Africa

¿Justicia universal en Sudán?

El Tribunal Penal Internacional

¿Justicia universal en Sudán?

Juan Hernández Zubizarreta

Revista Pueblos

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha dictado una orden de detención contra un presidente en activo, el sudanés Omar al Bashir. Se le acusa de cinco cargos de lesa humanidad (asesinato, deportación forzosa, violación, tortura y exterminio) y dos por crímenes de guerra (ataques directos e intencionados y saqueos contra la población civil). Desde el 2003 son más de 300.000 los muertos, otros tantos refugiados y refugiadas en Chad y República Centroafricana y cerca de tres millones de desplazados. El TPI suma esta orden de detención a las de arresto, de mayo de 2007, contra Ahmed Haroun (ex ministro de interior) y Ali Kusha, supuesto líder de la milicia janjaweed aliada del gobierno de Jartum.

Para organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional y Human Rigth Watch, la decisión ha sido de vital importancia en la lucha contra la impunidad. Es más, abogan por la detención del político sudanés, ya que la justicia no se puede negociar. A su vez, son ya más de diez organizaciones presentes en Sudán que han sido expulsadas por el gobierno en represalia a la orden de detención. Miles de personas quedarán sin la ayuda humanitaria básica.

Por otro lado, el presidente ha decidido responder al TPI con “más esfuerzos para alcanzar la paz y aquellos que han emitido una orden de arresto no están cualificados moralmente y no son objetivos para tomar estas decisiones y medidas, porque son responsables de la humillación y el saqueo de las riquezas de los pueblos. Quienes atacan Gaza con todo tipo de armas son los que deben ser llevados a la justicia, no nosotros” [1]. La presidencia de la Unión Africana, que ejerce actualmente Al-Gadaaffi, ha considerado que existe una política de terrorismo contra los países débiles de manera que se interviene sobre su independencia, su soberanía y sus decisiones políticas. Palabras que chocan contra las peticiones de procesamiento de los gobiernos del Congo, Uganda y la República Centroaficana contra los señores de la guerra en sus respectivos países. Además, veinte Estados africanos se encuentran entre los promotores del TPI y más de treinta ratificaron su estatuto posteriormente.

Las fichas de este complicado puzzle están sobre la mesa. La idea fuerza resulta formalmente impecable. La posible persecución y condena por parte del TPI del responsable de crímenes de guerra y lesa humanidad en Sudán debe considerarse un avance contra la impunidad, y más, si el procesado es un presidente en activo. Las fronteras y la soberanía nacional dejan de ser espacios impunes para la justicia internacional. No obstante, una idea éticamente positiva puede transformarse en perversa cuando se supedita a las relaciones de poder. En este caso, se corrompe al ponerse al servicio del capital transnacional y de los países dominantes en la esfera internacional.

Otros Agentes Responsables

En el puzzle mencionado existen otras fichas ocultas que conviene ir desvelando. Hay otros agentes responsables que no aparecen en el sumario abierto por el TPI, ni en las declaraciones del presidente de Sudán.

En el país africano se viven, hace un cuarto de siglo, convulsiones dramáticas generadas por rivalidades petroleras y compromisos herederos de la colonización francesa, inglesa y de Estados Unidos [2]. Sobre este telón de fondo los pueblos de Darfur han denunciado la marginación del gobierno de Jartum en la provisión de servicios sociales, infraestructuras, prestaciones sanitarias y estructura institucional [3]. En Sudán los conflictos responden a múltiples causas, pero la confrontación entre una minoría elitista apoyada social y económicamente por el gobierno y una mayoría social explotada atraviesa toda la sociedad. Además, la estructura neocolonial se ha ido reinterpretando por las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con una deuda de 29 millones de dólares, Sudán está endeudado doce veces más en proporción a su PIB que Nigeria y cuatro veces más que Chad y Etiopía [4]. Todo ello ha impactado en la sociedad civil, que es la verdadera perdedora de un modelo profundamente injusto. La pieza oculta neocolonial y las políticas de exterminio del FMI son también parte importante en la aplicación de una justicia universal en función de la reparación de las víctimas.

Por otra parte, no se puede olvidar que Omar al Bashir se hizo con el poder en 1989 mediante un golpe militar que provocó una guerra civil entre el norte y el sur del país, que pronto sirvió de excusa para que Washington apoyara al sur a través de Uganda y transformara a Darfur en un símbolo a favor de lucha contra la impunidad. El presidente sudanés es un dictador que ha actuado al dictado, exclusivamente, de sus intereses. La guerra civil y el grave conflicto de Darfur demuestran que sus intenciones nunca han consistido en resistir al modelo neoliberal, ni en construir tejido social alternativo, ni organizar, ni potenciar el desarrollo del pueblo de Sudán.

Estados Unidos es otra pieza importante a tener en cuenta. El portavoz del Departamento de Estado, Robert Wood, declaró que “su país esperaba que quienes hayan cometido crímenes de esta índole sean juzgados por ello”. Palabras que, conviene recordar, se efectúan desde un país que no es miembro de la Corte Penal Internacional y dispone de derecho de veto en el Consejo de Seguridad, es decir, nunca se podrá procesar a los ciudadanos de Estados Unidos [5]. Hagan lo que hagan tienen garantizada la total inmunidad. En referencia a Sudán, EEUU, por medio de sus aliados en Chad, ha entrenado y armado al Ejército Popular de Sudán, ha inundado de armas el Sur y, desde el descubrimiento del petróleo, Darfur, ha apoyado y entrenado militares de los países vecinos y rebeldes sudaneses y ha protegido a los mercaderes de la muerte, vendedores de armas y perseguidos por la Interpol. Las matanzas en Darfur no son ajenas a los hechos descritos.

Israel, con la complicidad de Francia, ha suministrado importantes cantidades de armas a los grupos rebeldes implicados en el conflicto de Darfur [6] y Amnistía Internacional ha denunciado, en el 2007, a China por la venta de armas usadas al gobierno de Sudán.

El petróleo y las empresas transnacionales

Detrás de las ventas de armas se encuentra la pugna por el petróleo. El eje de la disputa lo describe Wiliam Engdahl: “Chevron encontró grandes reservas de petróleo en el sur de Sudán. Gastó 1.200 millones de dólares para encontrarlas y probarlas. Ese petróleo provocó lo que llaman la segunda guerra civil de Sudán en 1983. Chevron fue objetivo de repetidos ataques y asesinatos y suspendió el proyecto en 1984. En 1992, vendió sus concesiones petroleras sudanesas. Entonces China comenzó a desarrollar los campos abandonados de Chevron en 1999 con resultados notables” [7]. La Corporación Nacional Petrolera China es la mayor inversionista extranjera en Sudán. Desde 1999, China ha invertido por lo menos 15.000 millones de dólares. La nueva guerra fría abierta entre China y EEUU tiene un frente muy importante en la disputa por el petróleo en Sudán. En definitiva, la verdadera preocupación de EEUU, no es otra que el poder geoestratégico que está adquiriendo China en la zona (compra dos terceras partes del petróleo que produce Sudán) y la intervención francesa no es ajena a los intereses de la multinacional Total por el petróleo de la región. China, tampoco es neutral y defiende al gobierno de Sudán y a su petróleo y quita importancia a la intensidad del drama humano existente en Darfur.

La complicidad entre empresas transnacionales, los gobiernos de EEUU, China y Francia con sus intereses económicos y geoestratégicos, el gobierno dictatorial de Sudán, los traficantes de armas y los grupos armados, la impunidad con que actúan las transnacionales del petróleo de EEUU, Francia y China, junto a las violaciones de derechos humanos y medioambientales son indicios suficientes para abrir el abanico de responsabilidades civiles y penales. Indicios que deben extenderse a las políticas criminales del FMI. Sin embargo, fueron suprimidos del TPI crímenes internacionales graves, recogidos en los primeros borradores, como los ecológicos, como la dominación colonial, la intervención y dominación extranjera y las violaciones graves y masivas a los derechos económicos y sociales.

La conclusión es que nos encontramos con una figura geométrica de muchas caras que, en ningún caso, debe llevarnos a la parálisis y a la impunidad como resultado de la complejidad. Lo que esconde, realmente, el cúmulo de intereses descritos es el elevado número de víctimas civiles que siguen sin protección de ninguna clase. La sentencia del TPI no aborda esta cuestión. Si considero importante castigar a los responsables de crímenes como los descritos, más importante resulta reparar y tutelar los derechos de las mayorías sociales. De ahí que la existencia del TPI sea sólo una cara de las muchas que componen la figura sobre la que construir la reparación de las víctimas. Por eso, aisladamente, la orden de detención dictada por el TPI, es más una expresión de dominación que otra cosa. Y la prueba más evidente es el doble rasero con el que se aplica la justicia internacional. Lo ocurrido en Irak, Guantánamo, Líbano, Gaza, la impunidad con que actúan las multinacionales, entre otros ejemplos, son la expresión de la reinterpretación de la justicia efectuada desde los países y clases dominante. Todo ello requiere articular una reforma institucional de ámbito internacional, que exprese una nueva manera entender las relaciones de poder. La mera existencia del TPI requiere modificaciones del entramado jurídico global. Veamos.

El Derecho Comercial Global

Desde el plano jurídico, es perfectamente viable proponer como hipótesis de trabajo en la defensa de los derechos civiles y económicos, los principios que el Derecho Comercial Global, la nueva Lex Mercatoria, ha creado para la tutela de los intereses del capital y de las empresas transnacionales. Comprobaremos como no es utópico construir, desde una perspectiva formal, un entramado jurídico internacional que tutele derechos de las mayorías sociales, únicamente se requiere seguir la senda abierta para la tutela de los intereses del capital:

La globalización neoliberal, al actuar como telón de fondo en el que se desenvuelven las multinacionales, genera mutaciones importantes en los principios democráticos legitimadores de las normas jurídicas. La reaparición de la Lex Mercatoria se aproxima al funcionamiento de los sistemas feudales de poder y regulación más que a sistemas de garantías universales. Las nuevas instituciones sobre las que bascula la construcción del nuevo Derecho Global del Comercio, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se estructuran sobre reglas poco transparentes y básicamente antidemocráticas. Las mutaciones en el iter normativo de las normas reguladoras de la actividad de las transnacionales generan la aparición de hiperinflación y celeridad normativa, legislaciones desbocadas, hiperespecializadas, con fecha de caducidad, carentes de trasparencia, de control democrático... lo que contrasta con la necesidad absoluta de seguridad jurídica estructurada en torno al derecho de propiedad, coercitividad y efectos erga omnes. Su naturaleza se privatiza en las reglas procedimentales y en su contenido, y se rodea de pleno imperium en su eficacia.

Los derechos de las empresas transnacionales se reenvían al Derecho Comercial Global, que utiliza las siguientes instituciones jurídicas: la bilateralidad contractual como eje de su funcionamiento; la bilateralidad asimétrica en fondo y forma; los laudos arbitrales de expertos, cuyos fallos tienen mayor eficacia que las sentencias y recomendaciones de tribunales y organizaciones internacionales, ya que la sanción económica es fulminante en caso de incumplimiento; el poder judicial internacional se modifica en favor de expertos, lo que provoca la quiebra de uno de los pilares de los Estados de Derecho; y por último, los grandes bufetes de abogados se convierten en los asesores y representantes de las empresas transnacionales, desarrollando una labor más cercana a creadores de normas que a meros intérpretes de las mismas. Son la expresión formal del poder político y económico de las multinacionales. En definitiva, para la tutela de los intereses de las multinacionales el entramado jurídico-institucional es claro y con poderes perfectamente delimitados. No existe dificultad técnica alguna en extender su “lógica de funcionamiento” (es decir, el carácter imperativo, coercitivo y ejecutivo de sus normas) a la tutela de los derechos civiles, sociales y económicos, y en el caso analizado, a la reparación de las victimas. ¿Por qué es más complicado, reitero técnicamente, garantizar la alimentación, salud y educación universal que los derechos de las multinacionales? ¿Por qué el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es, en parte de su contenido material, meramente declarativo?

