ENTREVISTA: JUAN RAMÓN QUINTANA Ministro de la Presidencia boliviano
El hombre fuerte del Gobierno de Morales habla de la conflictiva relación de su país con Washington
MAITE RICO / JAVIER LAFUENTE - Madrid - 12/03/2009
Bolivia ha lanzado una ofensiva para captar inversiones internacionales. En menos de un mes, el presidente, Evo Morales, ha viajado a Rusia y Francia, mientras su ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana (Cochabamba, 1959), acaba de conseguir en España la condonación del 60% de la deuda a cambio de programas de educación. Quintana está considerado el hombre fuerte del Gobierno de Morales. La oposición lo compara con el peruano Vladimiro Montesinos, ex militar como él, y le acusa de actos de contrabando e incluso de estar detrás de la matanza de una veintena de campesinos en Pando en septiembre pasado. "No hay ni una sola prueba de todo ese arsenal de acusaciones", dice Quintana en la Embajada de Bolivia, donde recibe a EL PAÍS. "No creo que haya existido un ministro tan difamado como yo".
Pregunta. ¿Cómo pretenden recuperar la inversión extranjera que se ha perdido estos años?
Respuesta. Hay una nueva Constitución que define con mucha claridad las posibilidades de recuperar no sólo las inversiones perdidas, sino también iniciativas empresariales que estaban esperando un escenario de mayor certidumbre en Bolivia. Con la nueva Constitución hay reglas de juego muy claras, unos mandatos definidos y una voluntad política del Gobierno para canalizar inversión extranjera en distintas áreas. Hay un potencial extraordinario, somos el segundo país con las mayores reservas de litio del mundo. El mismo interés se está trasladando al área de hidrocarburos.
P. Sin embargo, los expertos internacionales señalan que Bolivia es uno de los países con peor clima para los negocios en la región.
R. Lo que ocurría en el pasado es que la seguridad jurídica tenía una sola vía, aquella que pretendía que la inversión extranjera solamente tratara de resguardar sus intereses en el país. Pero el Estado estaba desprotegido de la propia irresponsabilidad empresarial. En todo lo que significó la inversión extranjera se transgredió un conjunto de normas. Pero a esas empresas no se les hizo un ajuste normativo por complicidad de los otros Gobiernos. Esta nueva Constitución construye un nuevo régimen de seguridad jurídica de doble vía: para el Estado boliviano, para que las inversiones sean sólidas, transparentes, pero también para las propias empresas, para que puedan trabajar con el mayor respaldo gubernamental.
P. Lo cierto es que la productividad del sector de hidrocarburos se ha hundido. Repsol o Petrobras invierten en mantenimiento de sus instalaciones, y no en exploración. ¿Cómo van a solventarlo?
R. Los volúmenes de petróleo y de gas han tendido a la baja porque no se han producido las inversiones que eran necesarias en el momento preciso. Hemos verificado que las empresas invirtieron muy poco desde el proceso de capitalización. Estos dos años no se han producido las inversiones extranjeras que hubiéramos deseado por el contexto en el que ha estado envuelto el país. Los inversionistas estaban esperando precisamente un corolario constitucional. Hoy no creemos que haya ninguna razón para que los inversionistas se inhiban de trabajar en Bolivia.
P. Hasta ahora, Bolivia ha dependido en buena parte de Venezuela. Con el precio del petróleo tan bajo, ¿cómo va a afectar a la economía de su país?
R. Va a tener un efecto muy relativo, yo diría que mínimo. La cooperación directa de Venezuela no supera los 100 millones de dólares por año y se transfiere directamente a los municipios para llevar adelante obras de carácter social. Hasta el año 2005, la inversión pública dependía de los financiamientos externos, no pasaba de los 600 millones de dólares por año. Este año tenemos prevista una inversión de 1.800 millones de dólares. Más del 85% son recursos propios, del Estado.
P. Con EE UU se perciben ciertas contradicciones. Aumentan los cultivos de coca, expulsan al embajador, prohíben las actividades de la DEA y, al mismo tiempo, piden a Washington que les restituya los beneficios arancelarios de los acuerdos ATPDA.
R. La relación con EE UU es compleja, difícil, signada por un largo periodo de intervención política, de dominación respecto a un proyecto económico que ha sido derrotado en las calles, de permanente injerencia. Hemos experimentado el sabotaje y la conspiración desde la Embajada de Estados Unidos. Les voy a dar tres ejemplos: hemos expulsado a agentes de la CIA del Palacio del Gobierno cuando ganamos las elecciones; hemos expulsado a los agentes de la DEA porque ejercitaban prácticas no sujetas a los cánones diplomáticos, penetraron las instituciones y agencias de seguridad, monopolizaban los servicios de inteligencia del Gobierno nacional. Y los funcionarios de Usaid actuaban contra el Gobierno nacional. El Gobierno de Bolivia no va a permitir nunca más que se registren estas prácticas de sabotaje y complot de agentes de Estados Unidos.
P. La oposición dice que los venezolanos controlan ahora los aparatos de seguridad del país.
R. Eso es absolutamente falso. El Gobierno boliviano ejerce sus facultades constitucionales y su soberanía en todos los ámbitos. Lo que hoy existe es una cooperación incondicional del Gobierno de Venezuela y de Cuba, pero no hay una sola prueba de que algún funcionario de la Embajada de Venezuela o de Cuba esté suplantando a alguna autoridad del Estado.
P. El lunes fue expulsado otro diplomático. Parece que todo estadounidense conspira...
R. No, para nada. Estamos preservando y defendiendo la continuidad del proceso boliviano. El ministro de Gobierno Alfredo Rada] tiene todas las pruebas para certificar que el señor Francisco Martínez, que era diplomático, estaba haciendo operaciones políticas encubiertas.
P. La familia del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas ha sufrido un ataque brutal. La inacción de la policía y la reacción del Gobierno contra Cárdenas muestran una ausencia del estado de derecho en Bolivia.
R. Me temo que lo que ha ocurrido tiene que ver más con una respuesta poco oportuna de la policía. Esa situación de aparente desamparo de algunos ciudadanos expresa la precariedad de la policía como una institución que tendría que tener presencia en todo el Estado. Eso no justifica bajo ninguna circunstancia este episodio, que merece una investigación por parte de la fiscalía. No se justifica ningún acto de violencia, ni mucho menos actos de esta naturaleza que, presuntamente, estarían explicando una especie de veto contra líderes políticos del pasado.
P. La lucha contra la corrupción fue la bandera de Evo Morales. Sin embargo, los escándalos son continuos. Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB) ha tenido seis presidentes desde su nacionalización, hace tres años. Cuatro de ellos han salido con acusaciones diversas. ¿No descalifican estos hechos la política de nacionalizaciones?
R. Nunca hemos desconocido que exista corrupción en algunas entidades o que funcionarios inescrupulosos se apropien de los recursos públicos. Frente a todo acto de corrupción, el Gobierno ha sido implacable. El segundo hombre del Movimiento al Socialismo Santos Ramírez, ex presidente de YPFB] está en la cárcel. ¿Qué funcionario de anteriores Gobiernos, con pruebas de corrupción, está en la cárcel por decisión política? Hay decenas de funcionarios cuyo oficio en el pasado era saquear los recursos públicos, pero todos han burlado la justicia.
P. ¿No cree que los decretos gubernamentales que han desmantelado los mecanismos de control de las empresas estratégicas alientan casos como el de YPFB?
R. Los fideicomisos forman parte de los procesos de aceleración de una gestión más expedita. Nosotros los hemos hecho especialmente para instalar una capacidad industrial en el Gobierno. Eso tiene sus riesgos.
