España

ZP y la venta de armas a Israel

Eduardo Melero Alonso

Mientras tanto

El ciudadano Rafael le preguntó al Presidente del Gobierno que cuántos civiles palestinos habían muerto por armas españolas. El Presidente del Gobierno, al que no se le deben dar muy bien las cuentas, contestó que estaba convencido de que el armamento español no se había utilizado para eso. Y lo dijo con un tono que daba a entender lo profundo de su convicción.

Los ciudadanos de este país estamos en deuda con el ciudadano Rafael. Gracias a su pregunta, los medios de comunicación mayoritarios se han ocupado de las exportaciones de armas a Israel. El ciudadano Rafael ha conseguido poner en el debate mediático una cuestión que no había salido a la luz de los grandes medios tras tres semanas de bombardeos, más de mil muertos y más de cinco mil heridos. Lo cual dice mucho sobre nuestros medios de comunicación.

La guerra de Gaza es un ejemplo más, aunque especialmente doloroso, de la irresponsable política gubernamental en materia de exportaciones de armas. Según la legislación española, para que una empresa pueda exportar armamento se requiere una autorización administrativa previa. Entre los requisitos a tener en cuenta a la hora de otorgar o denegar las autorizaciones de exportación se encuentran: el respeto a los derechos humanos en el país de destino final; la existencia de tensiones o conflictos armados en el país de destino final; y el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales (Criterios 2, 3 y 4 del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas).

Parece difícil justificar la compatibilidad de las exportaciones de armas a Israel con los criterios señalados. Es evidente la existencia de tensiones o conflictos armados entre Israel y la población palestina, conflicto que es un foco constante de inestabilidad en la región. Por último, tampoco parece muy respetuosa la política de Israel en relación con los derechos humanos de la población palestina, una población a la que somete a un bloqueo económico, contra la que se ejerce la tortura, y que se encuentra bajo la amenaza constante de ser objeto de un asesinato selectivo.

Hubiera sido muy interesante que el Presidente del Gobierno hubiera mencionado por qué razones se exportan armas a Israel, es decir, cómo justifica la legalidad de tales exportaciones. Ello no sólo para poder ponderar la profundidad de las convicciones del Presidente del Gobierno, sino también porque es imposible conocer esas razones ya que el contenido de las actas del órgano que decide si se autorizan las exportaciones de armas son un secreto de Estado.

El hecho es que durante el período 1998-2008 se ha exportado a Israel material de defensa por un valor de más de veinticinco millones de euros (más de cuatro mil millones de las antiguas pesetas). Una cantidad que no mencionó el Presidente del Gobierno, quien consideró calderilla las ventas de armas por un millón de euros, una insignificancia desde el punto de vista de sus fuertes convicciones.

El Presidente tampoco mencionó que el armamento exportado ha consistido en: equipos de formación de imagen, armas de fuego de calibre inferior a 12 milímetros, combustibles y explosivos militares, y bombas, cohetes, torpedos y misiles. Armamento que se utiliza directamente para matar o como medio indirecto para poder matar (o para matar mejor).

El Presidente del Gobierno debe tener unas fuertes convicciones, ya que está convencido de que dicho armamento no se ha utilizado para “eso”, es decir, para asesinar a más de mil personas y para herir a más de cinco mil. El hecho es que una vez que se exportan las armas, la legislación española no establece ningún mecanismo para impedir que el comprador las use para matar a quien quiera y de la forma que considere más conveniente. ¿De qué forma podría hacerlo?

Si me permite hacerle una pregunta, señor José Luis Rodríguez Zapatero: ¿cuántos palestinos tienen que morir para que el Gobierno español prohíba la venta de armamento a Israel? Estoy convencido de que sabrá encontrar una buena manera de eludir la respuesta.

 

Málaga tiene ya 146.123 parados, un 45% más que hace un año

El número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en Málaga aumentó en el mes de enero en 7.552 personas, lo que supone un incremento del 5,45% por ciento respecto al mes anterior, la mayor subida registrada en Andalucía


El número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en Málaga aumentó en el mes de enero en 7.552 personas, lo que supone un incremento del 5,45% por ciento respecto al mes anterior, la mayor subida registrada en Andalucía, según los datos facilitados hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Ya son 146.123 parados en Málaga, un 45% de incremento entre enero de 2008 y enero de 2009.

Por sexos, el paro masculino en Málaga se situó a finales de enero en 76.023 hombres, mientras que el femenino se cifró en 70.100. Del total de parados de la provincia, 16.441 son menores de 25 años, mientras que los que superan esta edad suman 129.682.