Las Naciones Unidas

La necesidad de proponer otro entramado institucional internacional pasa por transformar radicalmente las Naciones Unidas, lo que depende más de correlaciones de fuerza que de argumentos sobre el realismo “de lo existente” o de reformas graduales. Partimos, a pesar de las reformas por las que atraviesa la ONU, de cómo la Carta de Naciones Unidas incide en la regulación de las distintas vertientes políticas, económicas, sociales, culturales y no sólo en las relacionadas con la paz y la seguridad entre Estados. Si la especialización normativa y de políticas públicas exige órganos diferenciados, el papel central lo debe ejercer la Asamblea General y el Consejo Económico y Social (ECOSOC). La ONU debe dirigir la política internacional. Es desde esta perspectiva desde donde la OMC, las instituciones de Breton Woods, los acuerdos comerciales y de inversión de carácter regional y bilateral y las empresas trasnacionales tienen que subordinarse a las políticas de Naciones Unidas. Las instituciones como la OMC deben únicamente ser tratadas con un estatus técnico de especialización en la esfera económica, al igual que la OIT lo es en aspectos laborales. La especialización no implica, tal y como se ha reinterpretado contra legem, una división del trabajo de manera independiente entre la ONU y la OMC. Las instituciones financieras y la OMC deben rendir cuentas a la Asamblea General.

La realidad choca con estas afirmaciones, ya que fue en los años 70 cuando la ONU intentó activar ciertas reformas en el sistema económico internacional acompañadas de modificaciones institucionales que fracasaron con las nuevas corrientes neoliberales. Los países desarrollados y las corporaciones económicas recondujeron de manera radical cualquier intento de modificar las reglas de funcionamiento institucional, y para ello se utilizan como instrumentos, en unos casos, la negativa de fondos para la financiación de la ONU y en otros el chantaje. Además, las campañas de ineficacia, de corrupción y de presión directa de las empresas transnacionales y de sus gobiernos no permitieron modificaciones institucionales. Todo ello fue provocando que “los órganos intergubernamentales y organismos de la ONU se convirtieran en meras sociedades de debate o seminarios de eruditos. En los últimos 50 años podría decirse que la ONU ha sido castrada” [8]. La actual crisis financiera ha ratificado la marginación y subordinación de la ONU a los intereses económicos de las grandes potencias. La convocatoria de Washington para redefinir las nuevas reglas financieras es buen un ejemplo. En ella han participado el G- 20 más dos, quedando excluidos 170 Estados y la pregunta, en palabras de Jordi García-Petit [9] es muy clara, “¿por qué no reunir a la Asamblea General ahora que el mundo se halla inmerso en la mayor crisis del orden económico desde la fundación de la ONU en 1945, cuyas previsibles consecuencias, directas o indirectas, entran de lleno en los fines de la organización, incluido el fin principal del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales?”. Estas son las ideas centrales sobre la realidad de la ONU.

Se requiere una transformación radical que ponga como eje central de su trabajo la defensa de los derechos humanos de las mayorías sociales. La Carta de Naciones Unidas establece la hegemonía de las grandes potencias en las relaciones internacionales. El Consejo de Seguridad tiene cinco miembros permanentes con derecho de veto que implica la regla de la unanimidad, lo que permite a cualquiera de ellos bloquear cualquier decisión (China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética). Tal y como propone Teitelbaum [10], el derecho de veto debe desaparecer y el Consejo de Seguridad someterse a la legalidad internacional, aumentar el número de miembros y desplazar sus competencias a favor de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ésta debe incorporar a representantes de los parlamentos y de la sociedad civil para consolidar una verdadera pluralidad internacional.

El TPI necesita de una ONU radicalmente diferente y de un Tribunal que juzgue a las empresas transnacionales y tutele los derechos económicos de las mayorías sociales. El castigo al dictador sin modificación de las estructuras económicas implica, de facto, el abandono de las víctimas.

Intervenciones militares humanitarias/ Soberanía Nacional

Un tema interesante es el relacionado con la ejecución de la sentencia. Como detener a los sujetos procesados, lo que nos conecta con el complejo asunto de las intervenciones militares humanitarias. ¿Hace falta un ejército internacional? En relación a las intervenciones humanitarias y la soberanía, la Carta Fundacional de las Naciones Unidas prohíbe la injerencia en los asuntos internos de los Estados miembros. Persigue, con esto, dos objetivos: la paz mundial –es decir, la prohibición de la guerra– y la soberanía de los Estados. La filosofía que subyace es la de someter todas las intervenciones a la aprobación del Consejo de Seguridad y que éstas se ajusten a las excepciones reguladas en el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas (defensa propia o fracaso de los medios pacíficos). Junto a estas estipulaciones, la Carta incorpora otra, tan fundamental e inédita como las anteriores, de respeto a la dignidad de todo ser humano, desterrando definitivamente cualquier tipo discriminación. Ambas estipulaciones, muy vinculadas entre sí, implican una radical ruptura con la tradición jurídico-política hasta entonces vigente. Se sustrae a la soberanía estatal de uno de sus elementos centrales, el derecho a declarar la guerra, y se convierte a los derechos fundamentales en una categoría jurídica vinculante para cualquier Estado, en relación con cualquier sujeto. Se superan las fronteras estatales como límite para su reconocimiento, pasando a formar parte del derecho positivo.

En la década de los noventa –y, fundamentalmente, a partir del 11 de Septiembre– EEUU delimita estas estipulaciones, adjudicándose el poder de intervenir, al margen del Derecho Internacional y de la ONU. El unilateralismo, la guerra preventiva y las intervenciones militares, son los nuevos principios en que se sustentan las relaciones internacionales, tal y como sostienen sectores doctrinales contrarios a la globalización neoliberal.

Se reinterpretan los derechos fundamentales y se utiliza la guerra como instrumento en defensa de los mismos, acuñándose un nuevo imperativo moral que se sustrae a cualquier norma internacional. Diga lo que diga el Derecho vigente, si se trata de prevenir catástrofes humanitarias o genocidios, la intervención militar es inevitable. Se reafirma la guerra o la fuerza armada como elemento exclusivo de la intervención, quebrando la soberanía de los Estados, para defender cualquier violación de los derechos humanos, e incluso para derrocar dictadores, todo ello al margen de las Naciones Unidas. Nos encontramos con una manifiesta disociación de las estipulaciones establecidas en la Carta de Naciones Unidas [11].

La caída del Muro de Berlín y el final de la guerra fría plantearon un nuevo escenario, que hubiese permitido reorientar las relaciones internacionales en sentido inverso. Es decir, al margen de la guerra, por un lado, y reinterpretando la soberanía de los Estados a favor de los derechos fundamentales, por otro. La prevención de conflictos hubiese sustituido a la intervención militar humanitaria, tesis discutida por la doctrina y que escapa a los objetivos del presente trabajo.

No obstante, el debate sobre la desvinculación entre la soberanía de un gobierno y la fuente de su autoridad reaparece en relación a la injerencia. No son suficientes las tesis basadas en la defensa de los derechos humanos o la democracia –es decir, en posibles razones humanitarias frente a la soberanía estatal–, ni –a la inversa– las basadas en la razón de Estado, que cierra el espacio estatal a cualquier control exterior. La clave reside en saber quién decide que un gobierno no tiene legitimidad, o que viola sistemáticamente los derechos humanos. En la actual coyuntura internacional este interrogante no queda satisfactoriamente solventado. Resulta evidente que no hay que sacralizar categorías como la soberanía estatal o la no injerencia pero tampoco reinterpretarlas alegremente al calor de la homogenización neoliberal. No podemos obviar que las grandes potencias parten de un proceso de globalización y mercado único que elimina fronteras. El intervencionismo humanitario es un buen instrumento del nuevo orden neoliberal que combina lo militar y lo humanitario. El conflicto de Sudán no pasa por las intervenciones humanitarias, ni para detener a su presidente, ni para pacificar su territorio.

Justicia Universal

Respecto a la justicia universal, es en la dirección de la extraterritorialidad donde el fallo del juez Barttle recogió la responsabilidad del general Pinochet en los casos de tortura y conspiración para la tortura desde el ocho de diciembre de 1998. En aquel momento, la posible extradición de un ex jefe de Estado en aplicación de la legislación universal no tenía precedentes. Supuso el reconocimiento de responsabilidad de todo individuo -aún siendo jefe de Estado- que cometa crímenes contra la comunidad internacional, y permitió que todos los Estados signatarios de la convención contra la tortura tuvieran competencia para juzgarlos y perseguirlos en y por todos los países del mundo [12]. Los interrogantes se abrían en múltiples direcciones. ¿Las normas internacionales iniciaban de manera generalizada la senda de lo declarativo hacia lo imperativo? ¿Las múltiples prácticas contra los derechos humanos de empresas transnacionales en los países receptores podrán ser juzgadas en otros países? ¿El hambre y la miseria de millones de seres humanos podrán ser perseguidas como delitos contra la humanidad? La sentencia colocó en el centro del debate la delimitación de la justicia universal.

El fallo del juez Barttle recogía textualmente que, “las Convenciones representan una creciente tendencia de la comunidad internacional para colaborar en el castigo de crímenes que repugnan a la sociedad civilizada... cometidos por individuos que buscan influenciar o derrocar gobiernos democráticos o bien por gobiernos no democráticos contra sus propios ciudadanos...” La argumentación resultaba impecable pero abría numerosos interrogantes. Por un lado, las personas jurídicas también pueden participar y participan en acciones degradantes. Por otro, la caracterización de gobiernos democráticos deberá valorarse tanto en función del respeto a los derechos civiles y políticos como a los económicos, sociales y culturales, y será decidida en foros internacionales, en instituciones o en tribunales iguales entre todos los Estados participantes. De otra forma, la justicia universal puede convertirse en una nueva forma de intervencionismo judicial de los Estados fuertes contra los débiles. ¿La condena de Pinochet ha creado un precedente por el que ningún dictador puede hacer valer, bajo el pretexto de la soberanía nacional, la impunidad para escapar de la justicia? ¿La soberanía nacional ya no es un principio absoluto y la no injerencia en asuntos internos ya no es un obstáculo para que la comunidad internacional intervenga en ayuda de individuos o grupos amenazados? ¿Las empresas transnacionales pueden ser ajenas a las dinámicas de justicia universal? Quizás no haya transcurrido el tiempo necesario pero, a fecha de hoy, el peligro de manipular el Tribunal Penal Internacional (sometido a un veto intolerable por algunas grandes potencias) y, sobre todo, la impunidad de las multinacionales y de ex gobernantes de países ricos, permite caracterizar la justicia universal como más cercana a modelos de imposición políticos, económicos y sociales a los países del Sur, es decir a intervenciones “humanitarias y judiciales,” que a progresos en el desarrollo de la tutela de los derechos humanos.

El Tribunal Penal Internacional y las empresas transnacionales

La tradicional vinculación del Derecho Penal y la soberanía nacional ha comenzado a quebrar con su internacionalización. Existen crímenes que atentan contra la humanidad cuya persecución transciende a la territorialidad, de ahí que la jurisdicción universal, los tribunales penales ad hoc (Ruanda, la ex Yugoslavia) o la nueva Corte Penal Internacional sean sus expresiones jurisdiccionales.

