Nunca tuvieron acceso a abogados, Cruz Roja y familiares. Otros muchos están en paradero desconocido. Kenia y Etiopía, aliados de EEUU, han encarcelado sin cargos a decenas de sospechosos de terrorismo en una prisión secreta Público
Hace sólo cuatro meses que Salim Awadh Salim ha vuelto a casa. Cuando llegó, después de pasar cerca de dos años detenido sin cargos en cárceles de Kenia y Etiopía, su vivienda en el barrio de Mwenbeleza, en la ciudad costera keniana de Mombasa, había sido saqueada. "Con la venta de un coche viejo, he comprado 300 polluelos para criarlos. A mis 37 años, debo empezar de cero", dice junto a un pequeño criadero tapado con chapa de hojalata.
Su mujer, Fatima Ahmed Chande, detenida y deportada con él pero liberada antes, está con su familia en Tanzania, de donde es originaria. "Estaba embarazada cuando nos arrestaron. Tuvo mucho estrés. Perdió el hijo. Yo no puedo ir a verla porque, a día de hoy, no me han devuelto el pasaporte. Y ella no quiere ni oír hablar de volver a Kenia", apunta Awadh.
La Policía tenía orden de no dejar que nadie viera a los detenidos
Salim y Fatima forman parte del grupo de hasta 150 personas que las autoridades kenianas detuvieron en enero de 2007 cuando huían de los combates que enfrentaban en Somalia a la Unión de Tribunales Islámicos varios de cuyos miembros están en la lista de terroristas buscados por EEUU con los soldados gubernamentales apoyados por tropas etíopes que habían entrado en el país días antes.
Trasladados a comisarías de Nairobi, los detenidos fueron mantenidos incomunicados durante semanas, sin acceso a abogados ni familiares, antes de ser llevados de vuelta a Somalia y entregados a Etiopía. Allí fueron sometidas a tratos crueles, interrogadas por agentes del FBI, de la CIA y de los servicios secretos de Israel, y privadas de contacto con familiares o incluso con el Comité Internacional de Cruz Roja, que tiene el mandato internacional para visitar a presos en todo el mundo. Poco se sabe de este Guantánamo africano. Los Gobiernos implicados se han dedicado a negarlo.
"Yo me dedicaba a negocios con teléfonos móviles", relata Awadh. "Fuimos a Somalia a probar suerte, pero a los cuatro meses decidimos volver. En la frontera, nos encontramos a un grupo de mujeres y niños y cruzamos todos juntos. Todos fuimos detenidos y llevados a Nairobi. Luego, nos enteramos de que en ese grupo estaba la esposa de Fazul".
Fazul Abdullah Mohammed es uno de los presuntos terroristas más buscados por Estados Unidos, que le acusa de ser el jefe de Al Qaeda en África, y de estar detrás de los atentados contra las embajadas de Kenia y Tanzania en 1998.
Detenidos de 19 países "Kenia detuvo a cientos de personas que trataban de cruzar desde Somalia. La Policía tenía instrucciones de no dejar que nadie viera a los detenidos", explica a Público el responsable del Foro Musulmán de Derechos Humanos, Al Amin Kimathi, que ha seguido los casos. "A través de pequeños sobornos, recargando los móviles de los guardas, logramos contar 150 detenidos de 19 nacionalidades".
"El Gobierno de Kenia no protege a sus ciudadanos, los vende", dice Alí
Las condiciones, dice, eran deplorables. "Había una mujer embarazada de seis meses que había sido herida de bala mientras huía de la Policía antes de ser arrestada. Nunca recibió asistencia médica".
A excepción de cuatro, todos los detenidos lo estuvieron más allá de los periodos legales (hábeas corpus) que la ley keniana permite: 24 horas para crímenes menores y dos semanas para delitos capitales.
Como la Policía keniana negaba tener a los detenidos bajo su custodia, Kimathi planteó 34 casos en los tribunales por violación del habeas corpus. "El día de la vista, el Estado alegó que no podría traer a los detenidos porque ya no estaban en el país y presentó tres manifiestos de vuelo con los nombres de todos los presos entregados. Fue la primera confirmación que tuvimos sobre el número e identidad de los detenidos, y sobre la participación de las autoridades kenianas en su entrega extraordinaria a Somalia.
El nombre de Salim Awadh está en una de las listas de pasajeros. Salió de Kenia el 27 de enero de 2007. El vuelo es de la compañía African Air Express. El destino: Mogadiscio. Awadh figura en el puesto 26 de la lista. Su mujer es la siguiente. Hubo tres vuelos más. En total, 85 pasajeros, de los que 19 eran mujeres y 15 niños. Otras fuentes, como una comparecencia parlamentaria posterior, hablan de más de 100 entregados.
"De Somalia, nos llevaron a Etiopía. Allí me interrogaron durante tres semanas un americano, una americana y un israelí", recuerda Awadh. "Me acusaban de participar en los atentados de Mombasa. Cuando les decía que no sabía nada, me gritaban que mentía. Me gritaron mucho. Durante un tiempo, perdí algo de oído".
En una entrevista telefónica, un funcionario del FBI confirmó a Human Rights Watch (HRW) que tanto agentes del FBI como de la CIA habían interrogado a los detenidos en Addis Abeba. El Gobierno etíope sólo reconoció tener bajo custodia a 41 personas.
Chantaje con esposas e hijos De acuerdo con el Foro Musulmán de Derechos Humanos, en muchas fases de los interrogatorios se usó a las esposas y niños para ejercer influencia sobre los detenidos, sugiriendo que les iban a dañar o que ellas habían admitido que sus esposos eran terroristas. "Es muy serio: la detención de gente que las autoridades creen que son inocentes, pero que igualmente las mantienen detenidas para ejercer influencia sobre sus familiares", apunta la organización.