Por sectores, el desempleo subió en la agricultura en 179 personas; en la industria, en 512; en construcción, en 1.127, en servicios, en 5.204, y en el colectivo sin empleo anterior, en 530 personas

En cuanto a los datos acumulados con respecto al año anterior, del total de parados en la provincia de Málaga , 83.669 pertenecen al sector servicios; 33.839 a la construcción; 10.186 a la industria; 15.003 sin empleo anterior y 3.426 a la agricultura.

Por su parte, el número de contratos en la provincia se elevó a 39.578, lo que supone 31 menos que en diciembre (0,08 por ciento menos), y 15.517 menos que en enero del año anterior, es decir, un descenso del 28,16 por ciento. De ellos, 3.002 fueron contratos indefinidos, es decir, un aumento de 167 respecto al mes anterior y un descenso de 1.792 en comparación con diciembre de 2008.

http://www.diariosur.es/20090203/local/malaga/paro-aumenta-malaga-personas-200902031107.html

El AVE que secó Abdalajís"

La construcción del Tren de Alta Velocidad en distintos puntos de España ha generado muchas polémicas. El documental titulado "El AVE que secó Abdalajís" explica uno de los casos más penosos.

Sucedió hace 3 años, cuando se perforaba la sierra malagueña del valle de Abadalajís para construir dos túneles de la línea Málaga-Córdoba. Las obras reventaron el acuífero lo que provocó una gran fuga de agua, los manantiales se vaciaron y este pequeño pueblo, el Valle de Abdalajís, se quedó secó.

El Valle todavía no se ha repuesto del desastre. Su alcalde dice con sorna que "parece que nos ha mirado un tuerto", porque el pueblo tiene una historia larga de abandono y precariedad, pero nunca había tenido problemas de agua. De hecho, era muy conocido con el sobrenombre de Villa de los Manantiales, por sus 5 fuentes de aguas abundantes y cristalinas. Una vez iniciadas las obras, se supo que el "pinchazo" del acuífero ya se apuntaba en el proyecto de este tramo de la Alta Velocidad entre Málaga y Córdoba. Pero todo indica que fue mucho más grave de lo previsto, ya que los dos túneles, hoy a pleno rendimiento, eran ineludibles y se descartaron otros trazados.

La reacción de la gente del Valle de Abdalajís, un pueblecito de escasamente 3.000 habitantes, fue organizarse en la Plataforma Pro-manantiales. Exigieron información y respuestas, que primero tendían a asegurar que se sellaría la fuga pero que, actualmente, consisten en asegurar que el agua que se escapa se canalice para el uso doméstico y para recuperar los manantiales. Adif y el ayuntamiento también trabajan para que el suministro a través de cubas deje de ser el sistema de abastecimiento del agua necesaria para el pueblo, así como otras actuaciones para compensarlo.

Ganaderos, regantes, todos los usuarios han aceptado más o menos con resignación la nueva situación. Por su parte, la Plataforma pro-manantiales no ceja en su denuncia de los incumplimientos de las administraciones y insiste en pedir la recuperación efectiva de los manantiales. Igualmente, mantienen su denuncia a la fiscalía de Málaga.

Esta es otra historia que pone sobre la mesa el dilema de la conservación frente a la modernidad. En este caso, una vez más, todo indica que la filosofía fue que "el fin justifica los medios"

http://malagalaroja.blogspot.com/2009/02/el-ave-que-seco-abdalajis.html

Beneficios obscenos en tiempos de crisis

Editorial Gara

30-01-2009

Los dos principales referentes de la banca española, BBVA y Santander, hicieron públicas el miércoles sus cuentas de resultados correspondientes a 2008. El primero desveló unos beneficios de 5.000 millones de euros, mientras que el segundo afirmó haber alcanzado los 8.800 millones. En otras palabras, entre ambos ganaron 40,15 millones de euros cada día de recién estrenada crisis económica. Una crisis que no hace mella en el sólido negocio de estos gigantes financieros, pero que sí ha golpeado a la clase trabajadora haciendo desaparecer 70 empleos diarios en Hego Euskal Herria hasta alcanzar los 25.600 nuevos desocupados; una crisis que ha provocado que el Estado haya realizado inyecciones millonarias en las entidades financieras para paliar su falta de liquidez y por cuyo uso no están rindiendo cuenta alguna, con la aquiescencia del Gobierno español; una crisis que ha duplicado el volumen de morosidad entre los clientes, acosados por las deudas, pero que no inquieta a unos directivos que siguen animando a pedir préstamos mientras no tienen empacho en quejarse por el descenso en el mercado crediticio.