En relación al Tribunal Penal Internacional, la Comisión de Derecho Internacional encargó a la Asamblea General que comenzara a estudiar las posibilidades de una jurisdicción penal internacional, lo que concluyó en 1994 con un proyecto de Estatuto para una Corte Penal Internacional. Los primeros borradores sufrieron profundas modificaciones, ya que desaparecieron varios crímenes internacionales graves [13] (se suprimieron, entre otros, los crímenes ecológicos, la dominación colonial y otras formas de dominación extranjera, la intervención extranjera y los crímenes económicos como violaciones graves y masivas a los derechos económicos y sociales). La jurisdicción de la Corte ha quedado limitada al crimen de genocidio, crímenes contra la humanidad, de guerra y de agresión. En relación a la responsabilidad de las empresas transnacionales hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones:

Parece muy complicado vincular los tipos descritos con las prácticas generales de las empresas transnacionales. La práctica procesal y material nacional, con alguna excepción, va en el sentido contrario. En cualquier caso, son importantes los sectores doctrinales que empujan en esta dirección, tal y como lo demuestra al respecto el intenso debate sobre el Estatuto de la Corte. La Corte Penal Internacional, a la fecha de hoy, no va a procesar a las empresas transnacionales, ya que las personas jurídicas quedan fuera de su competencia y, pese a la propuesta de Francia -apoyada por algún otro país y por la Fundación Lelio Basso- fue derrotada. Andrew Clapham sostiene, no obstante, la posibilidad de procesarlas por la existencia de la ley n º 10 de diciembre de 1945 del Consejo Aliado de Control de Alemania. Esta ley autorizaba a procesar a las asociaciones que el Tribunal declarase criminales de acuerdo con la interpretación del artículo 25 sobre la responsabilidad penal individual del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que se refiere “a quien contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión de crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común”. Esta interpretación es difícil de aplicar, teniendo en cuenta que en Nuremberg nunca se condenaron a la grandes empresas alemanas autoras y cómplices de crímenes contra la humanidad. No obstante, los procesos contra industriales alemanes, en concreto el caso Farben, han sido considerados como claros antecedentes de complicidad corporativa. Así, el Tribunal Militar Estadounidense en la sentencia sobre el caso mencionado estableció que tanto personas individuales como jurídicas pueden violar las normas contenidas en las Convenciones de La Haya.

Los obstáculos técnicos principales se plantean en relación a la prueba de intencionalidad y culpabilidad personal, difíciles de atribuir a las empresas transnacionales. Obstáculos que la doctrina comienza a subsanar por la vía de la teoría de la cultura corporativa de la responsabilidad, que vincula la culpa con los procesos, sistemas operativos o la propia cultura de la empresa, o bien por las teorías de la diligencia debida o del conocimiento colectivo [14]. En cualquier caso, la responsabilidad penal de las empresas multinacionales es una asignatura pendiente a añadir a la responsabilidad civil.

Las relaciones de fuerza se imponen a las posibles interpretaciones expansivas. Son numerosas las potencias que no han ratificado el Estatuto y que quieren asegurar la impunidad e inmunidad de los militares y de los gobernantes. El veto a la jurisdicción universal se extiende a las multinacionales. El Derecho Comercial Global es su legislación y no incluye la separación de poderes. Además, su falta de independencia respecto del Consejo de Seguridad, que en el artículo 16 establece la superioridad de un órgano ejecutivo de Naciones Unidas, y las dificultades de intervención procesal de las víctimas cierran, de momento, las potencialidades de la Corte Penal en relación a las multinacionales.

La izquierda y la solidaridad internacional

La izquierda y la solidaridad internacional no pueden aceptar que la soberanía nacional se mantenga como una categoría intocable, pero tampoco se puede admitir que se reinterprete desde el modelo neoliberal. Juridificar las relaciones internacionales, como principio, implica un primer paso en la lucha contra la impunidad. Romper el binomio relaciones entre Estados- diplomacia como regla del devenir internacional, implica sustraerlas de las relaciones de poder. El TPI debe vincularse a un nuevo orden internacional donde la prevención de conflictos sea la tónica. Eso implica presionar a los países dominantes para que:

propicien negociaciones multilaterales que respeten las decisiones que las partes en conflicto adopten sin interferencias y sin falsos paternalismos que escondan concepciones étnico-racistas. cancelen la deuda externa y la reintegren en necesidades sociales. prohíban la venta de armas a los países en conflicto y devuelvan un porcentaje de sus beneficios a los sectores sociales más empobrecidos. finalicen el apoyo a las dictaduras de los países afectados y embarguen todos sus bienes. propicien un trato preferencial con las zonas en guerra. apoyen una nueva política de cooperación al desarrollo y extranjería. impulsen procesos democratizadores y el envío de lo gastos previstos para las intervenciones.

Todo ello en el marco de un nuevo modelo de globalización.

Por otra parte, resulta imprescindible apoyar a los sectores de la sociedad civil que pretenden mejorar las condiciones de vida, el reparto democrático del poder y la convivencia en paz. La militarización de las zonas en crisis suele destruir estos sectores y la intervención militar humanitaria no va a impulsar una vía civil, sino más bien gobiernos e interlocutores sólidos y poderosos a quienes dejar la gestión del país, es decir se apuesta por estabilizar regiones en función de intereses imperiales.

No seré yo quien censure el procesamiento del dictador sudanés, pero el TPI se encuentra amputado y sólo un cambio sustancial en su funcionamiento y en la estructura institucional mundial nos permitirá convertirlo en un instrumento de la solidaridad internacional. Para empezar, Aznar, Bush y Blair junto a los responsables de la masacre de Gaza deben ser procesados inmediatamente.

Juan Hernández Zubizarreta es miembro de Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y colaborador de Pueblos.

Notas

[1] Información de agencias.

[2] Fréderic Delorca, “Sudán y Chad las estrategias de Washington y París”, Rebelión, 3 de enero 2008.

[3] Txente Rekondo, “La actualidad del conflicto de Darfur”, Rebelión, 23 de Julio 2008.

[4] Frederic Delorca, art. cit.

[5] Sudán tampoco es miembro del TPI pero a solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU, se ha dictado orden de detención contra su presidente.

[6] Press TV, “Israel está armando a los rebeldes de Darfur”, Rebelión, 5 de enero de 2009.

[7] William Engdahl, “¿Darfur? Es el petróleo tontito...”, Rebelión, 28 de mayo de 2007.

[8] C. Reghaban, “La ONU debe dirigir la política internacional”, Revista del Sur, núm. 45, Junio, 1995.

[9] Jordi García-Petit, “Las Naciones Unidas, excluidas en la crisis”, El País, 24 de diciembre 2008.

[10] Alejandro Teitelbaum, “Las reformas del Consejo de Seguridad y los aspirantes a nuevos miembros permanentes” Alai-amlatina, 24 de septiembre de 2004.

[11] Juan Hernández Zubizarreta, “Intervenciones humanitarias: de la intervención militar a la prevención de conflictos”, en Palabras para cambiar el mundo, Gakoa, San Sebastián, 2002.

[12] Juan Hernández Zubizarreta, “El laberinto Pinochet”, Hika, 2001.

"La embajada española sabe muchas cosas, aviones españoles descargan armas en Kinshasa o Kigali"

 

Entrevista a Bruno Miteyo, director General de Cáritas del Congo

"La embajada española sabe muchas cosas, aviones españoles descargan armas en Kinshasa o Kigali"

Sergio Heredia

La Vanguardia

Bruno Miteyo (Katanga, RD Congo, 55 años) concentra el discurso en la pobreza y la educación. Habla de forma pausada, seleccionando las palabras, y sólo se detiene a veces, cuando se le ensombrece el rostro. Es evidente que ha visto muchas cosas: como responsable de Cáritas, lleva años asistiendo al horror en la República Democrática de Congo, donde cuatro fuerzas combaten desde 1996. "¿Acaso ha estado usted alguna vez en Kinshasa?, ¿conoce a algún europeo que lo haya hecho? -se pregunta-. Tal vez ahí tenga la clave: el nuestro es otro gran conflicto olvidado...".

Y mientras, prosiguen las matanzas...

Hace dos años, cuando estuve en Madrid, anuncié que había habido cuatro millones de muertos en el Congo. Ahora ya hay cinco millones. No quiero volver dentro de dos años y hablar de seis.

Cinco millones, y apenas se habla de eso.

Hace algunos meses, anuncié que parte del ejército rebelde ruandés había utilizado los machetes para asesinar a mil personas en una aldea.

Eso salió en los papeles.

Es cierto: lo hizo durante dos días. En aquellas fechas, se supo que un avión estadounidense había practicado un aterrizaje forzoso en el río Hudson. Esa historia se perpetuó durante tres semanas. La prensa profundizó en todos los detalles de ese accidente. Y lo nuestro pasó de largo.

Se trata de ciudadanos de segunda clase.

Y están los dictadores: ellos no dejan que las cámaras entren en el país. Hay periodistas arrestados y condenados. Se viola su libertad sistemáticamente.

Llegan algunas imágenes de refugiados en Kivu Norte.

  En los últimos seis meses, ha habido 1.500.000 desplazados. ¿Se imagina? Es como un país entero caminando por los senderos.

¿Adónde van? ¿Qué buscan?

Comida y seguridad. No pueden regresar a sus campos porque los matarán o los violarán. Comen una vez al día. Se detienen en los campos, o donde les acoge alguna familia. Y los violentos llegan detrás.

Algunos de esos violentos son críos.

Niños de diez años. El LRA (Lord´s Resistance Army, de Uganda) busca reclutas de esas edades. Los jefes rebeldes les dan drogas. Les dicen: si quieres sobrevivir, debes violar a una niña de cinco años. Si quieres ser valiente, debes matar a una mujer y comerte su corazón. Y los arman.

¿De dónde salen esas armas?

Las veo en los aeropuertos, en Kinshasa o en Kigali. Veo los Airbus 333 aterrizando. Son aviones belgas, franceses o españoles. Descargan los contenedores.

¿Está seguro de que allí llegan las armas?

Me acerco, les pregunto. "Es mi negocio", me responden.

¿España está en ese negocio?

La embajada española sabe muchas cosas. Pregunte allí. Hace dos años, cuando hubo combates entre el presidente (Joseph Kabila) y el ex vicepresidente (Jean Pierre Bemba), los milicianos bombardearon ese edificio.

En todo este tiempo, ¿qué ha perdido usted?

Muchísimos amigos. Barrios enteros. Yo estoy en peligro allí. Pero no me importa: quiero contar esta historia.

¿Le han perseguido?

En 1997, cuando llegó Kabila padre (Laurent) desde Ruanda, tuve que caminar 800 kilómetros en tres semanas. Fui un refugiado. Los soldados me lo robaron todo, me dispararon al oído. Vi cómo asesinaban a muchos otros.

Los soldados, los bandidos, ¿la maldad del hombre?

Todo está en la pobreza. Y en la educación. Son jóvenes de 25 años que nunca fueron a la escuela. Si les dan un arma, y apenas saben dispararla, ¿cómo sabrán que eso está mal?

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La nueva oleada

El 24 de febrero Berlusconi se reunió con Sarkozy, pero no le habló de inmigración, sino de la vuelta a la energía nuclear en Italia. Y de contratos por valor de miles de millones de euros desde hoy hasta 2030 a favor de París. Areva, el coloso estatal de la energía nuclear francesa, necesita nuevos clientes, porque, a partir de 2012, la sociedad podrá disponer de tanto uranio que, para amortizar una inversión inicial de 1.200 millones de euros, tiene que encontrar enseguida a alguien dispuesto a comprárselo.