"Trajeron una máquina para ver si decía la verdad", continúa Salim. "Al final me dijeron que lo sentían, que era inocente y que me soltarían en dos semanas. Pero me mantuvieron preso un año y medio más, hasta el 2 de octubre de 2008, cuando fui liberado junto a otros siete kenianos". Durante gran parte de ese tiempo adicional, Awadh estuvo incomunicado. Pensaba que sus compañeros habían vuelto a casa y sólo quedaba él encarcelado. "A veces quería matarme y pensaba que me iba a volver loco".
"EEUU tolera la contratación externa del abuso", afirma el abogado
Al Foro le consta que por lo menos 77 personas han sido liberadas a lo largo de los dos últimos años. "Del resto dice Kimathi, no sabemos nada. Hay seis kenianos cuyo paradero sigue siendo desconocido".
En una cafetería de Nairobi, Mariam Alí no se quita el velo que le cubre toda la cara menos los ojos hasta que se ha sentado en un rincón. Tiene un rostro amable.
"Este Gobierno no protege a sus ciudadanos. Los vende", dice alterada Mariam, viuda de 32 años, madre de tres hijas y un hijo y que sobrevive vendiendo zapatos de segunda mano. "Mi hermano nunca fue llevado ante un juez. Si tenían algo contra él, deberían haberle juzgado aquí", señala. Llora y relata que su hermano era una persona amable, que tenía negocios y enseñaba a domicilio las enseñanzas del Corán.
Mohammed Abdulmalik, el hermano de Mariam, fue arrestado en Mombasa el 13 de febrero de 2007. Trasladado a Nairobi e interrogado por agentes kenianos, las autoridades le mantuvieron detenido sin cargos e incomunicado durante un mes. Después, fue entregado a las autoridades estadounidenses.
El 26 de marzo de 2007, Estados Unidos informó de manera oficial de que Abdulmalik estaba en el penal de Guantánamo. "Ha admitido su participación en los atentados de 2002 contra el hotel Paradise de Mombasa", señalaba el comunicado.
"No es el que creían" "Sabemos que está vivo. Nos comunicamos a través del Comité Internacional de Cruz Roja. Hemos recibido tres cartas en dos años. Una abogada que le visitó nos dijo que las pruebas han demostrado que no es el que creían". Pero a Abdulmalik no se le puede devolver a Kenia porque, a lo largo de su detención, las autoridades kenianas han negado que sea uno de sus ciudadanos.
Mariam reza para que su hermano vuelva, ahora que el presidente estadounidense, Barack Obama, ha ordenado el cierre de Guantánamo. "Pero si el Gobierno keniano no le reconoce, ¿adónde va a ir?", dice llorando. "¿Estará a salvo si vuelve?", pregunta. "Mis padres han muerto. Mi marido ha muerto. Mi familia son mis hijos y mis hermanos", añade entre sollozos.
El Foro Musulmán de Derechos Humanos ha planteado una demanda en los tribunales para demostrar que Abdulmalik es keniano. Kimathi cree que Kenia se niega a admitir su nacionalidad porque teme ser demandada por haberle entregado a Estados Unidos, violando las normas internacionales.
Según el informe del Foro, la detención, los interrogatorios y la entrega "llevan la marca de una estrecha colaboración entre las autoridades de Kenia y Estados Unidos". "Lo más preocupante señala es hasta qué punto las agencias de seguridad kenianas han abdicado de su soberanía en favor de los intereses de EEUU".
Para HRW, Estados Unidos "no es directamente responsable" de los arrestos, detenciones y entregas. "Pero definitivamente tenía conocimiento de ellos y, como poco, aprovechó los abusos de Kenia y Etiopía para interrogar a sospechosos, lo que despierta serias dudas sobre su complicidad en los abusos", señala la organización en un informe.
Además, HRW acusa a Etiopía de haber usado la operación de entregas ilegales "para sus propios objetivos: en concreto, reprimir las insurgencias en Ogadén y Oromo".
"Los militares de Etiopía sometieron a los detenidos a brutales torturas. Los detenidos dicen que les arrancaron las uñas, les aplastaron los genitales y les encañonaban la cabeza con armas cargadas. También les forzaron a firmar papeles que no podían leer", indica el informe.
Ayuda financiera de EEUU En el año fiscal 2007, Estados Unidos dio a Etiopía 12 millones de dólares en ayuda relacionada con "seguridad". La asistencia a Kenia fue de cinco millones de dólares.
"Hay tanta ayuda financiera de EEUU para antiterrorismo que hay que demostrar que están trabajando duro", dice Kimathi. "Estados Unidos financia una unidad antiterrorista de élite en la Policía keniana y no veía grandes resultados".
"Es evidente que no apoyamos el terrorismo concluye Kimathi. Pero creemos que si se da poder a los gobiernos africanos, estos abusarán de él y lo usarán para reprimir a la disidencia. Es lamentable que EEUU lo tolere. Es la contratación externa del abuso. Un escenario muy peligroso".
Poco antes de ser liberados, Awadh y sus compañeros kenianos recibieron la visita de unos funcionarios de inteligencia. "Nos dijeron que nuestro Gobierno se había equivocado, que todo el mundo comete errores y que debíamos ser razonables, olvidarlo todo y no hablar con la prensa".
Mientras ve crecer a sus polluelos, Salim Awadh espera que la demanda judicial contra el Estado keniano dé sus frutos. "Quiero dinero. Lo he perdido todo. Hasta a mi esposa, que está perdiendo la cabeza. Y quiero justicia. Que sea una lección para ellos".