Mientras la clase trabajadora lucha a brazo partido por eludir las nefastas consecuencias de una crisis que no ha provocado, mientras las pequeñas empresas hacen equilibrismos sin red para seguir adelante con su actividad y mientras cientos de miles de familias se enfrentan a la angustia que provoca el desempleo y la miseria, las cifras que ayer hicieron públicas los mencionados bancos suponen la constatación de que la crisis podrá ser global en lo geográfico, pero desde luego no afecta a todos los sectores sociales por igual. Ni mucho menos.

Pero si hacer sonar la cartera delante del hambriento resulta éticamente reprobable, permitir desde los estamentos públicos que estos bancos sigan engordando sus bolsillos beneficiándose de reducciones en los impuestos entra de lleno en el ámbito de lo obsceno. Y el BBVA tributó el pasado año a la Diputación vizcaina un 22,8% por sus beneficios, cuando ese tipo está en el 30% en el Estado español y en un 28% en la CAV.

 

España debe detener las repatriaciones y proporcionar asistencia letrada y otras garantías

Octubre 17, 2008

(Bruselas, 17 de octubre de 2008) - El empeño de España por repatriar a los menores extranjeros no acompañados que llegan en el país de forma ilegal puede ponerles en situaciones de peligro, trato degradante y provocar su detención, señala Human Rights Watch en un informe hecho público hoy. El gobierno debe detener las repatriaciones hasta que no disponga de un procedimiento que garantice la integridad de los menores y, como medida inmediata, concederles el derecho a ser representados por un abogado independiente de la misma forma que los migrantes adultos según la ley española.

El informe de 25 páginas, Retornos a cualquier precio: España insiste en la repatriación de menores extranjeros no acompañados sin garantías, documenta que en Andalucía, la región que suele servir de entrada a los inmigrantes desde el sur, las autoridades han declarado que pretenden repatriar a Marruecos hasta 1.000 menores no acompañados que mantienen bajo su custodia, afirmando que existen todas las garantías. Pero los representantes encargados del gobierno y de la Junta de Andalucía no eran capaces de aclarar cómo determinaban que el retorno corresponde al interés superior del menor como exige la ley. También han añadido que el hecho de que el gobierno marroquí acepta readmitir a los menores es en sí garantía suficiente de su bienestar tras el regreso.

"España está poniendo en riesgo la integridad de estos niños," indicó Simone Troller, investigadora para los derechos de los niños en Europa para Human Rights Watch. "¿Por qué negarles a estos niños tan vulnerables garantías adicionales como el derecho a un abogado independiente del que gozan los inmigrantes adultos?"

El 20 de octubre de 2008 España comparecerá ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que revisará la aplicación por el gobierno del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Sin embargo, en su informe al comité, el gobierno español no dirige sus esfuerzos a repatriar a menores que llegan en el país sin padres ni cuidadores, aunque las investigaciones de Human Rights Watch y otras organizaciones han demostrado que ha violado en repetidas ocasiones sus obligaciones según el PIDCP al repatriar a los menores.

Los investigadores de Human Rights Watch descubrieron que, antes de tomar decisiones de repatriación, los agentes del gobierno no analizan ni recaban información sobre lo que podría ocurrirles a los menores en sus países de origen. En muchos casos no se les concede audiencia mientras los agentes consideran su retorno. Los tribunales españoles han detenido al menos veinticuatro repatriaciones en los últimos dos años porque los procedimientos violaban las propias leyes del país.

Aunque España proporciona asistencia letrada a los adultos durante un procedimiento de expulsión, se la niega a los menores. Por el contrario, son representados por la misma entidad pública que suele plantear a repatriarlos. El gobierno español ha intentado impedir que los abogados independientes representaran a los menores de forma gratuita en las pocas decisiones de repatriación que han sido revisadas por un tribunal.

"Más que cualquier otro inmigrante, los menores que llegan solos a España precisan de la asistencia de abogados para proteger sus intereses," señala Troller. "España debería proporcionar asistencia letrada a los menores de la misma forma que hace con los mayores de edad."

La mayoría de los menores no acompañados que llegan lo hacen desde Marruecos. La estrategia de España para acelerar el retorno de los menores no acompañados a Marruecos y Senegal, otro país del que procedían cientos de menores no acompañados que llegaron a las Islas Canarias, ha culminado en la firma de acuerdos bilaterales de readmisión seguidos de reuniones de alto nivel con ambos países. España también ha financiado la construcción de centros de acogida para menores en Marruecos.