Fabrizio Gatti

L'Espresso

Traducido para Rebelión por Liliana Piastra

Desde Níger casi 10.000 africanos huyen hacia nuestras costas. La guerra por el uranio y la alianza Gadafi-Sarkozy favorecen a los traficantes. Y así los acuerdos entre Italia y Libia se convierten en una burla. En exclusiva, la película-encuesta 'En la vía de Agadez'.

Mapa y vídeos del uranio y los inmigrantes


Visto desde Agadez, el último abrazo entre el primer ministro Silvio Berlusconi y el coronel Muamar el Gadafi es una burla. En esta espléndida ciudad de barro rojo en medio del Sahara, en Níger, el acuerdo sobre inmigración ratificado en Trípoli el 2 de marzo pasado ya es papel mojado. Desde Agadez los camiones y los todoterrenos cargados hasta arriba de emigrantes africanos que tienen la esperanza de llegar a Lampedusa, a Italia o a Europa han reanudado sus viajes hacia Libia. El tráfico se ha retomado como en los tiempos del oro. Bajo la mirada indiferente y a menudo interesada del ejército libio, que controla la pista de rocas y arena en la frontera de Tumu, en el silencio del desierto.

Gadafi, al sur del Sahara, hoy no es más que un ejecutor de decisiones que se toman en París. Para detener o ralentizar la marcha de los clandestinos hacia su futuro, lo que más bien debería hacer Berlusconi es pedir que intervenga el presidente francés Nikolas Sarkozy: porque la ruta para los traficantes de hombres se ha vuelto a reabrir, justamente gracias a la guerra de los tuareg. Una guerra por el uranio que libra Francia en la región de Agadez (véase cronología en la página 36). Desde noviembre de 2008 miles de personas han pasado por la ciudad roja hacia el norte. Con un récord de salidas entre enero y febrero: son casi 10.000 los chicos y chicas que huyen de África occidental. A partir del verano que viene sabremos si esta generación de veinteañeros ha encontrado trabajo en Libia o saldrá en los telediarios en las pateras a la deriva por el Mediterráneo. Su objetivo, dicen, es llegar a Italia o a alguna otra parte de Europa.

El 24 de febrero Berlusconi se reunió con Sarkozy, pero no le habló de inmigración, sino de la vuelta a la energía nuclear en Italia. Y de contratos por valor de miles de millones de euros desde hoy hasta 2030 a favor de París. Areva, el coloso estatal de la energía nuclear francesa, necesita nuevos clientes, porque, a partir de 2012, la sociedad podrá disponer de tanto uranio que, para amortizar una inversión inicial de 1.200 millones de euros, tiene que encontrar enseguida a alguien dispuesto a comprárselo. De lo contrario, corre el riesgo de pagar cara la crisis financiera por la que está pasando. Pero todo ese uranio aún no ha llegado a Francia. Por ahora esté en Níger, cerca de Agadez, en Imouraren, bajo al arena, en el mega-yacimiento que empezará a producir dentro de tres años, el segundo del mundo, después del de McArthur River, en Canadá.


Lo que Sarkozy no le ha dicho a Berlusconi en su visita a Roma del 24 de febrero es que en Níger Francia ha jugado sucio. Como solía hacer en África en tiempos del general Charles de Gaulle. Y sólo al final Areva ha logrado arrancarle a Canadá y a China la concesión del mega-yacimiento de Imouraren. Pero Sarkozy tampoco le ha contado a Berlusconi que los tuareg, respaldados por los 007 franceses en los juegos de la guerra, se han puesto otra vez a traficar con los emigrantes que quieren desembarcar en Italia. En el fondo, sigue tratándose de energía y fuerza laboral destinadas a alimentar la economía europea. La diferencia es que los minerales de uraninita transformados en sales de uranio viajan protegidos hasta las plantas de enriquecimiento de Francia, mientras que a los emigrantes se les somete a todo tipo de vejaciones y el 12 por ciento muere antes de llegar a Europa.

Uno de los testigos de este juego sucio francés es italiano, un comerciante de Turín, T. P., 50 años, detenido por inmigración clandestina en Níger. Vivía en Agadez, pasó algunos meses en el desierto con los guerreros tuareg y, cuando quiso dejar Níger, acabó en comisaría. La policía le apretó las tuercas y, como él tenía el permiso de residencia caducado, tuvo que contar todo lo que sabía a cambio de su liberación. Al final le expulsaron, declarándole ciudadano no grato. Los puntos en común entre la vía de los clandestinos y la del uranio hay que contarlos justamente desde Agadez, donde el comerciante turinés había abierto una tienda y a donde ahora llegan miles de jóvenes africanos con la certeza de sobrevivir al desierto que les espera.
La ciudad-monumento al atardecer se tiñe de rojo, pero no parece una comunidad sitiada, ni en guerra. Aparte los pastores nómadas tamashek que acampan en las calles del centro, evitando las pistas con sus minas y emboscadas. En la carretera asfaltada, ante la autogare, la estación a la que llegan los autobuses y de la que parten los camiones del desierto, los negocios van viento en popa. Hay cientos de puestos en ambos lados de la calle, y venden de todo, desde zapatos usados hasta barras de pan recién horneadas, bolsitas de dátiles y galletas, latas de leche en polvo, bidones de aceite recubiertos de cartón y de cáñamo y reciclados como bidones de agua. Pasan carretas empujadas a mano. Personas por doquier. Es el mercado de los pobres. El punto de avituallamiento de todo el que espera para irse e intenta gastar lo menos posible. Porque cada día de espera es un pequeño bocado a los 250 euros necesarios para cruzar el Sahara hasta Libia. Y, para quien ya cuenta con ellos, a los 1.500 euros que piden los traficantes libios de Al Zuwara para jugarse la vida hasta Lampedusa. Los emigrantes que se han detenido en Agadez comen lo menos posible para no comprometer el pequeño capital necesario para el viaje. A menudo tan sólo gari, una masa energética hecha con raíces de tapioca.

Pero esta calle también es un mercado para ricos. Es la contradicción de toda guerra. Cerca de la mezquita, un comerciante vende coches plateados importados o pasados de contrabando desde Nigeria. Y la fila de tiendas que hay bajo los soportales, una decena de locales antes abandonados e invadidos por la arena, ahora están limpios. No tienen rótulos, ni carteles publicitarios colgados en los escaparates, pero son agencias de viajes. Broker, passeur, mediadores. Se hacen cargo de los emigrantes que llegan desde Nigeria, Ghana, Liberia, Benin, Mali. Y en los últimos meses, por primera vez, también desde Senegal. La edad de esta generación en fuga va desde los 14 hasta los 30 años. Tienen un proyecto, una idea, un sueño que realizar. Son los hermanos y las hermanas menores de los emigrantes que han pasado por Agadez entre 2003 y 2005. Saben que sus brazos se aferrarán sin duda a un trabajo. Las noticias de boca a oído y la experiencia de los que han sobrevivido cuentan que es duro, pero que algo se encuentra. Los clandestinos como motor insustituible de la riqueza sumergida, sobre todo en Italia, donde la producción en negro exenta del pago de impuestos representa el 23 por ciento del PIB.

En el patio de la autogare cientos de personas esperan a que pase también este día. Una posición de soldados, con una ametralladora pesada montada en un todoterreno, vigila la entrada. Bien mirado, hay soldados por todas partes. Mejor será no entrar. En Agadez hoy está prohibido hacer preguntas, hacer fotos, grabar vídeos. Puede suceder que te vean o te escuchen los espías de paisano o cualquiera que quiera congraciarse con la gendarmería a cambio de un soplo. A finales de febrero el presidente de Níger, Mamadou Tandja, volvió a declarar el estado de alerta, proclamado el 25 de agosto de 2007 como respuesta a los ataques de los tuareg. En la región de Agadez la democracia se ha suspendido y la administración se le ha confiado al ejército. Algunos periodistas locales y franceses acabaron en la cárcel hace unos meses. Se arresta automáticamente a quien investigue en la ciudad o en el desierto. Los extranjeros, si no son emigrantes a punto de partir o técnicos de minas, deben mantenerse alejados. Y, si pasan, han de asumir su riesgo.

La tensión se hace patente ya en el puesto de bloqueo fuera de la ciudad. Un oficial, siempre con gran amabilidad, quiere quedarse el pasaporte. "Esta es la frontera", dice: "Es como si Agadez en estos momentos no estuviera en Níger. Aquí mandamos nosotros". Pero dejar el pasaporte en manos de los militares significa correr el riesgo de perderlo y tener que afrontar luego la incógnita de la burocracia de guerra. El oficial acepta llegar a un compromiso: "Bueno, pues hagamos así, esta tarde un inspector de policía irá a interrogarle al hotel". Los militares están recogiendo ante su pequeña oficina a los emigrantes en tránsito. Bajan de los autocares, de los minibuses, de los camiones. Hoy, igual que cuando llega cualquier otro convoy, son más de 400. Permanecen sentados encima del montón de sacos, lonas y cajas. Tienen que pagar diez dólares por cabeza como derecho de tránsito. Y quien no tiene los documentos en regla, 20 dólares. Ya aquí la inmigración hacia Europa es un negocio.
Sólo hay una manera de llegar a Agadez. Hay que unirse a los convoys escoltados por el ejército. Parten un día sí y otro no desde Zinder, 431 kilómetros de desierto hacia el sur, todo a lo largo del camino de los clandestinos. Un viaje de una jornada. En pleno Sahara las dunas rosas ya han cubierto la nueva carretera asfaltada. Los chicos de los camiones tienen que bajar. Echan a andar. Las grandes ruedas, libres de peso, superan las olas de arena a toda mecha. Algún chófer ralentiza, pero no se para. Y a sus pasajeros les toca correr para no quedarse en tierra, para no acabar abandonados aun antes de realizar la parte más difícil del viaje. Los soldados escoltan al convoy en sus todoterrenos Toyota provistos de ametralladoras. Dicen que corremos el riesgo de sufrir un ataque de los guerrilleros tuareg o de los bandidos. Pero, sobre todo, pasando por aquí sin formar parte de los convoys, el verdadero peligro es que sean ellos mismos quienes acaben disparándonos. El ejército tiene órdenes de disparar sin avisar. Ya ha pasado. Algunos emigrantes han resultado muertos junto con los chóferes en el desierto del Teneré, aun antes de que los militares pudieran identificarlos. Para llegar a Italia habían pagado el viaje equivocado.

"Con la crisis que tenéis en Europa ¿dónde pensáis meter a todos estos inmigrantes?", sonríe un traficante tuareg de Agadez. Como es lógico no quiere que se le grabe ni que se le retrate: "Desde noviembre pasado es como si Libia hubiese dado vía libre. Ahora que han elegido a Gadafi presidente de la Unión africana, está claro que no puede decirles a sus conciudadanos africanos que se den media vuelta. Hemos sabido que Italia invertirá en Libia 5.000 millones de dólares. Harán obras, habrá trabajo. Necesitarán mano de obra y nosotros se la traeremos. Si luego algunos quieren seguir viaje a Europa, nos parecerá normal. Gracias a la inmigración clandestina hasta se podría firmar la paz. Es el único punto en el que el ejército de Níger, el de Libia, los rebeldes tuareg y nosotros los tuareg que no tenemos nada que ver con la rebelión estamos de acuerdo".

