuntamente por los servicios secretos colombianos es el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte. También fueron interceptadas las llamadas de Iván Velásquez (en la fotografía), juez estrella del escándalo de la parapolítica, que investiga los vínculos entre políticos y paramilitares.

    - Gustavo Petro. También se investigan escuchas a las líneas del senador Gustavo Petro, del partido opositor de izquierda Polo Democrático Alternativo. "¿Cómo no va a ser misión del DAS [servicios secretos] controlar a Petro, que es un ex guerrillero y es de la oposición?", afirma en la revista Semana un ex agente del espionaje colombiano.

    - Piedad Córdoba. Se sospecha que la senadora de la oposición (en la foto) fue vigilada por sus vínculos con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y la guerrilla de las FARC. También aparecen en la lista de espiados varios periodistas, como Darío Arizmendi, de Caracol Radio, y Daniel Coronell, del informativo de televisión Noticias Uno.

    - Álvaro Uribe.

    El presidente de Colombia negó ayer haber ordenado las escuchas telefónicas y afirmó que él es una de las "víctimas de esta infamia". Según el Ministerio del Interior y Justicia, se han intervenido las comunicaciones de Uribe y sus más cercanos colaboradores para vender la información a grupos criminales.