Pero Human Rights Watch y otras organizaciones no gubernamentales españolas e internacionales han documentado repetidamente los abusos a menores no acompañados cometidos por España y Marruecos durante y después de su regreso a Marruecos. En lugar de reagruparlos con sus familias, los agentes de seguridad marroquíes los echaron a la calle para que se buscaran la vida.

"España debe investigar a qué se enfrentan los menores a su regreso antes de tomar una decisión de repatriación," subraya Troller.

Human Rights Watch instó a España:

• Proporcionar asistencia letrada competente e independiente a todos los menores no acompañados en el transcurso de un procedimiento de repatriación;  
• Adoptar una reglamentación que establezca claramente la obligación por parte del gobierno de llevar a cabo una determinación personalizada del interés superior del menor y una evaluación de los riesgos antes de tomar una decisión de repatriación, así como procedimientos específicos a seguir y normas a cumplir; y,  
• Establecer procedimientos que permitan un seguimiento independiente de la implementación de los acuerdos bilaterales de readmisión, y la publicación de informes periódicos sobre la misma.

Jueces y ONG piden al Gobierno que despenalice el top manta

En las cárceles españolas hay 63 presos por delitos contra la propiedad intelectual

DANIEL AYLLÓN - MADRID - 23/01/2009 22:34

Las calles comerciales del centro de Madrid son el principal punto de venta de copias ilegales de DVD. REYES SEDANO

Un año de cárcel por vender DVD falsificados en la calle. Es la pena que acaba de cumplir Alioune, un mauritano de 27 años que hace 10 días salió del Centro Penitenciario Madrid 6-Aranjuez: "Han sido los peores 12 meses de mi vida y, de momento, no tengo ganas de volver a vender películas. Pero no hay trabajo, tengo que vivir de algo y no pienso ponerme a robar", asegura.

A finales de diciembre de 2008, él era una de las 63 personas que cumplían penas de prisión por delitos contra la propiedad intelectual en España, según datos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. La mayoría de los manteros eransubsaharianos.

Las penas son de entre seis meses y dos años de prisión, además de la multa

Con vistas a la reforma del Código Penal que se realizará en marzo, un grupo de jueces ha solicitado reducir las sanciones y despenalizar el top manta porque consideran "desproporcionada" la condena. En la actualidad, la venta de copias ilegales de música y películas en las calles supone una condena de entre seis meses y dos años de prisión, además de una multa de 12 a 24 meses, según el artículo 270 del Código Penal.

La iniciativa de reforma, que también respaldan profesores de Derecho Penal y asociaciones vinculadas a los manteros, propone alternativas al ingreso en prisión. Entre estas, abogan por considerar esta actividad como una falta en vez de un delito, cuando la mercancía no supere los 400 euros. También sugieren que las penas sean de multa, sanciones administrativas o servicios a la comunidad.

"El Código Penal tiene que centrarse en los casos más graves que afectan a la sociedad. La gente se alarma cuando ve a un ladrón en un bar, pero no cuando un africano vende películas o CD. Es una locura que se les sancione con la cárcel", dice Marta Malo, de la organización Punto Mantero. En países como Italia, la sanción es sólo económica.

La SGAE aboga por la cárcel porque "no es lo mismo vender CD que tomates"

Multas impagables

En el caso de Alioune, la pena que le impuso el juez fue de seis meses de cárcel y 12 de multa. Al no poder pagar la parte económica ganaba entre 150 y 200 euros al mes y enviaba 40 a su familia, su encierro en el centro penitenciario se amplió seis meses más.

Además, su condición de irregular le impidió acogerse a los beneficios penitenciarios o reducciones de pena: "Si hubiese sido español o extranjero en situación regular, no habría cumplido la pena", denuncia Guadalupe Bohoyo, abogada de la red Ferrocarril Clandestino. "En casi el 100% de los casos, las penas inferiores a dos años no se cumplen si se trata de la primera condena", dice.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) partidaria de mantener las penas de prisión creó hace cinco años la Oficina de Defensa de la Propiedad Intelectual para "combatir el fenómeno del Top Manta".

El director de la oficina, Manuel de Benito, se muestra "sorprendido" por la iniciativa de los jueces y las ONG: "La venta de falsificaciones es un delito y no se tiene que sacar del Código Penal. Los mochileros o manteros suelen ser los últimos eslabones de redes criminales y no se puede sancionar igual a quien realiza la venta ambulante de tomates que de CD piratas".