El pacto bajo cuerda funciona desde noviembre de 2008. El problema ahora es la falta de camiones. "Estamos esperando a que nos lleguen de Nigeria. Tenemos más gente dispuesta a irse que medios para llevarlos ", nos cuenta otro broker en Agadez: "En noviembre los rebeldes tuareg amigos de Francia, los militares libios y nigerinos y los traficantes de todo el Sahara han llegado a un acuerdo: todos se hacen los tontos y cada cual cobra la parte que le corresponde. Los chóferes tuareg decían que, al no tener trabajo por culpa de la guerra, se iban a sumar a la rebelión. Así ahora el ejército de Níger escolta a los camiones hasta Dirkou. Los libios cierran un ojo. Y los tuareg tienen trabajo. La limitación es que también para Dirkou hay que desplazarse en convoys. Si no se forma parte de un convoy los militares disparan sin previo aviso y además está el peligro de las minas". Los convoyes del viernes 13 de marzo y del martes 17 de marzo son gigantescos: una fila de decenas de todoterrenos y 60 camiones cargados de mercancías, cigarrillos de contrabando y emigrantes. Hay minas
anticarro por todas partes. En septiembre, a 40 kilómetros de la frontera con Libia, una explosión improvisa bajo las ruedas de un camión mató a cinco pasajeros, entre ellos a un chico de 19 años. Pero el negocio merece el riesgo: 10.000 emigrantes por 250 euros representan una recaudación de 2 millones y medio.

Dirkou en estos días es un oasis que no sabe cómo alimentar a sus huéspedes en tránsito. Hay más extranjeros que residentes: más de 5.000 sobre 3.000. Un lugareño cuenta por teléfono que no hay bastante comida para todos y que se ha producido una epidemia de meningitis. Al menos 15 emigrantes han muerto de hambre y de sed en los últimos días, los chóferes de los camiones han visto sus cadáveres al sur de Tumu, la frontera con Libia. Puede que los hayan abandonado los traficantes, puede que decidieran seguir a pie.

La fuga de África es también un drama en las ciudades, donde las generaciones más instruidas se disuelven a lo largo de la ruta del desierto. Justo en estos días una delegación del ministerio de Educación de Nigeria ha ido a Agadez a pedir a las autoridades que no dejen pasar a los menores de 15 años nigerianos. La pesadilla son los traficantes de sueños que abordan a los chicos menores de edad delante de los colegios: no venden droga, sino un futuro imposible. "Los broker mandan a sus emisarios a apostarse delante de las escuelas nigerianas", explica un funcionario: "Les cuentan que llegar a Italia es fácil. Pero, ya en viaje, a los chicos les quitan el dinero. Y las chicas tienen que prostituirse para pagarse el resto del trayecto". Irin, la agencia de análisis de la oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, ha recogido testimonios de camiones atacados por bandidos en la ruta a Dirkou y de adolescentes raptadas que han desaparecido en el desierto.

Todo esto, desde finales de 2005 hasta el otoño de 2008, se había parado. El ejército de Níger había bloqueado el tráfico de clandestinos a lo largo de la pista de los esclavos: 1.500 kilómetros de desierto que cruzan el Teneré y, superado el oasis de Dirkou, suben hasta Libia, la ruta que tuvo su pico máximo de emigrantes y de cadáveres en 2003, con 15.000 pasajes al mes. Todo esto no se habría repetido si la guerra teledirigida de los tuareg no hubiera desestabilizado la región. A finales de 2006 Agadez sigue siendo una ciudad abierta al mundo y llena de turistas. Pero son meses en los que el coste del petróleo corre. Y el precio del uranio también. El presidente Mamadou Tandja y el gobierno deciden que Níger finalmente puede apostar por el recurso estratégico que tanto abunda en la región de Agadez. Las concesiones para buscar minerales de uraninita, cofinita y pechblenda se ofrecen al mejor postor. La diplomacia francesa refunfuña. París siempre ha tenido el monopolio del uranio en Níger. Así lo establece, ya desde 1961, el Acuerdo de defensa firmado entre ambos países, en plena dominación colonial. El coloso Areva pide para él los primeros 35 permisos para buscar minerales. Tandja resiste y otorga 15 concesiones a sociedades canadienses, siete a Australia, seis a Sudáfrica, y únicamente cuatro a Francia, tres a India y dos a China y Rusia. Queda aún pendiente la explotación del yacimiento de Imouraren, cerca de Agadez: una cantidad de uranio extraíble de 5 toneladas al año durante 35 años, que hace que Níger pase del cuarto al segundo puesto entre los países exportadores. Lo cual, por sí solo, equivale a toda la producción mundial de Areva.

El ataque a la posición del ejército en el oasis de Iferouane, al norte de Agadez, el 8 de febrero de 2007, es una acción a sangre fría. Un plan que recuerda la muerte de los diez soldados franceses masacrados el 19 de agosto de 2008 en Afganistán. Desde ese día de febrero, en los alrededores de Agadez mueren padres de familia y chicos que visten el uniforme a cambio de una soldada. Pero detrás del asalto de Iferouane no están los talibanes de Al Qaeda. Hay un grupo minoritario de tuareg que hasta aquel día era desconocido. Se hacen llamar Mnj, Movimiento de los nigerinos por la justicia, que en cuestión de pocas semanas recibe armas y municiones de Libia. Pronto se une a ellos el capitán Mohamed Ajidar, comandante de un pelotón del Fnis, la Fuerza nigerina de intervención y seguridad, una unidad del ejército formada por tuareg. El comandante Ajidar conoce de cerca los intereses franceses en la región. Siete meses antes Areva le ha confiado la vigilancia de tres áreas de concesión. Y le ha ingresado en su cuenta personal 56 millones de francos africanos, 85.365 euros, un capital por estos pagos. Pero ¿por qué tanto dinero? Suficiente para que el gobierno sospeche y en pocos días expulse de Níger al ex coronel Gilles de Namur, responsable por cuenta de Areva de la seguridad del mega-yacimiento de Imouraren. Una coincidencia: de Namur es agregado militar en la embajada francesa en Niamey durante la primera revuelta tuareg abiertamente respaldada por París. El Mnj causa otras muertes. Y el gobierno ordena que se arreste y expulse al director general de Areva Níger, Dominique Pin. Otra coincidencia más: en los años 90, mientras de Namur trabaja en la embajada de Niamey, Pin forma parte de la sección África del Eliseo, donde el presidente François Mitterrand tiene una consejera que se abrirá camino en la industria estratégica. La consejera es Anne Lauvergeon, actual administradora delegada de Areva. Pero los entresijos más delicados sobre la presunta benevolencia entre la sociedad estatal de París y los nuevos rebeldes tuareg los revela sin quererlo el comerciante de Turín interrogado en una cámara de seguridad en Niamey. Cuenta que el vicepresidente del movimiento tuareg, Asharif Mohamed-Almoctar, que moriría en combate en el verano de 2008, suele llamar a menudo a Francia con uno de los dos teléfonos móviles robados el 20 de abril de 2007 en las obras que Areva tiene en el megayacimiento de Imouraren.

Lo que sorprende a la policía de Niamey, según fuentes de la investigación, es que meses después, a finales de 2007 y en plena guerra, Areva siga renovando el crédito de los dos teléfonos robados por los tuareg. Un misterio curioso jamás esclarecido. Al igual que sigue siendo una novela policíaca la reivindicación por parte de Al Qaeda del secuestro, aún en curso en el Sahara, del enviado de la ONU a Níger: el ex embajador de Canadá en Roma, Robert Fowler, monsieur Afrique en la política extranjera de Ottawa, raptado el 14 de diciembre al norte de la capital con el también canadiense Louis Guay y el chófer nigerino Soumana Mounkaila. Según los periódicos de Canadá, el país que se ha llevado el mayor número de concesiones de uranio de Níger, Fowler y Guay se dedicaban a las minas al margen del mandato de la ONU. Mouadibou Sisse, 19 años, de Bamako, Mali, ni siquiera puede imaginarse el juego de estrategia que se está jugando en la cabeza de esta tierra en el primer puesto de las clasificaciones de pobreza. Espera el autobús para Agadez en la estación de Niamey. Quiere llegar a Italia para pasar a España. Ya le han expulsado una vez de Madrid. Pero no se rinde.

(26 de marzo de 2009)

http://espresso.repubblica.it/dettaglio/la-nuova-ondata/2076172/

Argelia: El presidente argelino afirma haber conseguido el 90'24 % de los votos en las elecciones presidenciales

La oposición lo considera "un fraude masivo y generalizado"

El presidente argelino afirma haber conseguido el 90'24 % de los votos en las elecciones presidenciales

Ansa

El presidente de Argelia, Abdelaziz  Bouteflika, consiguió 90,24% de los votos en las elecciones del  jueves, informó hoy el ministro del Interior, Yazid Zerouhni.

Sin embargo, la oposición continuó hoy con sus protestas y  puso en duda los informes oficiales sobre la asistencia a las  urnas.

 Mientras según el ministerio del Interior votó 74,11 por  ciento de alrededor de 20 millones de inscriptos, el Frente de  las Fuerzas Socialistas dijo que "la verdadera tasa de  participación no supera 19 por ciento".

 "Se trata de una impostura autoritaria", dijo un comunicado  del partido de la izquierda democrática.

 La fuerza opositora dijo haber reunido datos que demuestran  que fue cometido "un fraude masivo y generalizado" en las  elecciones del jueves.

 Otro partido de oposición, el Reagrupamiento por la Cultura y  la Democracia, afirmó también que hubo toda clase de  irregularidades durante la votación y el escrutinio. (ANSA).

Madagascar: Suma y sigue

 

Madagascar

Suma y sigue

Jean-Luc Raharimanana

delairagauche.net

Traducido para Rebelión por María Enguix

Tras la crisis de 2002 que terminó derrocando la dictadura, parecía que Madagascar se encaminaba hacia la democracia y el progreso, pero las esperanzas puestas en el nuevo presidente, Marc Ravalomanana, pronto se frustraron. Ravalomanana utilizó el Estado para ampliar sus negocios en lugar de crear las infraestructuras públicas necesarias en el país, uno de los más pobres del mundo. El joven alcalde de Antananarivo, Andry Rajoelina, ha creído que era posible repetir la jugada de 2002 aprovechando el hastío de la población frente a un presidente autócrata y corrupto. Madagascar está actualmente al borde de la guerra civil y su ejército amenaza con tomar el poder.

Como los medios de comunicación apenas se hacen eco de estos hechos, el Cridev* invitó, el 2 de abril a las 19.30 h en la Maison des Associations de Rennes, al escritor malgache Jean-Luc Raharimanana para que nos esclareciera en lo posible esta realidad confusa y criminal.

Asimismo, el escritor ha permitido que Cridev publicase en su boletín Cridev Réagit el siguiente texto inédito.

Un joven empresario, rico, guapo, admirado, alcalde de la capital, una multitud que llena toda la plaza del 13 de mayo, reivindicaciones y la tremenda esperanza de una democracia real, manifestaciones deliberadamente pacíficas, y una marcha hacia la presidencia para ocupar los lugares simbólicos del poder, un cordón militar, breves negociaciones y la matanza, las armas que hablan y un pueblo que llora una vez más a sus muertos…

Sucedió en 1972, el 13 de mayo: una multitud que denuncia el carácter neocolonial del régimen de Tsiranana y unos militares que abren fuego contra los manifestantes. Sucedió en 1991, el 10 de agosto: una marcha hacia el palacio presidencial de Lavoloha y la voz del presidente Ratsiraka que ordena disparar contra la multitud. Sucedió en 2002: seis meses de manifestaciones «pacíficas» tras las elecciones interrumpidas en la primera vuelta y, al final, una llamada al «hazalambo», la caza del jabalí o caza de montería, exterminio ordenado por Ravalomanana, autoproclamado presidente. Sucede hoy, en 2009, el 7 de febrero: una marcha hacia Ambohitsirohitra, otro palacio presidencial, una multitud y disparos con armas de fuego en respuesta final.

Ravalomanana, Rajoelina, los gemelos idénticos

Antes de continuar, sólo cabe precisar que antes de su llegada al poder, Ravalomanana se había enriquecido durante la dictadura de Ratsiraka. Tras ser condenado por corrupción en 1988, el propio Ratsiraka lo libera y de paso gana el concurso de privatización de la empresa por la que le han condenado…

Aquí radica la base del imperio TIKO que, financiado por el Banco Mundial y protegido por Ratsiraka, gozará de todos los favores y nunca pagará impuestos, ventaja acordada por un Gobierno consciente de ello demasiado tarde. Ratsiraka pensaba en Ravalomanana como su testaferro, pero el segundo codiciaba todo el botín, en este caso el poder organizado en beneficio de su empresa: exención fiscal, desgravación salvaje de los insumos necesarios para sus fábricas (impuestos máximos para la competencia), control absoluto de los concursos, pagos diferidos de los agricultores productores, compra de terrenos de dominio público a precios irrisorios, confiscación de tierras, monopolio de todos los sectores de la economía, control de los medios de comunicación, encarcelamiento de intelectuales y opositores, a lo que se añade la complacencia de los socios capitalistas y de las potencias extranjeras, toda la panoplia del perfecto dictador…

Dejando a un lado el futuro de Andry Rajoelina –que se proclama liberal, capitalista, líder económico…–, no tenemos exactamente el mismo perfil que Ravalomanana. Los reinados de Ratsiraka y de Ravalomanana forzaron a los jóvenes malgaches a una cultura de supervivencia y picaresca, pues el Estado no podía garantizar un sueldo decente. Muchos de estos jóvenes recurrieron a la empresa privada, probando fortuna, fracasando en una rama e intentándolo de nuevo en otra. Los agrónomos se hicieron informáticos, los médicos criadores de cerdos; Andry Rajoelina fue DJ y organizador de espectáculos antes de montarse un chiringuito de publicidad y comunicaciones.

A diferencia de Ravalomanana con Ratsiraka, no ha gozado de los favores dolosos del gobierno. Al contrario, Ravalomanana no ha cesado de ponerle trabas: su popularidad actual se remonta al asunto de los carteles publicitarios en 2004. Ravalomanana, furioso al ver que sus carteles no eran tan bonitos como los del joven empresario, mandó quitarlos, como volvió a hacer con motivo de los últimos juegos del Océano Índico. Cada vez, Rajoelina se le ha enfrentado.

El pueblo de Antananarivo, en particular los jóvenes y empresarios que sufren la depredación del imperio TIKO, han seguido muy de cerca esta rebeldía. No resulta extraño que secundaran en masa su candidatura al ayuntamiento de Antananarivo. Una vez conseguida la alcaldía (enero de 2008), podría trazarse un paralelismo con Ravalomanana, alcalde de la capital también en su época. Pero Ravalomanana tuvo campo libre en su ayuntamiento, lo que no pasa con Rajoelina.

En cuanto ocupó su cargo sufrió las iras del Estado: corte de la electricidad en los locales administrativos de todos los distritos de la capital, nombramiento oficioso de otra ciudad (Toamasina) como capital administrativa de Madagascar, retirada de la gestión de la red viaria al municipio, imposibilidad de que el alcalde nombre a los jefes «fokontany» (administradores de pequeños municipios, zonas urbanas y pueblos). La situación actual es consecuencia directa de este rechazo de Ravalomanana a compartir el poder, con el cierre de la cadena de radio VIVA como colofón. Andry Rajoelina podía escoger entre someterse o rebelarse, entrar en el círculo de la corrupción del sistema Ravalomanana o despertar la revuelta latente de la población malgache.

Hoy sabemos cuál fue su elección. Balance provisional: un centenar de muertos desde el 26 de enero. ¿Intentona de golpe de estado de un lobato financiero sediento de poder o revuelta popular encarnada en una figura heroica de la resistencia? ¿O ambas cosas?

Una historia vacilante…

¿Cómo explicar ahora estos actos reiterados de violencia? «Es África…», dirán, idiosincrasia africana: masacres y más masacres… Pero supongamos que no estamos ante africanos prestos a sacar los machetes o, mejor aún, los FAMAS (Fusil de asalto de la fábrica de armas de Saint-Étienne), los M16, los kaláshnikov o cualquier otra arma que contribuya a la buena salud de las exportaciones de nuestros países civilizados, y busquemos una suerte de explicación que excuse a estos malgaches de tan delicadas tradiciones…

Una vez hecho esto, con la sesera exprimida por el esfuerzo sobrehumano, podemos aceptar que los atropellos observados en Madagascar residen en la naturaleza misma de los Estados impuestos al país. Si un Estado democrático se define en relación con una tierra, un pueblo y un poder, entonces Madagascar no ha tenido ni uno desde la independencia…

Una tierra para un pueblo, un poder para un pueblo y un pueblo que reconoce la legitimidad de un poder; sí, parece un eslogan, sí, parece un discurso simplista, pero otro esfuerzo más, pues parece que este es el problema principal de la nación malgache desde hace tiempo.

Como señala Ndimby. A (Madagascar Tribune, 2 de febrero de 2009): «Resulta espantoso comprobar que después de casi 50 años de Independencia, la alternancia política sigue buscando, una vez más, vías no previstas en la Constitución. Rara vez se ha accedido al poder por las urnas, ni siquiera cuando, ya asentados en él, algunos afianzaron su cargo con una o varias elecciones (…), ningún malgache ha sido jefe de Estado presentándose a unas elecciones en condiciones más o menos normales, a excepción, quizá, del primer triunfo electoral de Philibert Tsiranana (1959), aunque no fue por sufragio universal y sí en el contexto particular de la descolonización. También observamos que en la historia de Madagascar se han dado todas las modalidades existentes de destitución del poder: un asesinato (Ratsimandrava), una dimisión (Ramanantsoa), un impedimento (Zafy), una transferencia de poder (Andriamahazo) y dos ceses a consecuencia de una seria crisis política: Tsiranana en 1972 y Ratsiraka en dos ocasiones, en 1991 y 2002. Sólo el cese de Norbert Lala Ratsirahonana, que se marchó democráticamente tras ser derrotado en unas elecciones no obstante organizadas por él (1996), puede considerarse democrático. Didier Ratsiraka (1993) y Zafy Albert (1997) fueron derrotados mientras trataban de recuperar el cargo que acababan de perder».

Tierra/pueblo/poder, las bases de un Estado democrático

En toda su historia, los malgaches nunca han logrado la ecuación tierra/pueblo/poder… Antes del periodo colonial las rivalidades territoriales y las luchas políticas entre los reinos eran conocidas por todos, así que no ahondaremos en ello. El periodo colonial intentó convencernos de la siguiente ecuación: el Estado francés era la cosa más natural del mundo en estas tierras malgaches y decretó que estas tierras baldías y desocupadas correspondían de pleno derecho a quien las explotara: ¡el colono! Pero, claro está, la superchería era demasiado burda: rebelión en 1947, una de las masacres más espeluznantes de la Francia colonial, 89.000 muertos según el ejército francés y un sinfín de polémicas históricas. El Estado colonial no se dedicó a ejercer su poder en beneficio del pueblo indígena, fue un Estado que apostó exclusivamente por la explotación de las tierras.

Con la independencia podría parecer que estos asuntos quedaban zanjados, pues la tierra volvía a ser de los malgaches. Por desgracia, el desarrollo desigual entre las provincias y la injerencia francesa en las decisiones económicas y diplomáticas decisivas provocaron la revolución de 1972: caída del régimen de Tsiranana, inestabilidad del gobierno hasta 1975, año en que, ya en el poder, Didier Ratsiraka instauró las «fivondronana», las «firaisana»** y las «fokontany».

Estas divisiones territoriales pronto se tornaron divisiones regionales (¿étnicas?); cada fivondronana, firaisana o fokontany negaba de hecho que alguien no oriundo de sus territorios ejerciera realmente el poder. Con las tierras parceladas, podía establecerse el enclave, y las fivondronana que se hallaban fuera del campo de influencia se hundían en una miseria cada vez más profunda. Para colmo, al crear un Frente Nacional de la Revolución, cuyos partidos políticos se repartían territorios, ministerios y funciones públicas con un equilibrio étnico frágil, Didier Ratsiraka acentuó la debilidad del Estado, dado que cada rama del poder obedecía a una oligarquía étnicamente marcada. El enclave está ahí, en el sistema estatal, y no en la ausencia o no de redes viarias.

Con un Estado que ya no funciona como tal, una función pública ineficaz, el respeto al Estado inexistente y un sentimiento deficiente de pertenencia a un Estado, el terror se convirtió en la única vía de mantenerse en el poder, la dictadura se impuso sobre el sueño revolucionario. Así es como resistió Ratsiraka durante dos septenios, antes del despertar del pueblo en 1991. Su poder centralizado saltó por los aires pese a la masacre del 10 de agosto, cuando mandó disparar contra la multitud.

De febrero a abril de 1992, 1.400 representantes de las fuerzas públicas y de la sociedad civil elaboran una nueva Constitución en varios foros regionales y un foro nacional (vaya… ¿el debate participativo de Ségolène? ¿El Yes, we can de Obama?). La nueva Constitución se aprueba en referéndum. Eligen a Zafy Albert presidente de la República. Después de expulsar a un dictador, elegir a un presidente, elaborar una nueva Constitución redactada por un régimen llamado de Asamblea, dar una importancia primordial a la descentralización, parecía que el pueblo malgache por fin iba a levantar cabeza.

Pero eso sin contar con la inmadurez de los políticos: un ejercicio de poder que se limitaba a la caza de las carteras ministeriales, una mentalidad que consideraba los cargos políticos y administrativos como fuentes de enriquecimiento personal. Presentan una moción de censura contra Zafy Albert, que se niega a seguir el juego parlamentario. Le someten a un «impedimento» y se ve obligado a abandonar el poder (1996). El pueblo malgache había logrado sin duda un consenso para una auténtica Constitución, pero los políticos no adoptaron la misma actitud. A las elecciones siguientes (1997) volverá a presentarse el nuevo Ratsiraka con su famoso programa «Humanismo ecológico» (vaya, ¿la Grenelle de los trópicos?), que recibió el premio europeo Umberto Blancamano, y fue financiado, como corresponde, por el Banco Mundial.

Lo mismo. Ratsiraka se apresura a borrar de la Constitución el régimen llamado de Asamblea y vuelve a un régimen presidencial que impide el impedimento… Para salvar las formas, cede a la autonomía de las provincias, fortísima reivindicación de gran parte de la población, pero jamás realiza las transferencias de poder previstas en su nuevo mandato. La conservación de la tierra como programa político, el humanismo del pueblo malgache como fuente de democracia, un poder respetuoso con la tierra y sus gentes; Ratsiraka ha entendido la ecuación pero camufla con su discurso el poder oligárquico.

La llegada de Ravalomanana a la política coincidirá con la vuelta de las reivindicaciones nacidas en 1991. La población apoyada por la sociedad civil y las Iglesias ve en él al hombre idóneo que puede exponer de nuevo sus aspiraciones democráticas. Un mandato más tarde, se da cuenta de que su campeón había entrado en política, no por un ideal de desarrollo, sino para ampliar su imperio. Ravalomanana no revisó el régimen presidencial, como había prometido; al contrario, lo reforzó al suprimir las regiones autónomas y arrogarse el derecho de nombrar y revocar a placer los PDS (Presidente Delegado Especial) o los jefes de las regiones. En adelante el territorio se divide en 22 regiones –lo que no dista mucho de las realidades malgaches y de ese anhelo tan buscado de descentralización e integración territorial–, pero la dotación presupuestaria, pese a los textos, depende por completo del humor de la Presidencia. Las ciudades que habían caído en la oposición (Toamasina con Roland Ratsiraka, Fianarantsoa con Pety Rakotoniaina, Antananarivo con Andry Rajoelina) pierden sin comerlo ni beberlo sus presupuestos ordinarios o sus prerrogativas.

Nunca antes un presidente malgache había utilizado para beneficio personal la ecuación tierras/pueblo/poder, ni siquiera Ratsiraka… Tras las elecciones legislativas de 2007, el informe de la Asamblea Nacional afirma que: «el TIM*** ha obtenido 105 de 125 escaños. Diecinueve escaños han ido a parar a partidos pequeños y a candidatos independientes pro TIM. El escaño restante lo ha ganado Prezaly, de LEADER FANILO****, que se ha convertido así en el único miembro de la oposición de la nueva Asamblea Nacional».

El hombre de negocios Ravalomanana, que todo lo decide, tiene el monopolio de los sectores económicos de la isla. Con su reforma de la propiedad territorial, pone en jaque a los miles de propietarios analfabetos de la isla que, sin saber de catastros ni propiedades privadas, siguen funcionando según el código tradicional: una noción de propiedad que excluye la administración, basada en el acuerdo entre lugareños y familias. Sin que los susodichos «propietarios tradicionales» estén al tanto, estas tierras declaradas patrimoniales se malvenden a las empresas que gravitan en torno al presidente o a las grandes multinacionales que explotan el subsuelo; riquezas de la tierra, en consecuencia, que no volverán a recaer en la población. En este contexto, el asunto Daewoo no es sino una lógica llevada al extremo. De hecho, forma parte de un proyecto gubernamental que pretende atribuir la explotación de los grandes espacios a empresas privadas locales y extranjeras. El pueblo malgache es una mera «mano de obra a precios competitivos», un señuelo para atraer a los «inversores», o en realidad a los grandes explotadores del planeta que no quieren gastar más en países infestados de derechos sociales y sindicales (por no hablar de los inicuos impuestos e innumerables tasas profesionales…) y, para Ravalomanana, el pueblo es a un tiempo su empleado y su cliente, que trabaja para sus empresas, que compra sus productos: el sueño capitalista en estado puro.

¿Qué transición?

¿Tuvo, pues, Rajoelina motivos para sublevarse? Probablemente sí. ¿Hizo bien incitando al pueblo a asaltar un poder ciego? Probablemente no. Ahí está el centenar de muertos que da fe de su acto. La orden de Ravalomanana de disparar contra la multitud es criminal, pero ¿tenía Andry Rajoelina una conciencia cabal de la situación antes de marchar hacia el palacio presidencial? Poner a ambas personalidades en un mismo plano sería injusto. Ravalomanana viste desde hace tiempo el traje del dictador; Rajoelina, de momento, no ha hecho más que encarnar una aspiración legítima de libertad. ¿Podemos imputarle la responsabilidad de la carnicería del sábado 7 de febrero? Ravalomanana afirma que respeta la legalidad y la democracia, ¿pero es lícito o democrático disparar con armas de fuego contra una manifestación?

Rajoelina reclama un régimen transitorio, pero si se trata sólo de una transición para que el próximo gobierno juegue al juego de la silla, no merece la pena… El pueblo malgache ya ha hecho bastante: el directorio militar entre 1972 y 1975, elaboración del libro rojo y dictadura de Ratsiraka, los foros nacionales de 1992 y el regreso del propio Ratsiraka, los seis meses de 2002 y los sueños de democracia pegados en las etiquetas de los yogures TIKO…

Para despejar cualquier ambigüedad, Rajoelina debe remachar lo que ya ha dicho: que la presidencia no le interesaba y que lo que le importaba era la instauración de una verdadera democracia en Madagascar. Es impensable que Ravalomanana siga en el cargo, impensable que Rajoelina lo ocupe. Es necesario crear un gobierno neutro de transición y que todos sus miembros prometan que no se presentarán a las elecciones anticipadas, para evitar que la transición degenere en un periodo de cambalaches y traiciones políticas. La transición supondrá partir de cero para el pueblo malgache: la noción de Estado, los límites del ejercicio del poder, la creación de herramientas que no permitan las desviaciones observadas desde la independencia, porque la isla ya no puede hacer como si nada…

La ONU, la Unión Africana, Francia y los Estados Unidos recomiendan el diálogo. Muy bonito, pero eso es poner a los malgaches frente a este dilema: dialogar con el verdugo… Así es como se crece, por lo visto: mirando de frente al verdugo… Y así es como se respeta la democracia, también por lo visto…

¿En los Estados Unidos el clan Bush no había desatado dos guerras (como mínimo) por sus pequeñas empresas? ¿En Rusia no sigue siendo Putin el rey del petróleo y del gas? ¿En Italia, Berlusconi no domina el sector audiovisual y demás minucias económicas? ¿En Francia, Sarkozy no se repantiga en un yate mientras sus amigos multimillonarios se llevan sin complejos los concursos?

Ahora riamos a una con Gadafi cuando suelta: «Llamadme Rey de los Reyes tradicionales de África…».

Notas de la traductora:

* Centro de Rennes de información para el desarrollo y la solidaridad entre los pueblos.

** En la división administrativa de Madagascar, la «fivondronana» era una antigua subprefectura y la «firaisana», un antiguo municipio.

*** Tiako I Madagasikara (Yo amo Madagascar).

**** Liberalismo Económico y Acción Democrática para la Reconstrucción Nacional.

Escritor, dramaturgo y poeta malgache en lengua francesa, Jean-Luc Raharimanana sufrió la censura de su primera obra en Madagascar por razones políticas. Más tarde se trasladó a Francia para estudiar etnolingüística y ejerció el periodismo y la enseñanza. En la actualidad se dedica plenamente a la escritura.

Autor muy comprometido, describe con un estilo violento y lírico la corrupción y la pobreza que castigan su isla, sin olvidar la dolorosa historia de su país. Entre sus obras destacan Nour 1947, Lucarne, Rêves sous le linceul (ediciones Serpents à Plumes) y Madagascar 1947 (ediciones Vents d’Ailleurs).

Fuente: http://delairagauche.net/spip.php?article324

 

Una misión de la ONU destapa el horror en Kenya

Una misión de la ONU destapa el horror en Kenya

Joan Canela Barrull

Berria

La fama de Kenya como una de las democracias más estables de África ha quedado hecha añicos. Tras el controvertido proceso electoral de diciembre de 2007, que acabó con fuertes disturbios y más de 1000 muertes, la publicación del informe, aún provisional, del Enviado Especial de la ONU sobre Ejecuciones sumarias y extrajudiciales ha acabado por demoler lo que quedaba del mito.

Philip Alston, expresidente del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, visitó Kenya entre el 16 y el 25 de febrero a invitación del propio gobierno. Durante estos diez días se entrevistó con autoridades federales y provinciales, fiscales, policías y militares, así como miembros de ONG y víctimas, y sus familiares, de violaciones de derechos humanos. Tras terminar su gira, Alston aseguraba que “los asesinatos por parte de la policía en Kenya son sistemáticos, extendidos y planeados. Y su impunidad está convenientemente asegurada”. En su revelador informe denuncia la falta de cooperación de las fuerzas de seguridad kenyanas -ni tan siquiera le supieron decir el número de policías que hay en el país- y de la fiscalía, pues el Fiscal General, Amos Wako, no quiso reunirse con él.

A pesar de este boicot, el Enviado especial asegura que se han documentado “centenares de asesinatos anuales en manos de la policía”, sumando los perpetrados por agentes individuales y los de escuadrones de la muerte “organizados por altos mandos”. Estas muertes serían motivadas por la persecución de presuntos delincuentes, pero también por casos de corrupción, venganzas y extorsiones, así como la liquidación física de los seguidores de la secta religiosa de los Mungiki, a la que se culpa de numerosos crímenes, sobretodo en Nairobi.

Otro punto especialmente sensible es la actuación de la policía y el ejército en la represión a la insurgencia en la región del Monte Elgon, que supuso “la retención de numerosos residentes varones”, “torturas sistemáticas” y decenas de muertes extrajudiciales.

Sobre la violencia electoral del año pasado encuentra “probado” la organización de actos violentos por miembros del gobierno y los disparos de la policía contra manifestantes.

En el informe también se destaca la persistente negativa a creer en los informes de las asociaciones de derechos humanos y la “constante descalificación” de las mismas y de sus profesionales; así como el “archivo inmediato” de cualquier denuncia y las amenazas a los denunciantes.

Amplio abanico de medidas

Alston propone una amplia serie de medidas para reducir la incidencia de las ejecuciones arbitrarias. Las propuestas van desde reformar la misma constitución kenyana -que en su artículo 71 permite el uso de fuerza letal para “la defensa de la propiedad” o “suprimir un disturbio”- hasta la creación de una comisión de asuntos internos independiente y “con los recursos y poderes necesarios” para investigar las denuncias de abusos policiales. Pero sus recomendaciones más inmediatas son el relevo del Comisario Superior de la policía y del Fiscal General, a quien califica de “personificación de la impunidad”. En el caso de la violencia postelectoral pide el establecimiento de un Tribunal Especial -paralelo a la actuación del Tribunal Penal Internacional- para evitar que “se reproduzcan los mismos incidentes tras los comicios del 2012”.

A pesar de la fuerte repercusión que el informe ha tenido en la prensa africana, el gobierno de Kenya no ha emitido ninguna valoración.

Despiece

Algunos ejemplos del horror:

James Ng'ang'a Kariuki: Este joven de 29 años, profesor de derecho en Londres e hijo de un exdiputado fue disparado por un policía el 24 de enero, quien previamente le había hecho bajar del coche. Antes había tenido una discusión con el dueño de un hotel. El informe redactado por el mismo agente aseguraba que Ng'ang'a era atracador de bancos y miembro de la secta Mungiki. Este caso es presentado en el informe como “un ejemplo” y reconoce que la existencia de testigos y la posición social de la víctima facilitaron la denuncia.

El policía arrepentido: En el 2008 un agente ofrecía un informe detallado y preciso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya sobre los escuadrones de la muerte policiales. Él mismo había sido chofer de uno que realizó 58 ejecuciones en 24 ocasiones. En su testimonio aseguraba que recibían órdenes de altos oficiales, incluido el Comisario Superior de Policía. Nadie de los acusados fue investigado, pero el testigo fue asesinado en octubre del mismo año.

Monte Elgon: Desde 2006 existe en esta región del este del país una milicia llamada Fuerza de Defensa de la Tierra Sabaot. Alston les atribuye la mayoría de las violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos, torturas, agresiones sexuales y robos, aunque explicita que “durante casi dos años las autoridades se inhibieron en la protección de la población”. Cuando el ejército y la policía iniciaron la Operación Okoa Maisha para erradicar la milicia la situación se puso aún peor: “3.265 personas fueron retenidas y la mayoría denuncia haber padecido torturas. Y a pesar de mis esfuerzos para obtener las grabaciones de los interrogatorios, estos han sido, no sorprendentemente, sin éxito hasta hoy”, escribe Alston en su informe.

 

Marruecos expolia los recursos naturales del Sáhara Occidental

27-03-2009

Con la complicidad de empresas y Gobiernos occidentales

Marruecos expolia los recursos naturales del Sáhara Occidental

Trinidad Deiros

Público

"En el polígono industrial de El Aaiún", cuenta Carmen Giner, del Observatorio de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental (WSRW, en sus siglas en inglés), "las empresas se ocultan tras muros blancos. No se ven marcas en los camiones ni carteles: saben que lo que hacen no es ético".

Empresas como la conservera de pescado española Jealsa Rianxeira, a través de su filial marroquí Damsa, o FMC Foret, fabricante de productos químicos, están presentes en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, en el caso de la primera, o bien, como la segunda, compran los fosfatos de la mina de Bucraa explotados por el consorcio estatal marroquí Office Chérifien des Phosphates (OCP).

160.000 refugiados saharauis de Tinduf viven de la ayuda internacional

Estas y otras actividades, denuncia Giner, "violan las leyes internacionales" porque Marruecos carece de título "de soberanía o de administración del territorio y no tiene derecho a beneficiarse de unos recursos que, según la ONU, pertenecen a la población autóctona: los saharauis".

WSRW es una red internacional que desde 2005 ha hecho de la denuncia de lo que definen como un "expolio" su causa. Pero esta organización, que ha logrado que "compañías como Iberdrola se replantearan" su presencia en la ex colonia española, no sólo tiene en su punto de mira a Marruecos. También a los gobiernos, sobre todo el español y el francés, la UE, y todas las empresas que se benefician de unos recursos "que no revierten en los saharauis", explica Giner.

Desde que en 1975 Marruecos ocupó el Sáhara Occidental, Rabat ha explotado las riquezas de esta región de 284.000 kilómetros cuadrados que considera parte de su territorio. La comunidad internacional ha mantenido desde entonces una actitud ambigua: por un lado, la ONU reconoce la ilegalidad de la anexión marroquí e insta a respetar el derecho de autodeterminación de los saharauis; por otro, los Gobiernos, la UE y siguiendo su ejemplo las empresas han optado por el pragmatismo y aceptado negociar con las autoridades marroquíes para beneficiarse de las dos riquezas fundamentales del Sáhara: la pesca y los fosfatos.

El dictamen Corell que los recursos deberían beneficiar a los sahararauis

El valor de este último producto, que se emplea sobre todo para obtener fertilizantes, ha ido al alza en los últimos años, "llegando a multiplicarse por ocho", señala WSRW en uno de sus informes.

Mientras, en los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia, una gran parte de la población saharaui 160.000 personas, según el Frente Polisario vive de la ayuda internacional. Unos donativos cuyo importe es ínfimo si se compara con el dinero que Marruecos obtiene de los recursos del Sáhara, y que apenas cubre las necesidades básicas de una población a la que una alimentación precaria provoca constantes problemas de malnutrición y anemia.

Pero no sólo los refugiados de Tinduf viven en la precariedad. Según Javier García Lachica, ex coordinador internacional de WSRW, las empresas instaladas en el Sáhara Occidental "siempre dan prioridad a los marroquíes en detrimento de los saharauis, eso cuando no los despiden", dice.

WSRW cree que las inversiones en el Sáhara "legitiman la ocupación"

Según este militante, ese fue el caso de Soltana Amidane, una saharaui que "fue despedida de una ONG portuguesa a causa de las presiones de la Policía marroquí".

Acuerdos "ilegales"

La explotación de recursos por parte de Marruecos "destruye además el tejido de actividades tradicionales saharauis, como la pesca artesanal".

En Marruecos, es un secreto a voces que los pingües beneficios que se han obtenido de los sucesivos acuerdos de pesca con la UE que el Frente Polisario ha denunciado en vano por considerarlos ilegales van a parar a los bolsillos de altos personajes del régimen. España ha sido la principal beneficiaria de estos convenios.

WSRW sostiene que el problema no es ya que las empresas contraten o no a saharauis, sino que "para explotar los recursos de un territorio no autónomo como este habría que consultar al único y legítimo representante del pueblo saharaui: el Frente Polisario".

El abogado José Manuel de la Fuente, presidente del Observatorio de Derechos Humanos en el Sáhara de Badajoz, confirmó a Público que la ONU considera esta región un Territorio No Autónomo, aún por descolonizar.

Este experto remite al dictamen sobre este asunto de Hans Corell, entonces vicesecretario general de la ONU para Asuntos Legales, del 29 de enero de 2002. Interrogado sobre la legalidad "en el contexto del derecho internacional" de la oferta y firma de contratos por parte de las autoridades marroquíes con empresas extranjeras (Kerr McGee y TotalFinaElf para la exploración en busca de petróleo), Corell concluyó que "a pesar de que dichos contratos no son en sí mismos ilegales, si continúan las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales sin considerar los intereses y deseos de la población autóctona, se estarían violando los principios de la legalidad internacional".

La "punta del iceberg"

Público se puso en contacto con dos de las empresas objeto de la denuncia de WSRW. Jealsa Rianxeira prefirió "no pronunciarse", mientras que FMC Foret leyó por teléfono un comunicado en el que sostenía que su proveedor marroquí, la OCP, "cumple todas las obligaciones legales internacionales como potencia administradora". Una condición legal que el dictamen Corell niega de forma explícita a Marruecos.

Pero estas empresas son sólo "la punta del iceberg", subraya WSRW, que considera que estas actividades "legitiman la ocupación marroquí", y denuncia que Marruecos también vende arena a Canarias, ofrece paquetes turísticos y ha sacado a concurso la construcción de complejos turísticos.

Ante lo que Bucharaya Beyún, delegado saharaui en España, definió como "una explotación feroz" de las riquezas de la ex colonia, el Frente Polisario ha reactivado la batalla por los recursos naturales. En enero, decretó una Zona Económica Exclusiva en aguas saharauis.

Beyún explicó a Público que su movimiento no cejará en su reclamación del derecho de su pueblo a explotar las riquezas de su tierra.

Marruecos expolia los recursos naturales del Sáhara Occidental

Con la complicidad de empresas y Gobiernos occidentales

Marruecos expolia los recursos naturales del Sáhara Occidental

Trinidad Deiros

Público

"En el polígono industrial de El Aaiún", cuenta Carmen Giner, del Observatorio de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental (WSRW, en sus siglas en inglés), "las empresas se ocultan tras muros blancos. No se ven marcas en los camiones ni carteles: saben que lo que hacen no es ético".

Empresas como la conservera de pescado española Jealsa Rianxeira, a través de su filial marroquí Damsa, o FMC Foret, fabricante de productos químicos, están presentes en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, en el caso de la primera, o bien, como la segunda, compran los fosfatos de la mina de Bucraa explotados por el consorcio estatal marroquí Office Chérifien des Phosphates (OCP).

160.000 refugiados saharauis de Tinduf viven de la ayuda internacional

Estas y otras actividades, denuncia Giner, "violan las leyes internacionales" porque Marruecos carece de título "de soberanía o de administración del territorio y no tiene derecho a beneficiarse de unos recursos que, según la ONU, pertenecen a la población autóctona: los saharauis".

WSRW es una red internacional que desde 2005 ha hecho de la denuncia de lo que definen como un "expolio" su causa. Pero esta organización, que ha logrado que "compañías como Iberdrola se replantearan" su presencia en la ex colonia española, no sólo tiene en su punto de mira a Marruecos. También a los gobiernos, sobre todo el español y el francés, la UE, y todas las empresas que se benefician de unos recursos "que no revierten en los saharauis", explica Giner.

Desde que en 1975 Marruecos ocupó el Sáhara Occidental, Rabat ha explotado las riquezas de esta región de 284.000 kilómetros cuadrados que considera parte de su territorio. La comunidad internacional ha mantenido desde entonces una actitud ambigua: por un lado, la ONU reconoce la ilegalidad de la anexión marroquí e insta a respetar el derecho de autodeterminación de los saharauis; por otro, los Gobiernos, la UE y siguiendo su ejemplo las empresas han optado por el pragmatismo y aceptado negociar con las autoridades marroquíes para beneficiarse de las dos riquezas fundamentales del Sáhara: la pesca y los fosfatos.

El dictamen Corell que los recursos deberían beneficiar a los sahararauis

El valor de este último producto, que se emplea sobre todo para obtener fertilizantes, ha ido al alza en los últimos años, "llegando a multiplicarse por ocho", señala WSRW en uno de sus informes.

Mientras, en los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia, una gran parte de la población saharaui 160.000 personas, según el Frente Polisario vive de la ayuda internacional. Unos donativos cuyo importe es ínfimo si se compara con el dinero que Marruecos obtiene de los recursos del Sáhara, y que apenas cubre las necesidades básicas de una población a la que una alimentación precaria provoca constantes problemas de malnutrición y anemia.

Pero no sólo los refugiados de Tinduf viven en la precariedad. Según Javier García Lachica, ex coordinador internacional de WSRW, las empresas instaladas en el Sáhara Occidental "siempre dan prioridad a los marroquíes en detrimento de los saharauis, eso cuando no los despiden", dice.

WSRW cree que las inversiones en el Sáhara "legitiman la ocupación"

Según este militante, ese fue el caso de Soltana Amidane, una saharaui que "fue despedida de una ONG portuguesa a causa de las presiones de la Policía marroquí".

Acuerdos "ilegales"

La explotación de recursos por parte de Marruecos "destruye además el tejido de actividades tradicionales saharauis, como la pesca artesanal".

En Marruecos, es un secreto a voces que los pingües beneficios que se han obtenido de los sucesivos acuerdos de pesca con la UE que el Frente Polisario ha denunciado en vano por considerarlos ilegales van a parar a los bolsillos de altos personajes del régimen. España ha sido la principal beneficiaria de estos convenios.

WSRW sostiene que el problema no es ya que las empresas contraten o no a saharauis, sino que "para explotar los recursos de un territorio no autónomo como este habría que consultar al único y legítimo representante del pueblo saharaui: el Frente Polisario".

El abogado José Manuel de la Fuente, presidente del Observatorio de Derechos Humanos en el Sáhara de Badajoz, confirmó a Público que la ONU considera esta región un Territorio No Autónomo, aún por descolonizar.

Este experto remite al dictamen sobre este asunto de Hans Corell, entonces vicesecretario general de la ONU para Asuntos Legales, del 29 de enero de 2002. Interrogado sobre la legalidad "en el contexto del derecho internacional" de la oferta y firma de contratos por parte de las autoridades marroquíes con empresas extranjeras (Kerr McGee y TotalFinaElf para la exploración en busca de petróleo), Corell concluyó que "a pesar de que dichos contratos no son en sí mismos ilegales, si continúan las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales sin considerar los intereses y deseos de la población autóctona, se estarían violando los principios de la legalidad internacional".

La "punta del iceberg"

Público se puso en contacto con dos de las empresas objeto de la denuncia de WSRW. Jealsa Rianxeira prefirió "no pronunciarse", mientras que FMC Foret leyó por teléfono un comunicado en el que sostenía que su proveedor marroquí, la OCP, "cumple todas las obligaciones legales internacionales como potencia administradora". Una condición legal que el dictamen Corell niega de forma explícita a Marruecos.

Pero estas empresas son sólo "la punta del iceberg", subraya WSRW, que considera que estas actividades "legitiman la ocupación marroquí", y denuncia que Marruecos también vende arena a Canarias, ofrece paquetes turísticos y ha sacado a concurso la construcción de complejos turísticos.

Ante lo que Bucharaya Beyún, delegado saharaui en España, definió como "una explotación feroz" de las riquezas de la ex colonia, el Frente Polisario ha reactivado la batalla por los recursos naturales. En enero, decretó una Zona Económica Exclusiva en aguas saharauis.

Beyún explicó a Público que su movimiento no cejará en su reclamación del derecho de su pueblo a explotar las riquezas de su tierra.